Cargas sociales
El diagnóstico está claro. Las elevadas cargas sociales pagadas en Costa Rica —las más altas de América Latina y entre las más cuantiosas de la OCDE— es uno de los principales factores detrás de nuestros elevadísimos niveles de desempleo e informalidad. Si queremos combatir esos flagelos, tenemos que entrarles a esos impuestos al trabajo.
Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. De dichas contribuciones, sale el financiamiento no solo de la CCSS, sino también del INA, el IMAS, Fodesaf y las pensiones complementarias. Plantear una reestructuración de las cargas sociales implica una cirugía a corazón abierto al “Estado social de derecho”. Pocos políticos tienen apetito para ello, pero, de lo contrarío, habrá más desempleo, informalidad, desigualdad y pobreza. Y eso tampoco es una opción.
Tocar a la CCSS es sin duda la parte más complicada de la operación. Pero no hace falta. Del 26,5 % de la contribución patronal sobre el salario de un trabajador, solo un 14,5 % va a esa institución. Un reacomodo de las cargas sociales no tiene por qué comprometer su financiamiento. Tampoco sería prudente incluir el 4,75 % de las contribuciones a la Ley de Protección al Trabajador, de donde sale el dinero de las pensiones complementarias.
Eso todavía nos deja el 7,25 % que va al INA, al IMAS, a Asignaciones Familiares y al Banco Popular —este último recibe un 0,25 % que bien podría suprimirse—. En la línea de lo que ya sugirió Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, el financiamiento de estos programas e instituciones debería trasladarse al presupuesto del Gobierno Central para que se sufrague mediante impuestos ordinarios. Requeriría una reforma fiscal de, aproximadamente, un 2,3 % del PIB. La naturaleza del ajuste, por supuesto, será objeto de debate. Cubero propone aumentar el IVA. Yo plantearía recortes de gasto como primera opción, aunque, probablemente, haya también que subir la tasa de dicho impuesto.
Un reacomodo dejaría las contribuciones patronales en un 19,25 %, lo cual nos acercaría al promedio de la OCDE. Constituiría una reducción nada despreciable en los costos de contratación de los trabajadores, lo cual beneficiaría primordialmente a la mano de obra poco calificada. Es una reforma estructural que no debemos posponer.