El heroico manejo de las finanzas pandémicas
Cuando hay ingresos frescos, el gasto se dispara y el gobierno no logra controlar el déficit. Cuando caen los ingresos, la resistencia a recortar el gasto se refuerza
En varias ocasiones, el gobierno ha tratado de vestir de logro noticias negativas para su gestión. “Íbamos bien hasta que nos cayó el coronavirus”, fue lo que nos quisieron vender en abril, a pesar de que el índice mensual de actividad económica, que había tenido una levísima recuperación en el segundo semestre del año pasado, empezaba a mostrar una nueva desaceleración en el primer trimestre de este 2020, antes de que nos impactara la pandemia.
Más recientemente, y para estupor de los costarricenses, el presidente se vanaglorió del resultado del desempleo abierto para el trimestre comprendido entre febrero y abril (15,7 %) porque “pudo ser peor”.
Pero hoy vamos a hablar de finanzas públicas, rubro en el cual los gobiernos del PAC se han hecho expertos en presentarnos los datos a través de un lente color de rosa.
El Ministerio de Hacienda publicó las cifras fiscales al mes de mayo del 2020. Como era de esperar, la pandemia golpeó fuertemente las finanzas públicas, tanto por la caída en la recaudación, producto de la menor actividad económica, como por el aumento del gasto necesario para enfrentar la pandemia y sus efectos sociales y económicos. Aun así, vale la pena desmenuzar los datos porque no todos nuestros males son culpa de la covid-19.
El boletín denominado “Al Día con Hacienda” destaca, en primer lugar, que “el gasto del Gobierno Central decreció 0,05 como porcentaje del PIB”.
Ignoramos de dónde salió esa cifra. De la información presentada en el propio boletín, se extrae que el gasto total creció en 0,12 puntos porcentuales (p. p.) del PIB, mientras, excluyendo intereses, el gasto total cayó en 0,22 p. p. Veamos cómo se alcanzó dicha disminución.
Sin contención del gasto. Como proporción del PIB, el gasto corriente creció en 0,42 p. p., y, aun excluyendo el pago de intereses, aumentó en 0,08 p. p. del PIB.
El gasto corriente, recordemos, es el que hace el gobierno en la adquisición de bienes y servicios no duraderos, es decir, sin incrementar el patrimonio estatal. Es, en otras palabras, el gasto de la operación diaria de la administración.
Dicha operación se ha visto disminuida a causa de la pandemia. A excepción de las entidades y servicios que se encuentran en el frente de batalla contra la covid-19, el resto de las instituciones están operando a un 20 % de su capacidad, con diferentes niveles de implementación del teletrabajo por parte de los funcionarios que están en casa.
Así las cosas, es sorprendente que el gasto corriente no haya disminuido. Dadas las condiciones actuales, incluso un crecimiento pequeño —y menor que el de años anteriores— es inaceptable.
A mayo del 2020, el rubro de sueldos y salarios mostró una variación interanual de un 2,41 %, fiel reflejo de una realidad en la que las remuneraciones de los funcionarios se mantienen incólumes y más bien perciben aumentos.
Considerando que, según el Banco Central, la variación interanual de la inflación a mayo fue del 0,61 %, observamos un crecimiento real de las remuneraciones por el orden del 1,8 %. Para algunos no hay crisis. Más llamativo todavía es el crecimiento interanual del 5,96 % en el rubro de bienes y servicios. Aquí, entran cuestiones como papelería, cartuchos de impresora, utilería y servicios de electricidad, agua e Internet.
Con las oficinas gubernamentales trabajando en su mínima expresión, es sencillamente injustificable que estos rubros crezcan 5,35 puntos por encima de la inflación. ¿Dónde está la contención del gasto?
Menos gasto donde sí es necesario. Donde sí se observa una fuerte contracción del gasto es precisamente donde menos quisiéramos verlo en un contexto de crisis económica profunda como la que vivimos: el gasto de capital —es decir, la inversión en activos fijos como carreteras y escuelas— cayó en un estrepitoso 36,11 % (variación interanual a mayo del 2020).
Este es el tipo de gasto que debería sostenerse, por su efecto dinamizador de la economía y generador de empleo.
Dato curioso es el hecho de que, a pesar de la contracción de la actividad económica, la recaudación del IVA interno mostró un crecimiento interanual del 16,23 %, mientras la del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas creció en un impresionante 20,05 %.
Lo anterior es efecto directo de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre del 2018.
La recaudación total, sin embargo, cayó por dos motivos. Primero, durante el primer trimestre del 2019, Hacienda tuvo ingresos extraordinarios gracias a la amnistía fiscal, equivalentes al 0,32 % del PIB, que no se repiten.
Segundo, una abrupta caída en el IVA a los bienes y servicios importados, las caídas de más del 10 % en el impuesto sobre los combustibles y de más del 30 % en la recaudación de los impuestos selectivo de consumo y sobre las importaciones, producto del parón económico ocasionado por las medidas de confinamiento.
El déficit primario, que es la diferencia entre el ingreso total y el gasto sin intereses, se redujo en 0,10 puntos porcentuales del PIB con respecto a mayo del 2019. Esto, en principio, es positivo. Pero el entusiasmo no resiste un análisis minucioso.
Esa diferencia de 0,10 % del PIB en el déficit primario puede explicarse por la transferencia de ¢75.000 millones hecha por el INS al Gobierno Central.
La mala noticia es por partida doble: este ingreso solo se da una vez (no se repite), y a mayo aún no se había gastado por el rechazo legislativo del presupuesto extraordinario en el que se había incluido su transferencia a los bonos proteger.
Si dicha transferencia se hubiera efectuado en mayo, el déficit primario más bien habría sido levemente mayor al de mayo del 2019 como proporción del PIB.
Aceitar la memoria. Un poco de historia reciente no viene mal. En diciembre del 2018 se aprobó una reforma fiscal que, se supone, haría un ajuste de 2,4 puntos porcentuales del PIB. Una tercera parte provendría de nuevos impuestos, dos terceras partes de contención del gasto.
Durante el 2019, los ingresos del gobierno crecieron en más de un 8 % (con una inflación de apenas un 1,52 %), a pesar de la desaceleración económica. Sin embargo, cerramos con un déficit del 7 % del PIB, el mayor en 38 años. Mayor, incluso, que lo proyectado por el propio gobierno.
En el 2020, sobreviene la pandemia, lo cual se traduce en más gastos y menos recaudación, y, en vez de actuar con gran prudencia, el gasto en rubros no esenciales no disminuye, exoneramos a las municipalidades de cumplir la regla fiscal y autorizamos al Banco Central la compra de títulos de Hacienda en el mercado secundario, abriendo un peligroso portillo para el financiamiento irresponsable del gasto público.
Con la excusa de la pandemia, las autoridades han insinuado repetidamente sus intenciones de subir los impuestos para compensar el aumento del gasto, y el Fondo Monetario Internacional pareciera querer darles la razón. Sin embargo, el patrón está claro: cuando hay ingresos frescos, el gasto se dispara y no se logra controlar el déficit. Cuando caen los ingresos, la resistencia a recortar el gasto se refuerza. Tanto así que ni siquiera se consigue una contención efectiva de su crecimiento.
Los costarricenses debemos despertar. No podemos aceptar un nuevo impuesto antes de que se recorte el gasto. No basta con la poco creíble manifestación de voluntad política de reducirlo. Son necesarios recortes reales y tangibles, el cierre y fusión de entidades, y la venta de activos para mover la aguja fiscal. La situación es crítica.