Historia del caso

Este asunto tiene su origen en 1995, cuando empresas procesadoras y comercializadoras de carne decidieron unir recursos, para racionalizar la utilización de las plantas. La idea era adecuarlas a los requerimientos propios de la exportación de carne para afrontar los efectos negativos de las caídas cíclicas en los precios internacionales de ese producto. Fue así como Coopemontecillos, GISA y Empacadora de Costa Rica, decidieron crear la compañía Fomento Ganadero (Fogasa), en la cual cada una tenía una tercera parte de participación societaria. Según la sentencia 159-2015 del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda de San José, Fogasa adquirió un préstamo por $3,7 millones con el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). En el documento judicial, se establece que en caso de incumplimiento, cada una de las compañías se comprometió a pagar $1.233.333. Sin embargo, frente a Bicsa las firmas asumieron garantías diferentes, Coopemontecillos, $2.469.380; Empacadora de Costa Rica, $1.075.220 y, por último, Gisa, por $155.400. Previendo alguna eventualidad, la cooperativa suscribió con Miguel Ángel Rodríguez (como supuesto principal accionista de Gisa, pero actuando como fiador) y con el representante legal de GISA, Rafael Sequeira Garza, varios pagarés que, en conjunto, sumaban $1.077.633. Fogasa cerró operaciones en 1998 e incumplió el pago con Bicsa. Por esa razón, cada una de las firmas debió pagar las garantías que había ofrecido. En marzo del 2001, Coopemontecillos demandó civilmente a Rodríguez, en ese momento presidente de la República (1998-2002), como supuesto principal accionista de Gisa, así como a Sequeira Garza, el representante legal de dicha compañía, por el incumplimiento del pago de $1.077.633. Este asunto, luego de varias resoluciones judiciales, llegó a conocimiento del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda de San José, que el 27 de mayo del 2015 condenó a “Gisa y a Miguel Ángel Rodríguez a pagar $1.077.633, más intereses a partir del 18 de agosto del 2000 y hasta el efectivo pago del principal, más un 6%, los cuales serán liquidados en la fase de ejecución de sentencia”. El Tribunal Primero Civil de San José en ejecución de sentencia estimó la deuda en $3.342.301,20, tomando en cuenta los intereses.