Gobierno presenta plan para crear fondo de avales
››Firmas deben comprometerse a mantener el nivel de empleo existente
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para crear un fondo de avales, el cual facilitaría a las empresas afectadas por la crisis de la covid-19 acceder a financiamiento y, con ello, evitar que cierren y se genere más desempleo.
La ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, Pilar Garrido, explicó que son $300 millones que se ponen a disposición de las empresas golpeadas por la pandemia y la idea es emitir todos los avales en un espacio de 12 meses.
Un aval se genera por un tercero que responde ante la entidad financiera cuando el deudor no puede pagar.
Los avales son para respaldar a empresas o personas con proyectos productivos, que requieran crédito en las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Los préstamos pueden ser en colones o dólares.
“Se pueden usar (los avales) para reestructurar deudas existentes, para inversión o para capital de trabajo y las empresas por su lado, las beneficiarias de estos avales, cubrirían hasta 80% del total del crédito y tienen que comprometerse a mantener el nivel de empleo existente en el momento de adquirir ese aval y hacer su mejor esfuerzo para recuperar lo antes posible los empleados perdidos por la pandemia y restituir, o incluso ampliar, el empleo en el menor plazo posible”, explicó Garrido.
El proyecto supone, además, que las empresas productivas tengan una pérdida esperada de 10% por efecto de la pandemia; entonces, con esos $300 millones se pueden avalar $3.000 millones en créditos y con eso, suponiendo que un crédito promedio productivo ronda los $166.000 (unos ¢98 millones), alcanzaría para atender a 18.000 empresas, la quinta parte de las firmas del país, según Garrido.
Funcionamiento. En un comunicado conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el de Planificación, se detalla que el Fondo funcionará con un fideicomiso. El Ministerio de Hacienda será el fideicomitente y el Instituto Nacional de Seguros será el fiduciario.
“Un consejo rector determinará los criterios de selección de los avales y personas físicas o jurídicas que se beneficien, los porcentajes de pérdida esperada por actividad económica, el monto máximo de avales y garantías por cliente, así como por actividad económica”, señala el comunicado.
El plan se complementa con una propuesta que puso en consulta el Banco Central, el 4 de julio, para crear una línea de crédito especial por ¢700.000 millones para prestar a los hogares y empresas más golpeados por la pandemia sanitaria.
Los recursos se prestarían a los intermediarios financieros (bancos y cooperativas, por ejemplo) a un plazo de cuatro años con un interés de tasa de política monetaria, actualmente en 0,75%, más una prima de cinco puntos base (0,05%). En total, la tasa sería de 0,80% al día de hoy.
Lineamientos. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios emitieron un comunicado en el cual señalaron algunos lineamientos para este fondo de avales.
Entre esos lineamientos, los congresistas propusieron financiar el fondo con recursos externos ya contratados para que el Gobierno no adquiera nuevos créditos y que los avales cubran hasta el 80% del saldo expuesto por operación de crédito individual.
Además, que el compromiso de las empresas beneficiarias del aval sea mantener el nivel de empleo que en ese momento sostengan, e incrementen el nivel de empleo futuro conforme sus flujos de caja se recuperen, y que el fondo permita reorganizar las obligaciones de crédito o préstamos financieros a plazos superiores a cinco años para pequeñas, medianas y grandes empresas.
La expectativa del Banco Central de Costa Rica es tener los recursos disponibles a finales de este mes y, por ello, la jerarca de Planificación espera que también el proyecto de avales pueda ser aprobado en ese mismo lapso.
Con estas iniciativas, el Gobierno espera frenar el cierre de empresas por la pandemia de la covid-19, así como el creciente desempleo, el cual, en el segundo trimestre del año, ya alcanzó a casi uno de cada cuatro trabajadores.