Absurda protesta de autobuseros

La paciencia es puesta a prueba: se ordena operar con 20 % de buses, pero con el 100 % de ocupación.

El 28 de julio un grupo de autobuseros se manifestó en la capital mediante el tortuguismo y la restricción del tránsito, violando las libertades individuales y mostrando poca consideración por la población obligada a desplazarse hacia otros cantones para trabajar. Su actitud no debería sorprendernos, pues es tradición de ciertos gremios obtener por la fuerza sus más caros deseos pecuniarios.

De acuerdo con los empresarios, el gobierno debe desistir del tren eléctrico de pasajeros, no con el fin altruista de limitar el endeudamiento público, sino para darles como regalo los $508 millones del crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Hagamos a un lado la poca probabilidad de que el BCIE gire los fondos con ese propósito. Ese es apenas el primer absurdo del planteamiento.

Se puede estar de acuerdo con el proyecto del tren o no, pero oponerse porque disminuiría la cantidad de unidades en circulación es una pretensión ilegítima y, de nuevo, carente de sentido. Esa es, precisamente, una de las ventajas de la iniciativa. Además, no quedan del todo claras las razones aducidas para justificar la obtención de un tratamiento privilegiado sobre el resto de la población, cuando otros sectores están totalmente paralizados por las medidas sanitarias tendentes a contener la pandemia y, por tanto, en peores condiciones financieras.

Los usuarios del transporte público soportan un significativo sacrificio al disminuir la calidad del servicio debido a la autorización del Consejo de Transporte Público de reducir frecuencias e itinerarios para compensar la caída de la demanda. La paciencia de los costarricenses es puesta a prueba porque se ordena operar con el 20 % de las unidades, pero con el 100 % de ocupación. En el contexto pandémico, debería ser a la inversa. Ningún otro prestador de servicio público ha recibido un beneficio similar.

Según manifiestan los autobuseros, también han reducido jornadas y suspendido contratos de trabajo. El uso simultáneo de estos instrumentos podría exceder la disminución de sus ingresos. Pero es imposible conocer la realidad con precisión porque el país no cuenta con instrumentos objetivos e independientes para medir el cambio en el movimiento de pasajeros.

La implantación de un sistema integrado y centralizado de pago electrónico habría sido ideal para contar con información fidedigna, pero el esquema está prácticamente empantanado. En los últimos siete años, se ha avanzado poco en la materia. La única información disponible proviene, en abrumadora mayoría, de los propios prestadores del servicio, y la posibilidad de verificación es muy limitada.

Sin tener datos tan cruciales, no puede determinarse si este grupo es candidato a recibir ayuda perentoria, como pretende. Por principio, todos los sectores deben recibir el mismo trato. Esgrimir el argumento de su relación contractual con el Estado para reclamar “herramientas para afrontar la crisis económica” es desafortunado, especialmente porque no hay muestras fehacientes del cumplimiento de su parte de las obligaciones derivadas de esos mismos contratos.

Una muy básica es que la ley manda llevar a cabo un concurso público cada siete años para el otorgamiento o renovación de concesiones, pero nunca se ha cumplido. El próximo año corresponde la convocatoria; sin embargo, no se nota mayor interés de autoridades o empresarios por promoverla a fin de evitar incumplir el mandato legal una vez más. Esta sería una oportunidad propicia para cada empresario de mostrar su verdadera situación financiera y fijar las condiciones necesarias para una operación rentable.

Ciertamente hay algunos autobuseros con ingresos precarios, en rutas poco rentables por diversas razones. Los verdaderamente pobres son una minoría y merecen apoyo, pero en condiciones de igualdad con los casi 600.000 trabajadores sin empleo o los comerciantes y prestadores de servicios al borde de la quiebra. Una parte considerable de los autobuseros está lejos de esa situación. Un buen comienzo sería la solidaridad dentro del mismo grupo para ayudar a los perjudicados.

Según los empresarios, el gobierno debe desistir del tren eléctrico de pasajeros, no para limitar el endeudamiento público, sino para darles como regalo los $508 millones del crédito

La paciencia de los costarricenses es puesta a prueba porque se ordena operar con el 20 % de las unidades, pero con el 100 % de ocupación. En el contexto pandémico, debería ser a la inversa