¿Necesita San José un distrito más?
Un proyecto de ley pretende crear el Distrito Cívico del Bicentenario en un espacio de 15 kilómetros cuadrados, que abarcaría parte del Carmen y Catedral.
En su espíritu, el plan menciona la visión histórica —muchas veces intentada y nunca lograda— de ubicar los cuatro poderes de la República en un circuito cercano.
La iniciativa tiene varios problemas conceptuales. Comencemos por el nombre distrito, que genera confusión, pues ya está contemplada como unidad administrativa claramente establecida en el título XII de nuestra Constitución Política.
Los distritos están supeditados al régimen municipal y sus concejos de distrito son presididos por un síndico y sus concejales, elegidos por el voto popular.
Lo que nos lleva al segundo problema del proyecto: su gobernanza. La ley crearía un Consejo del Distrito Cívico del Bicentenario con representantes de los tres poderes, la municipalidad, las instituciones autónomas, de Patrimonio, el Museo Nacional y del Jade, y de alguna universidad dentro de la zona.
¿Cómo se seleccionarían esos representantes? Nadie sabe. ¡Flaco favor hacemos al bicentenario de la República estableciendo un distrito que carece de un proceso participativo!
La otra maravilla es que prevé la posibilidad de transferencias, legados, donaciones y aportes de quienes deseen colaborar en su sostenimiento… pero no tienen cabida en la mesa.
Redacción. El subtexto del proyecto es aún más preocupante. Da a entender problemas serios con la administración municipal de San José.
Si los cuatro poderes de la República necesitan inventarse un distrito para tener injerencia y ser escuchados por la administración municipal a fin de “convertirse en un modelo urbanístico de desarrollo sostenible y amigable con el ambiente, respetuoso de sus valores arquitectónicos y cultura históricos”, entre varias otras intenciones, ¡poca esperanza tiene la ciudadanía de exigir, incidir y tener una mejor capital!
Poca legitimidad tienen los representantes del Congreso en buscar “valores arquitectónicos”, dado el muy controversial —y me atrevo a decir generalmente odiado— nuevo edificio de la Asamblea. Me declaro abiertamente detractor.
Y, más allá de estas falencias, el proyecto hace caso omiso del esfuerzo hecho por la Cámara de Hoteles de San José y el Instituto Tecnológico de Costa Rica mediante el proyecto del Centro Histórico.
Hace también caso omiso de declarar la zona conjunto patrimonial, con el apoyo de la institucionalidad creada para ese fin.
Lo rescatable. El expediente, tal cual está planteado, es una ocurrencia. Desde su alcance geográfico improvisado y antojadizo hasta su planteamiento antidemocrático de gobernanza.
Lo que sí llama la atención es la lógica oportunidad de acercar la Casa Presidencial a los demás poderes.
En ese sentido, me inclino por devolver al edificio del Congreso construido en 1937 su vocación original de Casa Presidencial y, de paso, incorporar el Castillo Azul y el Colegio Sion al conjunto.
Sería un ejercicio más lógico para la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y un lugar mucho más apto para recibir delegaciones internacionales es el Castillo Azul.
Un proyecto pretende crear el Distrito Cívico del Bicentenario, cercenando Carmen y Catedral
De pasada, aprovechar el terreno de Zapote para desarrollarlo y reducir costos de alquiler de otras instituciones, o bien venderlo para dar un uso con mayor valor agregado a una zona residencial y comercial. Bastante valiosa sería esa liquidez para el Estado en la coyuntura actual.
Un verdadero proyecto pondría sobre el tapete nuevos mecanismos que faciliten una mejor asociatividad público-privada para la deficiente gestión del territorio.
Otras ciudades promulgaron legislación para la creación de Business Improvement Districts (distritos de mejoramiento de negocios) o zonas administrativas especiales que permiten hacer una cogestión de fondos municipales entre la comunidad, sus comercios y el sector público para el mejoramiento de una zona específica.
Bien y mucho más emblemático sería para el bicentenario dar cabida a la innovación para una gobernanza más eficiente, democrática, transparente y participativa.