Caja aprovecha sus inexactitudes para atacar a ‘La Nación’
La historia surgida de explicaciones de la CCSS, aun si las aceptamos sin discutirlas, es alarmante y contradictoria.
La historia surgida de las explicaciones de la institución, aun si las aceptamos sin discutirlas, es alarmante y contradictoria
Dice haber invocado el interés público para recibir 700.000 mascarillas en razón de un defecto subsanable, no descrito en el expediente, y no por el más grave
Afirma la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no supo, desde el primer momento, del carácter no médico de 700.000 mascarillas distribuidas a centros médicos de todo el país. El producto fue recibido por razones de “interés público”, según consta en el expediente, pero esa motivación, dice el presidente ejecutivo, Román Macaya Hayes, se refiere a la falta de correspondencia entre el medio de sujeción pedido (tiras de amarre) y el entregado (ligas).
Las mascarillas de amarre son más cómodas, pero, en virtud del desabastecimiento, esa no sería razón suficiente para rechazar las de sujeción con ligas. El motivo de rechazo y retiro del producto es la indicación de que no es para uso médico; sin embargo, manifiesta la Caja, de eso se enteró después, cuando los hospitales señalaron el defecto, y no al inicio, cuando recibieron el material, como señaló una información de este diario.
La explicación, señala Macaya, se encuentra al dorso del folio 77 del expediente. El presidente ejecutivo mostró una nota, escrita a mano y sin fecha, que no figura en el expediente facilitado a La Nación por la Caja. La nota, entregada el martes por Macaya, no hace referencia alguna a tiras o ligas. Afirma, contundentemente, que el producto recibido no se corresponde con el código 2-97-01-0150.
Ese código, según la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Implementos y Equipo Médico Quirúrgico de la Caja, corresponde a “Mascarilla quirúrgica descartable”, cuya descripción en el manual sí menciona “cuatro bandas de sujeción” que terminen en cuatro extremos y estén adheridas por ultrasonido u otra tecnología que asegure el no desprendimiento.
La Caja, según la nota revelada el martes, recibió el producto sabiendo que no se trataba de las mascarillas quirúrgicas desechables descritas por el código 2-97-01-0150. Por el contrario, recibió y distribuyó, como es público y notorio, por admisión de la propia institución, mascarillas no aptas para uso médico, claramente rotuladas, en inglés, como non-medical. En ninguna parte del expediente se explica que la aceptación del producto se hizo a pesar del método de sujeción a la cara y ese argumento apenas surge a la luz el martes pasado.
Por el contrario, cuando la institución rechazó otros dos lotes del mismo proveedor, luego de las protestas de los centros médicos por el envío de mascarillas non-medical, elaboró un listado de los motivos y en ninguna parte mencionó el mecanismo de sujeción, salvo para señalar que las ligas se desprenden fácilmente.
Es curioso que un documento de rechazo, cuya contundencia evitaría la posibilidad de reclamos posteriores, no manifieste insatisfacción por la falta de tiras, aunque añade otras objeciones: el oferente remite dos marcas distintas a las recomendadas, los documentos estaban en chino y las muestras no son de mascarillas médicas. Al ampliar ese último punto, el informe menciona las quejas por la rotulación non-medical de las primeras 700.000 y añade que son de un tercer proveedor, distinto de los otros dos y diferente, también, del recomendado.
Tampoco el presidente ejecutivo había hecho alusión, antes del martes, a los mecanismos de sujeción como defecto subsanable, que justifique la aceptación por interés público y desabastecimiento. El 13 de julio declaró: “El informe (…) de la gerencia de Logística no es que se compraron mal. Se compraron, en buena teoría, de acuerdo con las especificaciones. Fue que se entregaron sin ver que tenían una rotulación que decía non-medical”.
