Jueces ordenan sacar a reos con males crónicos por virus
››Piden su traslado a regímenes abiertos; cartera de Justicia analiza solicitud
“Es necesario, importante y urgente asegurar, de forma inmediata, todos los procesos necesarios de desinstitucionalización transitoria o provisional, por riesgo a la vida, de toda la población penal sentenciada cuyas condiciones de salud signifiquen un alto riesgo a su vida, considerando la pandemia.
”Pero también considerando las limitaciones de la infraestructura carcelaria, las limitaciones de ventilación adecuada, la dinámica y la convivencia carcelaria, la ocupación y sobrepoblación penitenciaria, donde la propagación del virus covid-19 generaría, sin duda, un contagio masivo catastrófico para toda la población penal y (sería) en cuestión de pocas horas”.
De esa manera, los jueces de Ejecución de la Pena de San José, Roy Murillo e Irene Barrantes, fueron claros al ordenar que los reos que tienen enfermedades crónicas fueran sacados de las cárceles y reubicados en regímenes abiertos, como el semiinstitucional y el Programa Comunidad, ambos del Ministerio de Justicia.
A esta solicitud también se sumaron despachos judiciales de Alajuela y de Cartago, los que concuerdan en que aún se está a tiempo de tomar esta medida, puesto que no existe un caso confirmado de covid-19 dentro del sistema penitenciario.
Factores de riesgo. En la medida correctiva de San José, emitida el 3 de abril, ambos juzgadores, al referirse a personas en riesgo, citan a todas aquellas que tienen “complicaciones severas” por hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, pacientes con VIH, cáncer, esclerosis múltiple, bronquitis crónica, asma, enfisema pulmonar y enfermedades obstructivas del pulmón.
Para ellos, es imposible combatir el coronavirus en “espacios hacinados, en los cuales no se puede garantizar la higiene óptima ni la distancia entre cada persona”.
Actualmente, el sistema penitenciario tiene casi 17.000 personas y una sobrepoblación que ronda el 30%. Eso los llevó a ordenarle al Instituto Nacional de Criminología (INC), ente encargado de otorgar los beneficios carcelarios, realizar valoraciones extraordinarias que permitan la salida de las personas en riesgo.
“En estos casos, deberá priorizarse el criterio médico sobre el criterio técnico profesional”, apuntaron Murillo y Barrantes.
El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José vela por los derechos de los reclusos que tienen una sentencia en firme y que están en la cárcel Vilma Curling, San Sebastián y San Agustín (Heredia).
Por su parte, las personas indiciadas (acusadas de algún delito) están bajo las órdenes del juzgado, por lo que Justicia no puede pasarlos en otra modalidad.
Mejores espacios. Para estos casos, tanto Murillo como Barrantes indicaron que “es importante” la ubicación en un espacio sin hacinamiento y en condiciones de higiene, que “garanticen la salud y vida a la población”.
Así las cosas, los juzgadores pidieron incorporar todo lo anterior a la circular N.° 0022020 del INC, emitida desde el 11 de marzo pasado y en donde hablaban de dar prioridad solamente a las valoraciones en caso de mujeres embarazadas, o con hijos menores y adultos mayores.
Para dicha ampliación y cumplimiento del oficio, dieron diez días hábiles para el cumplimiento de esta medida.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Paz se limitó a responder lo siguiente:
“En efecto, la comunicación llegó al Ministerio el viernes al final de la tarde. El asunto está en valoración. En cuanto exista definición, se comunicará”.
Además, desde el viernes 3 de abril se le consultó a la oficina de prensa de esa cartera por la cantidad de reos con factores de riesgo ante el covid-19, luego de que ellos mismos anunciaran que iban a levantar una lista en ese sentido.
Sin embargo, al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta.
El Juzgado de Ejecución de la Pena de San José no fue el único en pronunciarse.
Los despachos de Alajuela y Cartago también hicieron lo propio los días 2 y 3 de abril, respectivamente.