Bancos deberán informar a Sugef de deudores con arreglos de pago
››Tendrán que registrar los detalles de cada modificación aprobada
Los bancos que lleguen a arreglos expeditos de prórrogas, reestructuraciones o refinanciamientos con sus clientes afectados por el coronavirus están obligados a informarlo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Para cumplir con dicho requisito, la Superintendencia habilitará, a partir de este 1.° de abril, una casilla especial con la nomenclatura covid-19 en su plataforma sobre información de deudores, donde cada institución deberá registrar la modificación de las operaciones aprobadas.
Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef, dijo que solo tendrán acceso a dicha información la entidad supervisora y la institución financiera.
“La idea es mantener la vista a nivel de Sugef para efectos de control, pero no queremos perjudicar a quienes tuvieron que acogerse a la adecuación por efectos de la pandemia”, explicó Alfaro.
El funcionario comentó que si un trabajador pierde su empleo, tiene abierta la opción de revisar con sus acreedores las opciones de renegociación.
Varias deudas. “No tenemos objeción en que negocie con uno (el banco) sobre su crédito de vivienda y con otro sobre su crédito de vehículo”, explicó el jerarca.
La Sugef habilitará en el Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos (Sicveca) una casilla especial donde cada entidad informará a quiénes les brindó facilidades crediticias por la enfermedad covid-19.
El Sicveca es una plataforma en la cual cada institución financiera detalla datos básicos de cada uno de los préstamos otorgados, tales como tipo de operación, plazo, moneda y tasa de interés.
La disposición de la Sugef se incorpora como parte de las medidas aprobadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(Conassif), el pasado 23 de marzo, de flexibilización de la normativa regulatoria para la renegociación de arreglos de pago con deudores debido al covid-19.
El regulador financiero estuvo de acuerdo en que a la persona o empresa se le mantenga el nivel de capacidad de pago en sus operaciones de préstamo que tenía antes de esta crisis sanitaria, cuando pida una readecuación, refinanciamiento o moratoria de sus deudas, se informó en un comunicado.
Cuando se establece un crédito, a los clientes se les hace un análisis del pago de la cuota de manera estresada, es decir, si hay un movimiento abrupto en tasas de interés o tipo de cambio.
El Conassif también acordó suspender, por un año, la disposición que clasifica a una entidad financiera en irregularidad del tipo 2, cuando la institución presente pérdidas por seis meses o más en los últimos 12 meses.
Hasta diciembre pasado, el sistema financiero costarricense reportó casi seis millones de operaciones de crédito formalizadas.
Control de liquidez. Por otra parte, la Sugef ordenó a todas las entidades financieras remitir de manera diaria un informe diario de su nivel de liquidez.
Antes de la nueva disposición, cada institución reportaba el cálculo del Índice de Cobertura de Liquidez (ICL) de manera mensual.
“Ante el incremento del desempleo y el cierre de negocios, los ingresos proyectados por las entidades por concepto de pagos de cuotas e intereses de los clientes se van a reducir (…); queremos dar seguimiento sobre una base diaria”, recalcó Alfaro.
Cada entidad financiera calcula en el ICL una proyección de ingresos para soportar las eventuales salidas de dinero.
La previsión de flujos, resalta el funcionario, se altera ante una situación como la que estamos viviendo debido al covid-19.
Douglas Soto, gerente del Banco de Costa Rica (BCR), destacó que ante el freno de la economía del país, se reduce el circulante de dinero.
“Las empresas venden menos, depositan menos y los periodos de gracia implican menos ingresos para la actividad financiera. Habrá una reducción en cuanto amortización e interés (de créditos) y captaciones”, explicó el banquero.
La Sugef estima que, al mes, las entidades financieras reciben ¢1,7 billones por pago de operaciones de crédito de parte de sus clientes.
De ese monto, ¢885.000 millones corresponden al pago de intereses y ¢829.000 millones a la amortización del monto principal prestado.