Eso fue todo. Ni una palabra dedicó a los demás errores de la compra, señalados en el momento del rechazo de los dos últimos lotes, el 8 de julio, y mucho menos a la reciente explicación de las deficiencias del mecanismo de sujeción como motivo para invocar el interés público al recibir las mascarillas, según la Caja, a sabiendas de la ausencia de tiras, pero con desconocimiento de su inutilidad médica, pese a la clara rotulación.
Otro tanto había hecho, el 12 de julio, Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, quien atribuyó lo sucedido a un “error material en la inspección de la rotulación de la caja de empaque”. Ninguna alusión a las ligas ni explicación alguna para la aceptación de las mascarillas sin estas.
Porras más bien minimizó los problemas y aseguró que los cubrebocas pasaron pruebas de control de calidad, incluidos exámenes de permeabilidad, funcionalidad, tensión mecánica y corte, para asegurar la presencia de tres capas protectoras. No obstante, la Auditoría de la institución, descrita por Macaya como “el grupo más fuerte de auditoría de todo el país”, no encontró evidencia de esas pruebas de calidad. Si se hicieron, habría que preguntar cómo aprobaron unas mascarillas destinadas a usos no médicos.
En suma, ni en el expediente ni en las declaraciones de los funcionarios a lo largo del mes surgió, antes del martes, la atribución del interés público para recibir las mascarillas sin el mecanismo de sujeción mediante ligas. La nota revelada el martes y ausente del expediente enviado a La Nación afirma que el producto recibido por desabastecimiento e interés público no se corresponde con el código 2-97-01-0150, es decir, no son mascarillas quirúrgicas desechables con las características apuntadas en el manual. Efectivamente, no lo son. Si fueran quirúrgicas, serían para uso médico.
Cuando a Macaya se le preguntó por qué no había dado la explicación con anterioridad, respondió: “Las preguntas surgen de donde surgen, y surgen en vivo y a todo color. A veces no se mencionan las cosas”.
Más allá de eso, la historia surgida de las explicaciones de la Caja, aun si las aceptamos sin discusión, es alarmante: en plena pandemia, admiten la entrega de 700.000 máscaras rotuladas no aptas para uso médico, sin notar la clara advertencia en el empaque, no obstante la aplicación de minuciosas pruebas de calidad, de las cuales la Auditoría no halló rastro. La única disconformidad fue con las ligas, en lugar de tiras de amarre, por lo cual recibieron el material invocando el interés público y el peligro de desabastecimiento. Sin embargo, solo dejaron constancia de que el producto no corresponde al código 2-97-01-0150, es decir, no son las mascarillas de uso quirúrgico pretendidas inicialmente. Un mes más tarde, aclaran que la falta de correspondencia entre el código y el producto no fue anotada por la falta de aptitud para usos médicos, sino por el mecanismo de sujeción, menos cómodo que el pretendido originalmente.
Pese a la prisa alegada para justificar la recepción de las mascarillas, el peligro de desabastecimiento no fue conjurado porque, apenas las distribuyeron, el personal médico enfrentado a la covid-19 protestó. Ellos sí notaron el rótulo que los laboratoristas no lograron ver durante su exhaustivo examen del producto. Casi de inmediato, las mascarillas fueron retiradas y otras dos entregas, rechazadas, no por el mecanismo de sujeción (salvo la tendencia al desprendimiento de la liga), sino por no ser de uso médico, de conformidad con las denuncias recibidas de los hospitales y, ahora sí, por la rotulación de las cajas nunca antes advertida pese a los minuciosos exámenes practicados.
Luego de atribuirlo todo a la falta de lectura de la rotulación, la entidad dice haber invocado el interés público para recibir las 700.000 mascarillas en razón de un defecto subsanable, no descrito en el expediente, y no por el más grave, cuya existencia representaba un serio riesgo para el personal médico. La Nación debió adivinarlo, aunque se le entregara un expediente omiso, y la pieza ausente más bien confirme que las máscaras recibidas no son las descritas en el código 2-97-01-0150, es decir, no son quirúrgicas, como consta desde el primer momento.