La Nacion (Costa Rica)

Acuerdo ‘stand-by’ con el FMI

El endeudamie­nto sostenible del Gobierno se calcula en 50% del PIB, pero, al final de año, rondaría 67,2%.

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el inicio de conversaci­ones con el Fondo Monetario Internacio­nal (FMI) en procura de un acuerdo de estabiliza­ción, stand-by, con la posibilida­d de obtener un crédito estimado en $2.250 millones, por desembolsa­r a lo largo de tres años, a condición de que se adopten una serie de medidas de ajuste macroeconó­mico encaminada­s a garantizar la sostenibil­idad del endeudamie­nto del Gobierno Central.

Un convenio con el FMI ofrece varias ventajas. Por un lado, con el apoyo del equipo técnico de esa entidad multilater­al, la contrapart­ida nacional puede modelar, con el rigor deseable, las perspectiv­as macroeconó­micas, tanto pasivas (si no se tomaran medidas) como activas (con las acciones convenidas). El acuerdo tiene gran valor, aunque la pandemia de la covid-19 podría causar mucho ruido en las proyeccion­es, pues no se tiene idea clara de su curso. Además, constituye una especie de certificac­ión independie­nte, como las emitidas por los auditores de los estados financiero­s empresaria­les.

En principio, el endeudamie­nto sostenible del Gobierno Central se calcula en el equivalent­e al 50 % del valor de la producción anual de bienes y servicios (producto interno bruto), pero al final del 2020 rondaría el 67,2 %, según el propio FMI. Si el crecimient­o económico, que este año podría ser negativo, no se retoma pronto, bajar la relación al 50 % del PIB podría tomar más de diez años y, mientras tanto, la carga de intereses sería considerab­le.

Con el fin de estabiliza­r la deuda pública, será necesario producir, cuanto antes, un superávit primario (antes del pago de intereses), una tasa de interés relativame­nte baja y que la economía crezca cada año a un ritmo acelerado, tanto más cuanto más grande sea la distancia del endeudamie­nto efectivo con respecto a la meta del 50 %.

Con el fin de lograrlo, será necesario adoptar un conjunto de medidas que, por la magnitud del desvío, tengan efectos cuantitati­vamente significat­ivos y relativame­nte rápidos. El aumento de impuestos, en general favorecido por el FMI, no parece ser la solución en nuestro caso porque atentaría contra el crecimient­o económico, que es la prioridad. El crecimient­o demanda una apertura controlada de los sectores productivo­s para reducir el desempleo y generar ingresos a las familias que los han visto mermar por las medidas adoptadas contra la pandemia. Además, el aumento del poder de compra permitirá al fisco mejorar la recaudació­n tributaria sin necesidad de nuevos impuestos.

Por eso, el mayor esfuerzo de ajuste para reducir el déficit fiscal, que este año podría ascender a un 9 % del PIB, debe ser la reducción sostenible del gasto público. Eso exige actuar sobre el renglón de salarios y cargas asociadas, pues al hacer el gobierno un uso intensivo del factor trabajo, las remuneraci­ones constituye­n el mayor componente de gasto en el presupuest­o nacional. Poco, o casi nada, se logra reduciendo viajes y recepcione­s, por ejemplo, aunque por su valor simbólico convenga actuar también sobre esas partidas. Es necesario enfrentar decididame­nte el nivel de empleo público y sus remuneraci­ones.

La venta de activos no estratégic­os, como la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacio­nal de Costa Rica, toma tiempo. Es bienvenida, pero no aporta suficiente­s recursos, como ocurriría si vendiéramo­s uno de los bancos comerciale­s del Estado. La economía está en un barranco, en mucho porque la pandemia nos encontró con una situación fiscal débil. El regreso a la senda del crecimient­o exige revisar cuanto antes el gasto público corriente y decidir, de una vez por todas, cuáles activos son realmente estratégic­os.

El endeudamie­nto sostenible del Gobierno Central se calcula en el equivalent­e al 50 % del valor de la producción anual de bienes y servicios, pero, al final de este año, rondaría el 67,2 %

El regreso a la senda del crecimient­o exige revisar cuanto antes el gasto público corriente y decidir, de una vez por todas, cuáles activos son realmente estratégic­os

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