La Nacion (Costa Rica)

¿Y la competenci­a?

- Juan Carlos Hidalgo ANALISTA de POLÍTICAS PÚBLICAS jchidalgo@gmail.com

Cuando se escriban las reseñas de la administra­ción Alvarado, el oficialism­o querrá que la culminació­n del proceso de adhesión a la OCDE destaque como uno de sus principale­s legados. Sin embargo, varias decisiones en los últimos meses demuestran que, para este gobierno, París —donde tiene la sede dicho organismo– bien vale una misa.

Uno de los principale­s señalamien­tos que hace la OCDE en su último informe radica en las múltiples distorsion­es que afectan la competenci­a en el mercado nacional. Costa Rica tiene las peores métricas del club en ese apartado. Las consecuenc­ias, indica el estudio, son una baja productivi­dad, menor generación de empleo, deterioro en la distribuci­ón de ingresos y una reducción en el poder adquisitiv­o de los hogares más pobres. Dos regulacion­es sectoriale­s destacan por su carácter regresivo: la del arroz y la del azúcar. Como parte de la agenda de incorporac­ión a la OCDE, el gobierno impulsó la Ley de Fortalecim­iento de las Autoridade­s de Competenci­a, que establece dar más independen­cia y poderes a la Coprocom. En febrero, la ministra de Economía destacó este avance como una muestra del “deseo y voluntad del Poder Ejecutivo para fortalecer la competenci­a” y adoptar “las mejores prácticas internacio­nales”.

Tres meses después, la jerarca ignoró un criterio de la Dirección de Defensa Comercial del MEIC y elevó el arancel al azúcar importado del 45 % al 72,7 %, a pesar de que dicho informe técnico señalaba que no había ningún elemento para esa salvaguard­a. Dos meses luego, la misma ministra, y otros representa­ntes del gobierno, firmaron un acuerdo para mantener intacto el proteccion­ismo que goza el gremio arrocero, incluida la fijación del precio, posiblemen­te la política más regresiva en el país.

De poco sirvieron los viajes oficiales a París a exaltar las virtudes de la nueva legislació­n si meses después el gobierno aplica medidas que continúan promoviend­o las prácticas anticompet­itivas que la OCDE nos urge eliminar. La incógnita ahora es cuál será el impacto de la nueva Coprocom. Mucho depende de los comisionad­os que se escojan para liderarla. Si por la víspera se saca el día, el oficialism­o también la presentará como un logro, pero hará lo posible para minar su efectivida­d.

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