Desvío de la Defensoría
La creación de
La reforma de Catalina Crespo, sin intervención de despachos normalmente consultados, le da un ámbito de acción excesivo.
la Defensoría de los Habitantes es consecuencia del compromiso del país con los derechos humanos. Como magistratura de influencia, su valor debió crecer con el tiempo y la buena práctica, pero no todos los jerarcas han comprendido las funciones de la institución y ajustado su conducta a las exigencias del cargo.
El ámbito de acción de la Defensoría es amplio y siempre existirá la tentación de extenderlo demasiado. La institución no fue creada para interferir en la conducción de la política fiscal o hacendaria. Tampoco le competen las decisiones de comercio exterior. No obstante, en diversas oportunidades, ha intervenido en debates sobre políticas públicas cuya naturaleza no es propia de sus funciones. Eso la ha aproximado al fragor de la política partidaria donde ninguna magistratura de influencia puede sobrevivir.
En todos los casos es perfectamente posible argumentar afectación de los derechos humanos o incidencia en las libertades fundamentales. Prácticamente no hay aspecto de la política pública al cual no se le pueda atribuir, con razonamientos más o menos directos, injerencia en esos derechos y libertades, pero la Defensoría no existe para intervenir en todo, a voluntad de sus jerarcas.
El amplio ámbito de acción y la facilidad con que puede ser extendido para abarcar el tema del momento, a menudo tienta a los defensores y los llama a incursionar en áreas de donde la institución sale debilitada, tanto como la figura de su jerarca. Los defensores deben ejercer la autocontención para no caer en esa trampa.
La Defensoría brilla cuando exhibe independencia y dedicación al resguardo de los derechos ciudadanos, entendidos de la forma más concreta. La historia de la institución es una sucesión de altibajos dependientes de la fidelidad o el alejamiento de esas normas de conducta. La inconsistencia ha impedido el fortalecimiento continuo de una institución ayuna de poder coercitivo, salvo la fuerza moral propia de pronunciamientos insospechables, ajustados a las funciones encomendadas por ley.
Por eso causa preocupación la inconsulta reforma del principal manual de procedimientos de la entidad para incluir un “sin embargo”, que deja en letra muerta la intención de definir un ámbito de aplicación bien delimitado para las “estrategias de defensa de derechos e intereses” tutelados por la Defensoría.
El nuevo artículo segundo del manual, impulsado por la defensora, Catalina Crespo, sin intervención de los despachos normalmente consultados, permite a la jerarca, en lo no previsto por el reglamento, ordenar “la investigación que juzgue conveniente para el establecimiento del asunto sometido a su conocimiento” y de conformidad con la Ley General de la Administración Pública “revisar en cualquier momento lo actuado” por los directores “así como emitir directrices de procedimiento y lineamientos de fondo de acatamiento obligatorio para asegurar un abordaje integral, interdisciplinario y uniforme en la atención de los casos y temas”.
Aunada a la también inconsulta disolución del Consejo de Directores para sustituirlo por un nuevo organismo integrado por designación de la defensora, con funciones disminuidas, sin voz y sin voto, la reforma concentra en la jerarca un poder excesivo. Es justamente el tipo de exceso ante el cual la Defensoría debería erguirse en protesta. No en vano 82 funcionarios de la institución, además del disuelto Consejo de Directores, piden la renuncia de Catalina Crespo.
La sangría del prestigio e influencia de la Defensoría de los Habitantes nunca fue tanta, ni siquiera en los momentos más polémicos de sus antecesores, con la única excepción de las circunstancias que obligaron a la renuncia de Ofelia Taitelbaum, pero, aun en ese caso, la protagonista supo identificar el momento de abandonar el cargo.
La reforma impulsada por la defensora, Catalina Crespo, sin intervención de los despachos normalmente consultados, le permite un ámbito de acción excesivo
La sangría del prestigio e influencia de la Defensoría de los Habitantes nunca fue tanta, ni siquiera en los momentos más polémicos