Ministerio contrata empresa por ofrecer tobilleras más baratas
››a pesar de bajo precio, nuevos dispositivos ofrecen una mejor tecnología, según Justicia
El Ministerio de Justicia y Paz anunció este viernes que, a partir de este domingo, la empresa que proveerá las tobilleras electrónicas será otra, que le ofrece un precio más bajo y mejor tecnología.
Desde febrero del 2017, Grupo Cesa era la que se encargaba de esa tarea; ahora lo hará la firma inglesa Buddi.
El cambio se da meses después de que Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada del funcionamiento del plan de dispositivos, se enfrascaron en constantes enfrentamientos por fallas en dicho monitoreo.
Como parte de esas discusiones, la cartera indicó que identificó espacios de mejora, los cuales fueron comunicados a la ESPH.
Como parte de la solución, la Empresa de Servicios Públicos optó por buscar un nuevo proveedor, por lo cual invitó a participar a 15 empresas nacionales y extranjeras. Luego de ese estudio de mercado, Justicia se inclinó por dejar atrás a Grupo Cesa y apostar por Buddi.
Según la entidad, la selección se hizo sencilla porque cumple “con el 100% de los requerimientos” y, además, es una opción más barata a la que se maneja en la actualidad. Es decir, mejor tecnología, a un precio menor.
Ahorro. Hoy, el costo diario de la tobillera es de $17 (unos ¢9.600), mientras que con esta nueva firma será de $12,3 (unos ¢6.900). Se trataría de un ahorro diario de ¢2.700 por dispositivo.
“Nos permite hacer un uso eficiente de los recursos, al tiempo que nos aseguramos de contar con una tecnología funcional conforme a las necesidades del proyecto”, puntualizó Fiorella Salazar, ministra de Justicia.
Actualmente, 39 meses después de empezar a funcionar el proyecto en el país, hay 1.682 personas bajo la modalidad de monitoreo electrónico, confirmó la entidad.
Reacción. Por su parte, Grupo Cesa calificó el anuncio oficial de Justicia como “la consumación de una serie de actuaciones, absolutamente, reprochables por parte de ESPH y del Ministerio”.
Boris Molina, abogado del consorcio, aseguró que ambas empresas se “escudaron en un silencio siniestro durante tres meses y hoy (viernes) anuncian, públicamente, lo que han ocultado durante todo ese tiempo”.
El abogado detalló que, en diciembre pasado, la ESPH le extendió el contrato hasta mayo del 2020.
“Ese era el tiempo que duraría en resolver una investigación que la Contraloría General de la República ordenó abrir contra la ESPH, a través de un órgano director del propio Ministerio de Justicia”, acotó, al tiempo en el que recalcó que a Cesa no le permitieron tener participación en ese proceso en el que se indagaban fallas en el monitoreo.
Sin embargo, según Molina, todo ese órgano director resultó en que la ESPH apostó por cambiar al proveedor.
Mencionó que las supuestas mejoras tecnológicas de la firma inglesa en realidad no existen.
“En una nota de dos párrafos (oficio D-UME-12-2020) se pretendió justificar una presunta mejora tecnológica, sin ser eso un informe técnico especializado. Lo que redunda en una decisión irresponsable, cuestionable y poco seria”.
Acciones legales. Por esas situaciones que, en criterio de Molina están fuera del marco de la ley, es que tomarán acciones legales en diversas instancias, inclusive en la penal. Las interpondrán la próxima semana, adelantó el representante legal de la firma.
“Serán acciones administrativas, contencioso administrativas, por el cobro de daños y perjuicios.
”La calificación de las acciones corresponde al Ministerio Público. Una precalificación de parte nuestra podría entorpecer la investigación y poner sobre aviso a estas personas (...) Pero sí puedo decirle que hemos valorado que podrían ser varias, más de tres”, manifestó el abogado.
Enfatizó en que estos reclamos no son por dinero, “ni por quedarse fuera de un negocio”.
”Es un asunto de honor, de principios, de valores. No vamos a permitir que funcionarios públicos actúen fuera del marco de la ley y salgan impunes”, concluyó Molina.
¿Cuáles son las mejoras? Entre las situaciones que el Ministerio de Justicia pidió mejorar a la ESPH, está el usar la tecnología 3G y dejar atrás la 2G, debido a que la primera es la que tiene mayor cobertura en el país, aseguró la institución basándose en datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El Ministerio indicó que lo solicitado expresamente fue: “Un sistema que incorpore dispositivos 3G con probada experiencia operativa en otros países, dado que la evidencia internacional apunta a la modernización de los dispositivos, maximizando la posibilidad de comunicación continua.
”También una serie de mejoras a fin de que el sistema sea estable, tenga flexibilidad y mayor adaptabilidad para el manejo y la extracción de la información”.
Además de este cambio de modalidad, la firma inglesa también integrará al monitoreo otras tecnologías de comunicación para fortalecer la conectividad. Se trata de sistemas de radiofrecuencia, de posicionamiento global (GPS), posicionamiento por wifi y posicionamiento por triangulación de infraestructura celular (LBS, un sistema que entra en funcionamiento cuando el GPS no funciona), acotó Justicia.
En cuanto al sistema, propiamente, ahora se contará con un envío automático de avisos a los monitoreados, en caso de que esté desconectado o fuera del área de inclusión.
“A nivel de plataforma, ahora los agentes de la Unidad de Monitoreo podrán gestionar, de una manera gráfica y más eficiente, todas las alertas generadas por el sistema, así como calificar con colores el nivel de criticidad de los eventos”, apuntó Justicia.
La cartera agregó que la nueva tecnología también les permitirá la interacción de mapas en la Unidad de Monitoreo, lo cual significaría que los encargados podrán observar a varias personas de manera simultánea.
Daniel Vargas, director de Desarrollo de Negocios de IBUX-ESPH, contó que también incluye una plataforma “ágil” que facilitará a los funcionarios del Ministerio informar a los jueces, “con pruebas contundentes, sobre el uso que dan los privados de libertad al dispositivo”.
Entre otros cambios, los cargadores serán a prueba de agua, lo cual Justicia señaló como un respiro debido a que, agregó, 60% de los dispositivos anteriores fueron vandalizados con líquidos.
Las nuevas tobilleras tendrán diez tallas diferentes y serán más livianas e hipoalergénicas. Y para evitar los problemas que ocurrieron el año pasado por la falta de dispositivos, la ESPH prometió mantener 500 dispositivos y 750 cargadores en el inventario.