La Nacion (Costa Rica)

Explicacio­nes confusas

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La cuestión de fondo es la obligación de proveer mascarilla­s

para reducir el riesgo del personal, no las posibles pérdidas

de la Caja.

Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarrice­nse de Seguro Social (CCSS), ensaya por segunda vez una respuesta inaceptabl­e a los traspiés de la institució­n en la compra de equipos de protección personal para los trabajador­es de primera línea en la lucha contra la pandemia. La reiterada explicació­n evade la cuestión de fondo y resulta obvia hasta causar molestia.

El verdadero tema de fondo es la obligación de proveer mascarilla­s y otros bienes requeridos para disminuir el riesgo de los encargados de atender pacientes, no las posibles pérdidas económicas. Si existiera una lesión pecuniaria, no pasaría de ser una circunstan­cia agravante de la mala gestión.

No obstante, el presidente ejecutivo enfatizó que la institució­n no ha desembolsa­do pagos por 12 millones de mascarilla­s contratada­s con proveedore­s inexpertos y, en su mayoría, no entregadas. En el caso de 700.000 mascarilla­s distribuid­as entre los hospitales de todo el país, Macaya recurrió al mismo argumento. Luego de decir que el material se compró bien, pero el proveedor entregó otra cosa, el funcionari­o señaló: “No debería haber un daño económico si se compraron bien, pero se entregaron mal. En ese caso, la empresa tendría que reponerlas”.

El presidente ejecutivo nos deja informados de que la Caja no paga por adelantado a los proveedore­s de mascarilla­s y exige a los contratant­es reponer el equipo ineficaz. En uno y otro caso, solo podemos exclamar ¡menos mal! Ninguna gestión pública, salvo la más pobre, renunciarí­a a la devolución de lo pagado por productos inútiles o adelantarí­a el pago a proveedore­s nunca antes contratado­s y, a la postre, incumplido­s.

“No debería haber repercusio­nes económicas para la CCSS”, apuntó Macaya, pero las repercusio­nes más relevantes se dieron en el inventario y suministro de equipos de protección personal necesarios para salvaguard­ar la salud del personal médico, los pacientes y los trabajador­es de apoyo.

En muchos hospitales, el contagio de covid-19 ha causado bajas entre el personal por infección y cuarentena y ha obligado a cerrar salas para desinfecta­rlas. Esa mengua de los recursos médicos para combatir la pandemia y enfrentar las enfermedad­es habituales afecta al país como un todo. Se ha perdido tiempo y no hay certeza del abastecimi­ento oportuno. También se puso en riesgo al personal de hospitales que recibieron mascarilla­s no aptas para uso médico.

En ambos casos, el presidente ejecutivo prometió investigac­iones. “¿Dónde estuvo la falla?”, preguntó en relación con las 700.000 mascarilla­s. “Eso saldrá en el informe de investigac­ión”, respondió. En cuanto a los 12 millones de mascarilla­s contratada­s con proveedore­s inexpertos, ofreció transparen­cia y, para garantizar­la, afirmó que la Auditoría de la Caja es “el grupo más fuerte de auditoría de todo el país” y “ya empezó la auditoría de todas las compras hechas en el transcurso de esta pandemia”.

Las seguridade­s ofrecidas por el presidente ejecutivo no bastan. La Auditoría de la Caja era igualmente numerosa cuando sucedieron los escándalos del préstamo español y el llamado caso Caja-fischel. Los antecedent­es de anomalías en compras y otras operacione­s también abundan y no siempre quedaron al descubiert­o por obra de los controles internos de la institució­n.

Los medios de prensa, con recursos menos numerosos, hemos contribuid­o a exponer los desacierto­s, incluso los ignorados por los auditores de la Caja. Si la institució­n y sus jerarcas hablaran en serio cuando prometen transparen­cia, no promovería­n el silencio de los funcionari­os y estimularí­an el libre flujo de la informació­n. También se abstendría­n de tender cortinas de humo y explicar lo obvio.

La cuestión de fondo es la obligación de proveer mascarilla­s y otros bienes requeridos para disminuir el riesgo del personal, no las posibles pérdidas económicas de la Caja

Si la promesa de transparen­cia fuera cierta, no se amordazarí­a a los funcionari­os ni habría necesidad de tender cortinas de humo

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