Diputados recortan receso para atender la agenda de covid-19
Los diputados acordaron reducir a la mitad el receso legislativo de medio año que en tiempos de normalidad se desarrolla durante dos semanas de cada mes de julio.
La decisión se tomó en la reunión semanal de jefes de fracción que se desarrolló el jueves en el Congreso, confirmaron los líderes de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana, Luis Fernando Chacón y Enrique Sánchez.
De esta forma, las vacaciones de la Asamblea Legislativa se reducen de dos semanas a una. El descanso comprendería entre lunes 6 de julio y el viernes 10 de julio próximos.
Antes, estaba previsto que ese tiempo se prolongara por una semana más, como suele ocurrir cada año.
El acuerdo deberá ser sellado por el plenario legislativo la próxima semana, cuando se vote una moción al respecto.
Razones. Chacón explicó que pesaron dos razones para acortar el receso. Una de ellas es que la Asamblea Legislativa debe estar en disposición, el mayor tiempo posible, para tramitar proyectos de ley que aún siguen en agenda sobre la emergencia provocada por el coronavirus.
“Estamos esperando que el gobierno de la República nos envíe un nuevo presupuesto extraordinario en los próximos 15 días”, indicó el jefe del PLN.
La otra razón, según dijo el congresista verdiblanco, se debe a que el Congreso prevé que en el mes de setiembre ocurra un cierre técnico de una o dos semanas, para proceder al traslado hacia el nuevo edificio legislativo.
Por su parte, Sánchez añadió que antes de tomar la decisión, los jefes dialogaron sobre la posibilidad de suspender todas las vacaciones legislativas.
“Sin embargo, se cambió la opinión entendiendo que muchas personas, porque no solo somos los diputados, sino todos funcionarios legislativos, usan ese receso de medio año para coincidir con las vacaciones escolares de sus hijos”, expuso el rojiamarillo.
Pendiente. Sobre los temas pendientes vinculados con la emergencia, Sánchez dijo que aún se debe aprobar un presupuesto extraordinario que incluya los ¢75.000 millones provenientes del Instituto Nacional de Seguros (INS), lo cuales irían al bono Proteger.
Además, se debe concretar el giro, siempre vía presupuesto extraordinario, de ¢34.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) provenientes del crédito de $380 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Un segundo presupuesto extraordinario que contenía esos rubros, así como amortización de deuda, fue rechazado por el plenario legislativo la semana anterior, bajo el alegato de que el recorte al gasto público presentado por el Poder Ejecutivo era insuficiente.
En ese texto, el Ministerio de Hacienda presentó un recorte de ¢62.500 millones, de los cuales el 80% correspondía a la disminución en el pago de intereses por el canje de financiamiento interno por externo.
“Esperaríamos un tercer presupuesto extraordinario que incluya esos recursos y que, sobre todo, el gobierno dé señales de un recorte del gasto considerable en el Presupuesto Nacional”, dijo Chacón.