La legalización de la usura
E nla serie Boardwalk Empire, de HBO, ambientada en los Estados Unidos de los años veinte del siglo pasado, Nucky —el personaje principal, interpretado magistralmente por Steve Buscemi— levanta la copa para brindar por la inminente aprobación de la ley que prohíbe la comercialización de bebidas alcohólicas.
El brindis de Nucky, ante políticos y socios, celebra las enormes ganancias que les generará la nueva legislación.
Como en muchos países, los efectos imprevistos de algunas bienintencionadas leyes suelen ser poco considerados.
La usura, por ejemplo, es un problema serio en nuestro país. El mercado financiero está muy distorsionado. Los bancos del Estado gozan de la garantía estatal, lo cual los hace más atractivos para la captación de recursos —poca competencia de los privados—, pero, a la vez, tienen altos costos operativos (principalmente por convenciones colectivas y demás privilegios) y son menos eficientes.
Los bancos privados están sujetos a muchas regulaciones e impuestos; sin embargo, las barreras de acceso (y salida) son altas y los protegen de la verdadera competencia, a tal punto que, cuando uno observa los diversos productos y sus precios, pareciera que actuaran poniéndose de acuerdo.
Mientras los bancos del Estado disponen de amplios recursos para vivienda y comercio, los privados se aprovechan de las ineficiencias de estos y trabajan ampliamente en el negocio de tarjetas de crédito.
La ley para poner límite a las tasas de interés por préstamos no es motivo para celebrar
Verdadero costo del crédito. El costo de captar recursos, la tasa básica pasiva, ronda el 3,75 %. La inflación ha estado en alrededor del 2 % en los últimos años; no obstante, según el último informe del MEIC sobre tarjetas de crédito, al 31 de enero, el 70 % cobraba un interés nominal de entre el 40 % y el 49 %.
A escala internacional, los emisores están obligados a indicar cuál es la tasa anual equivalente (TAE) en lugar del interés nominal.
La TAE muestra el verdadero costo del crédito, pues considera la periodicidad de los pagos y otros costos, como seguros y comisiones. Esto implica que el verdadero costo del 70 % de las tarjetas anda entre un 48,25 % y un 63,05 %, sin contar seguros y comisiones.
La recién promulgada ley contra la usura establece tasas nominales superiores al 39 % para tarjetas de crédito y al 55 % para microcréditos (bajo los parámetros de hoy).
El verdadero costo para el consumidor, la TAE, estaría entre un 46,78 % y un 71,22 % (sin seguros y comisiones).
En España, en cuanto a tarjetas, son consideradas tasas de usura cuando sean desproporcionadamente altas en relación con las establecidas para créditos de consumo (créditos personales, como los conocemos aquí) y todo lo superior a una TAE del 20 %.
La usura como delito va más allá del mero aspecto de la tasa de interés elevada. Comete usura quien se aprovecha de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, quien la haga dar o prometer toda ventaja pecuniaria evidentemente desproporcionada con respecto a su prestación u otorga garantías de carácter extorsivo.
También comete el delito de usura quien adquiera o haga valer un crédito usurario. Por ejemplo, algunas empresas que adquieren créditos vencidos para su cobro. Todo redunda en el aprovechamiento de la necesidad y la inexperiencia del consumidor.
La letra pequeña. Cuando vemos cómo los emisores reparten tarjetas como confites, la opacidad con la cual se informa el verdadero costo del crédito, las diversas comisiones sin contraprestación de servicios y el sistema revolving (utilizado por la mayoría de los emisores) para el cálculo del pago mínimo, que eterniza la deuda y el pago de intereses, y facilita el sobrendeudamiento, el delito de usura se queda corto. Estos aspectos no fueron tomados en cuenta antes de aprobar la ley.
Las tasas de interés de consumo rondan en la actualidad el 15 %. Las tasas propuestas en la ley son un 260 % y un 365 % superiores.
Por otro lado, los márgenes de intermediación financiera están entre los más altos del mundo. Comparando el costo de captación y las tasas activas propuestas, el margen bruto de ganancias de los emisores de tarjetas va del 90 % al 93 %. Si tales porcentajes no son excesivos y usureros, quién sabe qué lo será.
El poder del lobby del sector financiero es evidente en esta ley y en otras. Por ejemplo, los procesos de cobro judicial suelen ser expeditos y onerosos (aún más con fideicomisos de garantías); sin embargo, si un consumidor tiene un reclamo válido por cláusulas y prácticas abusivas (ej. tasa piso, préstamos en unidades de desarrollo o cuota real, comisiones excesivas sin contraprestación de servicios y otras más), la vía judicial suele durar entre cinco y siete años.
Como Nucky, algunos en el sector financiero levantaron su copa al aprobarse la ley contra la usura. No así los consumidores.