Defensoría declaró ‘confidencial’ oficio enviado a contralora Acosta
El despacho de la defensora, Catalina Crespo, declaró confidencial, en el sistema informático interno de la Defensoría de los Habitantes, un documento que la jerarca usó como fundamento para suprimir el Consejo de Directores de la institución.
Se trata del oficio DH-5482020 que Crespo le envió el 21 de julio a la contralora general, Marta Acosta, para pedirle información sobre la normativa que regula el quehacer del Consejo Consultivo de la Contraloría.
Según el oficio de Crespo, la intención era “mejorar el funcionamiento del Consejo de Directores” de la Defensoría, justo después de que este órgano le solicitó la renuncia por considerar que violentó el macroproceso de investigación en el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y que afectó la credibilidad de la institución.
Dentro de la Defensoría, existe un sistema electrónico de transparencia, donde se cuelga la correspondencia del despacho de la defensora, a fin de que los funcionarios tengan acceso a las consultas que salen de la oficina de la jerarca de la entidad.
No obstante, este oficio sobre el Consejo de Directores, dirigido a la CGR, no pudo ser conocido por el personal debido a la calificación de “confidencial” que se le otorgó.
Cuando un documento es declarado confidencial, este no puede ser visto por ningún funcionario. Esta categoría se aplica a aquellos casos que manejan datos sensibles de personas o denuncias en que se debe proteger la identidad del denunciante.
La Nación tuvo acceso a imágenes del sistema informático donde se evidencia que el oficio dirigido a la contralora tenía la etiqueta de confidencial pese a no poseer información sensible. El personal no tuvo acceso al documento y, el 3 de agosto, Catalina Crespo publicó en La Gaceta un acuerdo con el que reformó el Estatuto Autónomo de la Defensoría de los Habitantes y le quitó todas las funciones al Consejo de Directores, dejándolo sin voz ni voto.
Así, el Consejo ya no podrá tomar acuerdos y se limitará a ser un órgano asesor de Crespo, en el cual solo participarán los funcionarios de alto nivel que la defensora escoja.
Una vez conocido el cambio, la defensora argumentó que la respuesta de la contralora permitió “zanjar una serie de dudas y cuestionamientos que se habrían generado durante las últimas semanas en nuestra institución, por lo que mediante acuerdo N.° 2290, se decidió modificar el artículo 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización”.
No obstante, el 6 de agosto, la Contraloría General de la República (CGR) desmintió el argumento esgrimido por la defensora de los Habitantes. Mediante un comunicado de prensa, la Contraloría aclaró que “no ha emitido criterio alguno” sobre la organización interna de la Defensoría.
Aunque Crespo insistió en que se basó en la respuesta de la contralora para tomar su decisión, por ser una institución homóloga, la CGR sostuvo: “No es responsabilidad del órgano contralor ni su competencia dar criterio sobre dicho tema; de modo que las decisiones que haya tomado la defensora no se basan en ningún criterio generado por la Contraloría”.
El lunes, La Nación consultó al despacho de Crespo sobre el funcionamiento del sistema de transparencia y pidió que se le compartiera el oficio enviado a Acosta. Para entonces, la consulta a la contralora seguía catalogada como confidencial en el sistema informático. Ayer, este diario tuvo acceso a documentos que comprueban que se generaron cambios recientes, ya que ahora, pese a seguir como confidencial, el documento que Crespo le envió a Marta Acosta aparece colgado en el sistema. Al cierre de edición, el oficio no fue entregado a este medio.