La Nacion (Costa Rica)

Juez solicitó anular matrimonio de activista gay

››Juzgado rechazó pedido por falta de legitimaci­ón del juez Francis Porras

- Juan Fernando Lara S. jlara@nacion.com

El juez notarial Francis Porras León gestionó la anulación del matrimonio del activista gay Marco Castillo y su pareja, Rodrigo Campos, celebrado el 26 de mayo anterior.

La solicitud la rechazó el Juzgado de Familia de Desamparad­os pues, entre otras causas, el solicitant­e no explicó las razones de su petición.

Francis Porras León es el mismo juez que inhabilitó a Castillo como notario por 13 años por considerar que incurrió en faltas graves al efectuar el matrimonio de dos mujeres en 2015 e inscribirl­o en el Registro Civil, cuando aún no era permitido en Costa Rica.

Conforme al expediente 19-001091-0637-FA - 7 del 27 de mayo del 2020, Porras León ahora cuestionó la validez de la unión de Castillo y Campos porque, según él, ocurrió antes de que entrara en vigor el matrimonio igualitari­o en el país.

Según planteó, el plazo de 18 meses dado por la Sala IV para que quedara sin efecto el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que prohibía las uniones entre personas del mismo sexo, se cumplían este miércoles 27 de mayo y no el martes 26.

Con ese argumento, Porras León solicitó repetir el matrimonio y que el Registro Civil desinscrib­iera la unión.

No obstante, su gestión la rechazó la jueza Mauren Solís Madrigal, misma quien casó a Castillo y a Porras. En su resolución, Solís señaló que su colega “carece de legitimaci­ón” para formular un incidente de nulidad.

“Incluso, no se entiende contra qué lo promueve generando a los ahora esposos una insalvable indefensió­n, pues no tendrían la menor idea sobre con respecto a qué deben ejercer su derecho”, aseveró.

La funcionari­a también razonó que la unión entre Castillo y Campos no le causa perjuicio al recurrente pues no es él quien se casó.

“Por lo que no será él (Porras León) quien pueda ser demandado por alimentos, divorcio, separación judicial, liquidació­n anticipada de bienes, violencia intrafamil­iar, etc.”, apuntó la jueza.

“no HAY Grados de imparciali­dad: SE ES o no SE ES IMPARCIAL”. Mauren Solís Jueza de familia

Entretanto, el Tribunal de la Inspección Judicial abrió de oficio una investigac­ión al juez Porras por las gestiones realizadas para anular el matrimonio, confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Al respecto, Castillo declaró que él y su esposo se sienten perjudicad­os por este hecho y anunció que tomarán las medidas judiciales correspond­ientes para defenderse de lo que calificaro­n como un acto de acoso.

“Es un acoso por intransige­ncia fundamenta­lista y que además nos perjudica patrimonia­lmente. Ya estamos estudiando la forma de demandarlo porque atenta contra nuestra vida personal”, adelantó.

Consultado por La Nación, el juez Porras declaró escuetamen­te: “Acaban de notificarm­e, primero notificaro­n a la prensa. Debo estudiar la resolución, mañana me referiré al asunto, hoy (jueves) no puedo”.

Este jueves, los esposos Castillo y Campos se presentaro­n al Juzgado de Familia de Desamparad­os a interponer un reclamo contra Porras por la suma de ¢30 millones.

“Por perjuicios materiales y morales en que estamos incurriend­o ante esta situación”, justificó Castillo en su petitoria, amparada en el artículo 561 del Código Procesal Civil, que regula la participac­ión de terceros en procesos de apelación.

Advertenci­a. En su resolución, la jueza Solís recordó que “no cabe a quien no es parte, oponerse a un matrimonio que no se ha celebrado, salvo que tenga conocimien­to de que alguna persona contrayent­e o ambas, no tiene la capacidad de consentir, haya sido violentada para consentir o bien, que alguna o ambas personas contrayent­es se encuentren unidas en matrimonio no disuelto por sentencia firme”.

Solís calificó como “un absurdo inimaginab­le” anular un matrimonio válido a pedido de quien no tiene legitimaci­ón ni fundamento jurídico o con uno contrario al principio pro homine y con el fin de que el enlace sea “repetido”.

Eso sí, la especialis­ta advirtió sobre eventuales consecuenc­ias civiles indemnizat­orias para quien “pretende semejante cosa solamente por el hecho mismo de la perturbaci­ón anímica pretendida -o generada- hacia los ahora esposos”.

 ?? JORGE CASTILLO ?? El activista Marco Castillo (izq.) y su esposo, Rodrigo Campos, acudieron al Juzgado de Familia de Desamparad­os a interponer un reclamo por ¢30 millones contra el juez notarial Porras.
JORGE CASTILLO El activista Marco Castillo (izq.) y su esposo, Rodrigo Campos, acudieron al Juzgado de Familia de Desamparad­os a interponer un reclamo por ¢30 millones contra el juez notarial Porras.

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