El fondo de avales exige estudio
El objetivo de un fondo estatal de avales es incentivar a las entidades financieras.
Dado el altísimo nivel de desempleo y subempleo, en mucho a consecuencia de las medidas de salud pública adoptadas para controlar la transmisión del virus causante de la covid-19, la necesidad de reactivar de manera ordenada la economía y apoyar a las empresas necesitadas de crédito productivo adquiere una importancia capital. La propuesta del gobierno para la creación de un fondo estatal para otorgar avales a préstamos concedidos por intermediarios financieros a empresas cuyas actividades resultan afectadas por la pandemia merece estudio.
El objetivo de un fondo estatal de avales es incentivar a los bancos comerciales y a otras entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para que conceden crédito a empresas dañadas temporalmente por la pandemia, pero financieramente viables. Está claro que el aval del Estado no debe reducir en lo más mínimo el interés de los concedentes de crédito en hacer una eficaz prospección y selección de sus clientes. Un esquema de avales mal concebido podría alimentar el riesgo moral e introducir ineficiencia en el sistema.
Una primera condición para la operación eficaz de un fondo de avales, como el sometido por el Poder Ejecutivo a conocimiento de la Asamblea Legislativa, es la incorporación de un deducible razonable, de un 20 % o 25 % de las pérdidas objeto de la cobertura, para que sean asimiladas por las entidades financieras. Pero eso no basta. También conviene un coaseguro de por lo menos un 5 % de todas las pérdidas, como estímulo para que los acreedores no cesen en su esfuerzo de cuidar la calidad de sus carteras.
Un fondo de garantía, a diferencia de un seguro comercial típico, tiene un límite superior ($300 millones, en este caso). Si en algún momento los pagos con cargo al fondo se agotan, la protección estatal cesa, contrario a los seguros típicos, los cuales pagan aunque las pérdidas superen las estimadas actuarialmente. Esta es la razón por lo cual es necesario dejar claramente establecida en la ley la forma en que procederá el fondo de avales en un supuesto como el citado: ¿Pagará conforme con la regla “primero en tiempo, primero en derecho” o lo hará a prorrata? La primera es una medida fácil de poner en práctica, pero encierra una dosis de inequidad. La segunda es equitativa, pero muy difícil de administrar.
Eso explica por qué los fondos de cobertura de riesgos, particularmente los de aporte estatal, se utilizan para cubrir eventos que afectan durante un período corto, como huracanes y riesgos de cosechas. El mecanismo facilita al ente administrador conceder indemnizaciones proporcionales a los daños sufridos por los beneficiarios y al tamaño del fondo. Mas, en este caso, unas empresas podrían obtener financiamiento a tres años, mientras para otras el plazo podría ser de siete o más, y la materialización de los riesgos cubiertos se daría en un periodo relativamente extenso. No es improbable que los primeros reclamos agoten el límite del fondo ($300 millones) y algunos entes financieros queden desprotegidos si el Estado no hace una nueva inyección de recursos.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, en entrevista con este medio, supone que las pérdidas previstas de las empresas con créditos amparados por el fondo serán un 10 % y, en consecuencia, con los $300 millones pueden avalarse $3.000 millones de créditos. Esto también significa que no habrá deducibles ni coaseguros, como los sugeridos. ¿Qué pasaría si las pérdidas superaran el 10 %?
Además, si la realidad se comportara como presupone la ministra Garrido, el fondo de avales se agotaría al vencimiento de los préstamos ahora concedidos; no sería un fondo de naturaleza permanente. La creación y, sobre todo, la puesta en operación de un fondo estatal de avales es, sin duda, un asunto muy delicado, que debe ser objeto de cuidadoso análisis profesional. Confiamos en que así será, pues en esto no bastan las buenas intenciones.
El objetivo de un fondo estatal de avales es incentivar a las entidades financieras supervisadas para conceder crédito a empresas afectadas temporalmente por la pandemia, pero financieramente viables
La creación y, sobre todo, la puesta en operación de un fondo estatal de avales es, sin duda, un asunto muy delicado, que debe ser objeto de cuidadoso análisis profesional