Ministra de Vivienda pide moratoria en alquileres
Plantea a diputados borrador de proyecto de ley para aplicar en tres casos específicos
La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos, les propuso a los diputados, este lunes, un borrador de proyecto para establecer diversas moratorias y arreglos de pago en materia de alquileres, tanto de vivienda como comerciales, ante la crisis causada por el coronavirus.
Campos entregó el texto a la mesa de trabajo sobre arrendamientos, con el fin de atenuar las obligaciones de quienes perdieron o vieron reducidos sus ingresos por la emergencia nacional.
El proyecto plantea que el arrendador y el arrendatario deben negociar un arreglo de pago, en caso de que el segundo tenga una reducción significativa de sus ingresos.
El plazo para ese acuerdo tendría una vigencia de seis meses y diferentes condiciones de aplicación.
Si el arrendatario perdió su empleo o se le suspendió el contrato laboral, ambas partes tendrían que firmar un contrato para establecer una moratoria total del pago por un máximo de seis meses y de forma excepcional.
En cambio, si los ingresos de la familia arrendataria se redujeron en un 50%, el pago del alquiler se tendrá que acortar a la mitad del monto original y, si los ingresos de la familia bajan en menos de un 50%, el costo del arrendamiento deberá ser negociado entre las partes.
Para los alquileres comerciales, la moratoria total se autorizará si el arrendatario tuvo que cerrar el local por una orden sanitaria.
Si no existe la orden, pero el local redujo sus ingresos en un 50%, el pago del arrendamiento también se adecuará a la mitad.
En el caso de que los ingresos hayan disminuido menos de un 50%, el pago del arrendamiento deberá ser acordado entre las partes.
Reintegro. En caso de moratoria, el borrador propone que las cuotas no pagadas durante los seis meses que aplique la ley deberán entregarse a más tardar en enero del 2021.
En el caso de que por seis meses solo se haya cancelado el 50%, los arrendatarios tendrán que saldar su deuda a más tardar en octubre de este año y, si fuera un monto menor el que se dejó de sufragar, se tendría que pagar en julio.
Además, la iniciativa ordena la suspensión de los aumentos en todos los contratos de alquiler durante este año, así como la ejecución de los desahucios.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 18,7% de la población reside en viviendas alquiladas: 950.000 personas de los cinco millones de habitantes.
En el país, se registran unas 300.000 viviendas de alquiler, de un total de 1,6 millones de casas de habitación.
El porcentaje de familias que vive en alquiler es mucho mayor en la zona urbana que
en la rural: 22% frente a 10,6%.
Para que los arrendatarios de viviendas puedan negociar con los dueños de los inmuebles que alquilan, deberán presentar una certificación del patrono haciendo constar la reducción de la jornada, la suspensión del contrato o el despido.
Si son trabajadores independientes, deberán aportar una declaración del impuesto al valor agregado (IVA) donde se demuestre la reducción de los ingresos y, si fueran trabajadores informales, presentar a sus arrendadores una declaración jurada autentificada por un notario.
En el caso de que un arrendatario de un local comercial necesite negociar con su arrendador, deberá darle la orden sanitaria de cierre del inmueble o un comparativo entre las declaraciones del IVA de febrero y marzo de este año.
Mesa de diputados. El diputado Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que la nueva versión del proyecto recoge “insumos muy necesarios para alcanzar los balances entre propietarios e inquilinos”.
Entre ellos, destacó que se autoricen los acuerdos privados entre las partes, aunque alegó que se deben afinar muchos aspectos de forma y fondo.
Para eso, Jiménez recalcó que los diputados se reunirán este miércoles, de forma virtual, en la mesa de trabajo parlamentaria, para analizar la propuesta junto con la ministra Campos.
“A mí me satisface encontrar un artículo donde se esclarece el artículo original de mi propuesta para suspender los desahucios administrativos y judiciales en viviendas y locales comerciales, producto de la crisis sanitaria y financiera a la que nos tiene sometidos el covid-19”, subrayó el legislador verdiblanco.
