Directivos ordenan abrir órgano para investigar compras de mascarillas
Luego de una larga sesión, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó la apertura de un órgano director para investigar y establecer eventuales sanciones por supuestas irregularidades en millonarias compras de mascarillas.
Así lo confirmó anoche la oficina de prensa, la noche de este jueves.
Como parte de la decisión, la Gerencia General deberá entregar a los directivos de la CCSS un reporte con las medidas tomadas sobre este asunto el 20 de agosto.
En el centro de los cuestionamientos está la adquisición de 12 millones de tapabocas por $4 millones a David Landergren Castro, un contador público y MR Comunicaciones Políticas, una empresa dedicada a asesorías en comunicación y mercadeo.
La adjudicación de millonarios contratos al contador y la periodista fueron revelados por La Nación el 4 de agosto.
Precisamente, este jueves compareció ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público,
el gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras Mélendez.
Los legisladores cuestionaron a Porras por nombrar, como su asesor, a Hans Vindas Céspedes, un funcionario que enfrentó, años atrás, procesos judiciales y administrativos por supuestas compras irregulares de medicamentos. Incluso estuvo suspendido con goce de salario por cuatro meses.
Además, la Junta Directiva ordenó a la Gerencia General la contratación de una auditoría externa para revisar todos los procesos de contratación realizados durante la pandemia.
El Sindicato Nacional de Enfermerías y Afines (Sinae) ha cuestionado, en diversos medios de prensa, la rigurosidad, confiabilidad e independencia de la Auditoría Interna de la Caja.
La Auditoría Interna está a cargo de Ólger Sánchez Carrillo, nombrado en ese puesto desde febrero anterior.
Por último, los directivos le otorgaron a la Gerencia General un plazo de 30 días para presentar una propuesta que le permita a la Caja ingresar al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La CCSS es una de las entidades que ha presentado mayor resistencia a ingresar a esa plataforma, la cual permite monitorear en tiempo real los procedimientos de contratación.