Tribunal libera a cinco pescadores detenidos con armas y $150.000
Sujetos habían sido capturados en limón en julio del 2018 ››Jueces revocaron pena de 10 años de cárcel impuesta en febrero
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea ordenó anteayer dejar en libertad a cinco pescadores extranjeros detenidos en julio del 2018, en una vivienda en Moín de Limón, en la cual encontraron $149.202 y ¢8,6 millones, armas, lanchas y vehículos.
La resolución la adoptaron los jueces al conocer las impugnaciones a una sentencia dictada por el Tribunal Penal de Juicio de Limón el pasado 18 de febrero, cuando se impuso a cada una de las personas ahora liberadas una pena de 10 años de prisión por el delito de legitimación de capitales.
Para los miembros del tribunal, fueron válidos los argumentos presentados por los abogados defensores Eduardo Barboza Orias y Leonel Villalobos Salazar, en el sentido de que había una falta de fundamentación en la sentencia y que durante el litigio no se logró demostrar que los implicados eran los propietarios del dinero, de las armas ni de los otros bienes.
Este fallo judicial trasciende ocho días después de que un tribunal penal de San José dictó sentencia absolutoria también por el delito de legitimación de capitales a favor de cuatro ciudadanos asiáticos, detenidos en el barrio chino, en el centro de San José, con más de $3 millones.
En un análisis revelado en el 2018, se determinó que entre el 2010 al 2016, las autoridades investigaron 2.044 alertas de operaciones sospechosas de lavado de dinero o legitimación de capitales pero solo 94 resultaron en condenas en los tribunales de justicia.
Duro revés. El caso de estos pescadores fue descubierto el 17 de julio del 2018 durante un allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a una moderna casa en Moín, de Limón, la cual por el frente tenía acceso a la carretera pública, pero por la parte de atrás había conexión con los canales de Moín.
En el inmueble y protegidas por una cortina de lona, las autoridades localizaron cuatro lanchas, dos vehículos estilo pick-up, cuatro motores fuera de borda, varios dispositivos GPS y más de 20 teléfonos celulares, además de $149.202 (¢856 millones) y ¢8,6 millones en efectivo y siete revólveres.
En aquella ocasión, se detuvo a un total de 15 personas. Cinco dijeron ser pescadores
cuatro de apellidos Molinar Molinar (panameño) y cuatro colombianos apellidados Moreno Barrios, Toro Gutiérrez, Rivas Álvarez y Torres Medrano. Desde el 26 de julio de ese año, permanecían en prisión preventiva.
En tanto, otros siete ticos de apellidos Sevilla (dos hermanos), Morales, Fernández, Matarrita, Matamoros y Chacón, y tres nicaragüenses apellidados Velázquez y dos de apellido Herrera quedaron libres pero con medidas cautelares. A las 15 personas, el Ministerio Público les atribuyó los delitos de legitimación de capitales y tenencia de armas.
En el juicio que concluyó el 18 de febrero, el Tribunal de Juicio de Limón condenó a los cinco pescadores a 10 años de prisión y absolvió a los otros 10 imputados.
“Hubo UNA MALA interpretación de la Prueba. los Mismos Policías Que Fueron Testigos en el juicio, dijeron Que No HABÍA FORMA de Poder determinar Que el dinero decomisado era de los imputados o Que Fue Producto de UNA TRANSACCIÓN ilegal”. Eduardo Barboza Abogado defensor
Dicha sentencia fue impugnada por los abogados defensores Barboza y Villalobos, quienes alegaron principalmente que la sentencia carecía de fundamentación y que no había elementos probatorios ni para llevarlos a juicio y menos para emitir una condena.
“Hubo una mala interpretación de la prueba. Los mismos policías que fueron testigos en el juicio, dijeron que no había forma de poder determinar de que el dinero decomisado era de los imputados o que fue producto de una transacción ilegal”, explicó Barboza.
El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea en el voto 220-1138 emitido anteayer, anuló la sentencia condenatoria y en aplicación del principio indubio pro reo, revocó la prisión preventiva de los cinco implicados y su inmediata liberación.
Los cinco foráneos quedaron a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería, pues estaban ilegales en el país.