Por su parte, Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República, aseguró que le complace que el beneficio sea exclusivo para personas físicas o jurídicas afectadas por la crisis, además de que se introduzca el arreglo de pago entre arrendador y arrendatario.
Sin embargo, la fabricista señaló que tratará de que se consideren varias observaciones suyas en el plan, como la de que se tenga que recurrir a un notario público cuando sean trabajadores independientes, porque no todas las familias podrían acceder a eso.
También manifestó que podría no ser necesario que la moratoria se extienda tanto como seis meses, así como la necesidad de tomar en consideración la afectación a los arrendadores, que también tienen compromisos de pago de servicios públicos, préstamos y servicios municipales.
“Estoy segura de que muchas de las observaciones serán escuchadas”, indicó la congresista Acuña.
“La fiebre me llegaba casi a 40 grados, no podía dormir, el dolor de cuerpo era insoportable. El simple hecho de alimentarme era sumamente agotador”.
Este fue parte del relato de María, de 33 años y quien está en recuperación en su casa tras ser diagnosticada con covid-19. Ella forma parte de las 483 personas que, a la fecha, han sido contagiadas por este virus en el país.
Ayer, en un momento de la tradicional conferencia de prensa con la actualización de datos, esta mujer le contó directamente al ministro de Salud, Daniel Salas, el avance de su recuperación.
Relató que tanto ella como su esposo salieron positivos por covid-19, pero que ella llevó la peor parte, a pesar de ser una persona sin factores de riesgo y joven.
“Nunca he padecido nada, no me han operado y, aun así, pasé dos semanas bastante fuertes. Por mi edad y condición de salud, nunca le tuve miedo al virus, ni pensé que algo grave me iba a pasar”, explicó María al jerarca.
En la casa. Ella contó que no presentó un problema respiratorio fuerte. Reportó haber tenido tos y presión en pecho y espalda, pero que siempre pudo respirar. Por eso, no llegó a ser internada.
Su esposo fue un caso asintomático de covid-19. Solo experimentó pérdida del olfato.
María narró que estuvo dos semanas en cama. Si en la mañana se sentía mejor, en la tarde su condición decaía. Afirmó que si eso le pasó a ella, que no tenía factores de riesgo, no puede imaginar cómo se siente una persona que sí los tenga.
Agradeció a las autoridades de salud por llamarla tres veces al día para ver cómo se sentía.
“Esto no es jugando, está en nuestras manos que no haya más casos y que podamos salir con éxito. No salgamos de la casa, más adelante podremos disfrutar y estar con nuestros familiares”, fue el mensaje que dio a los costarricenses desde su aislamiento.
Temor y ansiedad. Durante la conferencia, también se escuchó a otra paciente de covid-19, quien es funcionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social y estaba feliz de regresar a su trabajo luego de cuatro semanas de aislamiento.
A ella la llamaron Ana, y esta vez fue el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, quien la entrevistó para que los ciudadanos escucharan su mensaje.
“Fueron cuatro semanas completas, porque se hizo un diagnóstico temprano. Al principio, tenía mucha ansiedad de cómo le va a ir a una con la enfermedad, tuve la suerte de que fue leve. Traté de mantenerme en una rutina de estar en contacto con compañeros, amigos, familia, hacer ejercicio... Traté de no ver televisión, eso me ayudó mucho y realmente tuve mucha paz; Dios me bendijo con una enfermedad leve y con mucha paz por estos 28 días”, contó.
Ana dijo que siempre estuvo con el temor de a quiénes pudo haber contagiado. Reveló que apenas tuvo sospechas de que pudiera estar contagiada, se aisló voluntariamente, en su hogar.
“Todos tenemos una responsabilidad muy grande, no se trata de usar mascarillas, se trata de ser responsables, guardar el distanciamiento social, sobre todo los más jóvenes. El lavado de manos, el protocolo para estornudar y toser. La solidaridad, insistió, debe ser un pilar nacional”.