Diputados asestan golpe a fondo de ayuda a afectados
Debilitan plan de subsidios financiado con combustibles
¢5.000 millones menos al mes
Proyecto pretendía recaudar ¢20.000 millones mensuales, pero lo modificaron
Peligra donación del INS
Congresistas dudan de plan para que el Instituto dé ¢75.000 millones a ese fondo
Un acuerdo mayoritario de diputados le aplicó un recorte de ¢5.000 millones mensuales al financiamiento de los subsidios para los trabajadores golpeados económicamente por la crisis del coronavirus.
El dinero fue rebajado en el proyecto de ley que pretende financiar parte de los subsidios aprovechando la caída en el precio internacional del crudo (expediente 21.909).
Luego de dos días de negociación, la mesa de diputados que analiza el tema desistió de la versión original del proyecto.
Esa versión inicial devolvería los precios de la gasolina súper, la plus y el diésel a los montos que se cobraban al 4 de marzo: 606, ¢583 y ¢498 por litro, respectivamente.
Con esa propuesta, que se aprobó en primer debate con 49 votos el lunes 13 de abril, se habrían podido recoger ¢20.000 millones en un mes para los subsidios.
Ese dinero alcanza para subsidiar a más de 53.000 trabajadores desempleados o suspendidos con bonos de ¢125.000 mensuales durante tres meses.
El dinero surgiría del diferencial entre esos valores del 4 de marzo y los precios que tendrían que regir en las próximas semanas si se aplicara una rebaja solicitada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) que llevaría a ¢459 el litro de súper, a ¢443 el de plus y a ¢401 de diésel, por la caída en el precio del crudo.
No obstante, los diputados decidieron mantener los precios vigentes de los combustibles, los cuales entraron a regir el 27 de marzo, con tal de no subirlos.
Esa decisión corta de tajo ¢5.000 millones mensuales al plan de subsidios, dinero suficiente para ayudar a 13.000 hogares, y solamente permitiría acceder a ¢15.000 millones al mes.
Se mantendrían los precios actuales, que son ¢580 para la súper, ¢555 para la plus y ¢464 para el diésel.
Los precios del 4 de marzo estaban por debajo del promedio de los últimos dos años.
En el caso de la gasolina súper, el promedio en este periodo es de ¢627 por litro. El plan original habría fijado un precio de ¢606, mientras que en el 2014 los consumidores llegaron a pagar hasta ¢816.
De hecho, el proyecto tal como se había aprobado el lunes contenía un error, pues si bien decía que los precios que iban a regir eran los establecidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) el 4 de marzo, el texto del proyecto citaba literalmente los que estaban vigentes desde el 27 de marzo, que son más bajos.
Diputadas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC) atribuyen ese error a una confusión en los insumos que les dio la propia Aresep, durante el trámite del plan propuesto por el Gobierno.
Con base en la última estimación mensual de ventas de Recope, el proyecto generaría ¢45.000 millones en tres meses en vez de ¢60.000 millones.
Sin embargo, eso también depende de otros factores: del consumo de combustibles y de los movimientos en los precios internacionales del petróleo, que hasta ahora siguen a la baja pese al recorte hecho por la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) con el objetivo de subirlos.
Ayer, el barril de petróleo WTI se cotizó a $18, lejos de los $64 que costaba en enero.
“Vamos a perder como ¢20.000 millones. Eso garantiza equilibrio y atender a una parte importante de la población. Con este cambio, se pueden recaudar más de ¢40.000 millones, para ayudar a un buen número de costarricenses”, argumentó Paola Vega, del PAC.
La jefa oficialista, Nielsen Pérez, reconoció que el acuerdo reduce los ingresos, pero dijo que manda un “mensaje claro de que no hablamos de aumentos ni de impuestos”.
La liberacionista Franggi Nicolás, coordinadora de la mesa sobre el plan de combustibles, dijo que los recursos podrían asegurarle al Ejecutivo dar subsidios, pero sin subir los precios de las gasolinas.
Donación del INS. Por otra parte, dudas de varias tiendas políticas acechan la iniciativa que permitiría al Instituto Nacional de Seguros (INS) hacerle una transferencia al Gobierno por ¢75.000 millones para el plan de subsidios.
En particular, el PUSC y el bloque de diputados independientes Nueva República, insisten en que el plan lleve un transitorio que le permita a esa institución recapitalizarse, después de hacer esa donación a las arcas gubernamentales para combatir la pandemia.
La jefa de la Unidad, María Inés Solís, aseguró que, si bien a la presidencia ejecutiva del INS le parece innecesaria esa recapitalización, la Superintendencia General de Seguros ha insistido en ese punto.
La jefa del PAC, Nielsen Pérez, indicó que de las tiendas políticas que tienen dudas sobre el plan, solo Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, quedó en hacer una propuesta a la mesa. Eso sí, Pérez enfatizó que el oficialismo no cedería en hacer modificaciones al seguro de riesgos laborales.
El jerarca del INS, Elian Villegas, ya ha entregado cuatro oficios a la mesa parlamentaria, insistiendo en que la recapitalización es innecesaria.