Contraloría pide revisar gastos fijados por la Constitución
Carta Magna obliga, pese a crisis, a transferencias mayores a ¢3,4 billones
¢2,86 billones
Educación
¢545.000 millones
Municipalidades
¢472.000 millones
Poder Judicial
¢25.000 millones
Campaña política (2018)
Al iniciar una nueva década con una emergencia sanitaria mundial y unas deterioradas finanzas públicas, la Contraloría General de la República (CGR) llamó a debatir si el país puede mantener la estructura de gastos que diseñó en épocas muy diferentes.
La Contraloría ha sido enfática en la necesidad de que se hagan reformas estructurales para hacer más eficiente el gasto público; sin embargo, en su Memoria Anual 2019, la institución pide ir más allá y revisar incluso los gastos de mayor jerarquía del Estado: los que están fijados en la Constitución Política.
Se trata de los rubros destinados a financiar la educación, el Poder Judicial y las transferencias a las 82 municipalidades, así como un aporte para financiar la participación de los partidos políticos en las elecciones nacionales y municipales.
En conjunto, los primeros tres gastos consumirán este año ¢3,4 billones, es decir, una tercera parte del Presupuesto Nacional del Gobierno Central (¢10,5 billones).
“Será necesario un replanteamiento de muchas asignaciones dispuestas en épocas anteriores, bajo una estructura socioeconómica y tecnológica diferente y también bajo otros escenarios fiscales”.
“Si el horizonte de mediano plazo se proyecta con menores posibilidades económicas y presupuestarias, debe considerarse seriamente si es posible atender algunos mandatos constitucionales que se han dispuesto en forma rígida, en vez de relacionarse a resultados en procura de una mayor eficiencia del gasto”, razona la Contraloría.
En el 2018, la reforma fiscal flexibilizó gastos fijos que fueron creados por diversas leyes, de manera que el Gobierno pueda girar los recursos según el estado de las finanzas públicas.
Sin embargo, las asignaciones de rango constitucional no pueden flexibilizarse por ley, solo por modificación de la Carta Magna, tarea que corresponde a los 57 diputados.
Los artículos 78 y 85 de la Constitución establecen que, cada año, debe presupuestarse para educación el equivalente a un 8% del producto interno bruto (PIB), incluyendo a las universidades públicas.
Esa obligación fue aumentada de un 6% a un 8% en el 2011, pero desde entonces nunca se ha cumplido en su totalidad debido a la estrechez fiscal. A la fecha, se destina un 7,4% del PIB, lo que equivale a ¢2,86 billones.
Al Poder Judicial, en tanto, la Constitución le otorga al menos el 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico.
En este caso, la Corte recibe mucho más de lo establecido constitucionalmente.
Este año, se le asignó el equivalente al 8,7% de los ingresos ordinarios. Ese porcentaje responde a ¢472.677 millones, un 1,2% del PIB.
El artículo 170 de la Carta Magna obliga, además, a que cada año se les gire a las municipalidades no menos de un 10% de los ingresos ordinarios calculados para el año conforme se les traspasen funciones
No obstante, entregarles ese porcentaje de dinero a los ayuntamientos podría hacer colapsar financieramente al Estado, pues la cifra equivaldría a unos ¢545.000 millones.
Actualmente, se les traspasa, para atender vías cantonales, unos ¢123.000 millones, según el presupuesto del 2020, el equivalente a poco más de un 2% de los ingresos ordinarios y un 0,3% del PIB. Empero, con la caída en la recaudación tributaria producto de la crisis económica del coronavirus, los ingresos ordinarios caerán. Solo en abril, la reducción fue de un 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Finalmente, la Constitución dispone que el Estado ayude a los partidos políticos a sufragar sus gastos de campaña con el equivalente a un 0,19% del PIB del año trasanterior a la celebración de los comicios presidenciales. Tal asignación, en el 2018, fue de ¢25.030 millones.
