Mal camino
Sin duda el camino al infierno está empedrado de bue‑ nas intenciones. Pero en política hay mucho más; por ejem‑ plo, demagogia. El proyecto para eliminar las pensiones de los expresidentes tiene un poco de ambas. Buenas in‑ tenciones, porque quizá sus proponentes de veras creen que reforzará el sentido repu‑ blicano y equitativo de nues‑ tra democracia. Demagogia, porque suena bien, y recibe aplausos, que todos seamos igualiticos, sobre todo quie‑ nes ejercen la presidencia cada cuatro años.
Sin embargo, de conver‑ tirse en ley, es muy probable que debilite, lejos de refor‑ zar, las prácticas y valores democráticos, en particular el sentido igualitario básico que debe animar las candida‑ turas presidenciales.
Muchos suponen que quie‑ nes llegan al cargo ya son ricos, se enriquecen en él o se harán ricos tras dejarlo. No ha sido así, y menos debe serlo. Repasemos la lista de sus ocupantes en las últi‑ mas décadas y veremos que muy pocos disponían de un sólido patrimonio al asumir el mando, y quizá menos lo utilizaron para enriquecerse durante o después de ejercer‑ lo. Más bien, la presidencia ha implicado una ruptura de carrera profesional, de nexos laborales y atención a actividades empresariales. Y reinsertarse en las diná‑ micas remunerativas al salir de Zapote, lejos de ser fácil, se complica, sobre todo si no hablamos de profesionales li‑ berales o empresarios.
En tales circunstancias, la pensión, cuyo ingreso neto actual es de ¢2,6 millones, no solo es un reconocimiento justo al ejercicio de la posi‑ ción institucional más impor‑ tante del país, sino también un instrumento para aplanar la cancha y que compitan en ella personas honestas y sin grandes recursos.
Quitemos la pensión, y correremos mayor riesgo de que solo entren o los muy ri‑ cos, que no la necesitarán; o los muy corruptos, que se ha‑ rán ricos; o los timoratos, que evitarán confrontar intereses de los que podrían depender tras volver a la llanura. Si a esto añadimos la modesta remuneración presidencial, la falta de residencia oficial y el creciente riesgo de acu‑ saciones penales frívolas que enfrentar sin apoyo estatal, el cerco se cierra aún más. No sé si los impulsores de la ley habrán pensado en esto. Si no, deberían hacerlo, pero si, a sabiendas, insisten, de buenas intenciones pasarán solo a demagogia.