Directiva devuelve informe por dudas
La Junta Directiva de la CCSS conoció un primer informe de la Auditoría Interna sobre el lote de 700.000 mascarillas de uso no médico que llegaron a hospitales, pero algunos puntos no estaban claros, por lo cual, dieron una semana más a los auditores para explicarlos.
José Luis Loría y Mario Devandas, confirmaron a La Nación, por separado, que recibieron el reporte.
“La Junta Directiva conoció el informe de la Auditoría Interna sobre las mascarillas no médicas y pidió una ampliación del informe para esta semana que se inicia”, aseveró Loría, quien es representante del movimiento cooperativista en la Junta.
Así, sería este jueves 13 que los directivos volverían a conocer el resultado de la investigación de por qué estos productos llegaron a hospitales, pese al riesgo de contagio que implican para el personal médico que tiene contacto directo con pacientes contaminados por la covid-19.
Las compra de mascarillas tiene abiertos varios flancos de investigación interna.
El primero, el de las 700.000 de uso no médico. El segundo, otro lote de cubrebocas de uso industrial, no médico, que llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México, y también a salas de cirugía, donde enfermeros y médicos los utilizaron dos días, según la denuncia del sindicato de enfermeros.
El tercer flanco de investigación es la adjudicación de una compra de 12 millones de mascarillas, por $4 millones. Una investigación de La Nación reveló que la CCSS entregó esos dos contratos, el 27 de mayo, a un contador público y a MR Comunicaciones Políticas, una empresa de asesorías en comunicación y mercadeo, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz, a pesar no contar con experiencia en el suministro y distribución de equipo médico.
De los 12 millones de mascarillas, el seguro social solo ha recibido el 17,5%; en el caso MR Comunicaciones Políticas no entregó ni una mascarilla y la Caja empezó la disolución del contrato.
MR Comunicaciones Políticas ganó, entre abril y junio, tres contratos con la CCSS por $3,5 millones para gorros descartables, mascarillas y respiradores KN95.
Tras la publicación de este periódico, el Ministerio Público abrió una investigación para precisar las condiciones de la contratación.
En paralelo, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público también iniciaron pesquisas.
Los congresistas convocaron a los adjudicatarios: David Landergren y Miren Martínez.
Además, incluyeron en la lista a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS; Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, y Hans Vindas Céspedes, asesor legal de esa gerencia quien intervino en el proceso cuando una comisión técnica rechazó la oferta de los dos proveedores inexpertos.
También aparecen los miembros de esa comisión técnica que evaluó las ofertas presentadas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
Se trata de Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, quienes en un primer informe rechazaron los tapabocas propuestos y en un segundo informe los avalaron sin detallar por qué cambiaron de criterio.
Correo eléctrónico. La Nación
también dio a conocer que Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, intercedió por Martínez Ruiz ante el Ministerio de Salud para la gestión de una supuesta donación del gobierno chino para combatir la pandemia.
La acción del gerente de Logística ocurrió mientras MR Comunicaciones Políticas concursaba por un primer contrato de $1,3 millones para suministrar respiradores KN95. Una semana después, resultó favorecida con la contratación.
“Pareciera que, efectivamente, no es lo más feliz que eso haya sucedido de esa manera. Ahora, hay que valorar los alcances de esa decisión, si la donación se dio, si eso, de alguna u otra manera interfirió en el proceso de adjudicación de alguna compra”, expresó Mario Devandas, quien representa a sindicatos en la Junta Directiva.
Por su parte, Loría subrayó que ese tipo actos no parecen correctos.
También se consultó a Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS.
“En este momento están en proceso investigaciones de la Auditoria Interna, la Contraloría General de la República, la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa y del Ministerio Público. Por respeto a estos procesos el presidente ejecutivo no aa a emitir la opinión que usted solicita”.
La intermediación de Porras quedó evidenciada en una cadena de correos suministrados por el Ministerio de Salud, tras consulta de La Nación.
La Embajada de China en Costa Rica desmintió, el viernes anterior, que utilice intermediarios para ofrecer donaciones.