Se financian con deuda. De acuerdo con la Contraloría, el problema de las asignaciones constitucionales es que se establecieron en épocas anteriores “bajo una estructura socioeconómica y tecnológica diferente, y también bajo otros escenarios fiscales”.
Además, los diputados que los crearon obligaron al Estado a girar los recursos sin dotarlo nuevas fuentes de ingresos.
Como consecuencia, al Gobierno no le queda más remedio que financiarlos, en gran parte, con deuda.
Según un informe publicado por el órgano contralor en el 2018, ese año la educación se financió solo en un 26,3% con ingresos corrientes; el restante 73,7% se cubrió con endeudamiento.
En el caso del financiamiento del Poder Judicial, ese año la proporción fue un 88,% de ingresos corrientes y un 12% de deuda.
El llamado de la Contraloría es que se implementen las reformas estructurales que permitan corregir el desbalance financiero del Estado costarricense, el cual gasta más de lo que ingresa a sus arcas. Por ello, se endeuda cada vez más.
Para la CGR, el espacio para una eventual redistribución de los recursos deberá buscarse también en aquellas instituciones que hayan cumplido su ciclo, “conforme a una concepción del Estado asumida décadas atrás”, y que requieren redimensionarse o replantearse.
“Debe asumirse, ante la oportunidad histórica que presenta la situación, una discusión nacional para fortalecer los campos que requieren más
apoyo, a costa de otros que deberán ceder ante nuevas circunstancias”, sostiene el órgano contralor.
En el 2019, el déficit fiscal del Gobierno alcanzó un 6,96% del PIB, mientras que la deuda alcanzó un 58,5%.
Sin embargo, se proyecta que ambos indicadores empeorarían en el 2020, a consecuencia de la pandemia de covid-19. La proyección de la calificadora Moody’s es que dichos indicadores alcanzarían, este año, 8,1% y 66% del PIB, respectivamente.
Revisión según prioridades. La Contraloría insta a que la revisión de las asignaciones constitucionales tome en cuenta que hay otras necesidades a las que el país debería prestarles más atención.
Tal es el caso de “aquellas relacionadas con el cambio climático y el medio ambiente, el cambio tecnológico y la protección social y sanitaria”.
“Todos estos son campos que se han acometido con éxito a lo largo de la historia republicana, pero que presentan nuevos desafíos a la dirección de políticas”, señala la CGR.
Además, el órgano contralor llama la atención sobre el hecho de que conforme avanzan los años, cambia la estructura demográfica de la sociedad y, con esta, las necesidades de la población.
Por ejemplo, el mandato de destinar un 8% del PIB a Educación se estableció en el 2010, cuando un 35% de la población tenía menos de 20 años. No obstante, para el 2030, los menores de 18 años representarán un 23,2% de los habitantes.
Para ese momento, según el informe Impacto Fiscal del Cambio Demográfico de la CGR, si se mantienen constantes la cobertura de la educación pública y el costo de la enseñanza por estudiante, incluyendo al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el gasto necesario sería de 5,2% del PIB.
En cambio, para atender al 27,5% de la población que será adulta mayor para ese año, se requeriría aumentar el gasto en salud en un 86% con respecto al 2016.
“El país requiere preparar su sistema de salud para el envejecimiento y los cambios”, concluye la Contraloría.
Esa preparación requiere de recursos presupuestarios que, de momento, son muy escasos.
La Asamblea Legislativa creó una comisión especial de reformas del Estado, en la cual se discutirá la adaptación del aparato público a las necesidades actuales.
DISCUSIÓN NECESARIA
“debe ASUMIRSE, ANTE LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA QUE PRESENTA LA SITUACIÓN, UNA DISCUSIÓN NACIONAL PARA FORTALECER LOS CAMPOS QUE REQUIEREN más Apoyo, A COSTA de OTROS QUE DEBERÁN CEDER ANTE NUEVAS CIRCUNSTANCIAS”. Contraloría General de la República