Contraloría avala a CCSS compras por ¢475 millones para pruebas de detección
Como ha ocurrido semana a semana desde el comienzo de la pandemia, la Contraloría General de la República autorizó a la CCSS dos nuevas compras urgentes.
La primera para la adquisión de un sistema de pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) automatizado para la detección de la covid-19, según informó el órgano contralor. La autorización es por un monto máximo de ¢475,5 millones.
Las gestiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fueron realizadas en dos oficios presentados el 27 y 28 de agosto, según la cual, aunque la institución ha realizado procedimientos de emergencia, “no han sido suficientes para satisfacer la necesidad existente”.
Estos insumos, según la normativa, debían ser adquiridos por cada unidad u hospital, no obstante, dada la emergencia, se determinó que conviene comprarlos a nivel central, para lograr “una mejor administración y distribución”.
En su nueva solicitud a la Contraloría, la Caja asegura que el Área Gestión de Medicamentos adscrita a la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios realizó el 14 de agosto de 2020, el análisis de razonabilidad de precios y se cuenta con el contenido presupuestario
necesario.
Otra más. La segunda compra aprobada es por un monto máximo de ¢212 millones para equipos que permitan habilitar las áreas de encamados del Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas, donde se utilizarán 200 espacios para pacientes con covid-19.
Se incluyen desde mano de obra para instalar un sistema de cámaras hasta pinzas, sondas y cerraduras.
Según información de la Gerencia de Infraestructura de la CCSS, dada a conocer la semana pasada, acondicionar y equipar ese centro médico costaría $4,5 millones, que se utilizarán para adquisiciones de urgencia, es decir, con mecanismos de excepción autorizados por el órgano contralor.
Actualmente, la Auditoría Interna de la entidad revisa las compras de emergencias, debido a cuestionamientos en procesos para adquirir mascarillas descartables, casos que incluso motivaron la apertura de una causa penal por parte del Ministerio Público y de una investigación por parte de la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.