Ley impulsada por Guido y Campos dejó millones a grandes arroceros
››uno de ellos fue presidente de ese órgano después de salir del congreso
En mayo del 2002, en las primeras semanas de la administración de Abel Pacheco, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Se trata de una ley impulsada en el Congreso durante el periodo 1998-2002 y, entre sus proponentes, se encuentran dos de los actuales organizadores de bloqueos que mantienen vías paralizadas en el país: Célimo Guido, en aquel momento del Partido Fuerza Democrática, y Óscar Campos, de Liberación Nacional (PLN).
Dos décadas después, los efectos de Conarroz en la producción nacional se han visto cuestionados.
“Se creó una organización que en el papel pintaba muy poderosa, pero, si ves las estadísticas, la situación del sector hoy es peor que ayer. Conarroz no ha podido hacer lo que la ley le dice que haga, todo lo contrario, ha bajado el área de producción, ha bajado la producción nacional, ha aumentado la cantidad importada y, además, la productividad apenas ha crecido levemente”, afirmó el economista Víctor Umaña.
Según el texto, el objetivo era “establecer un régimen de relaciones entre productores y agroindustriales de arroz, que garantice la participación racional y equitativa de ambos sectores en esta actividad económica”.
El plan también fue planteado por Rigoberto Abarca y Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Carlos Alberto Villalobos (PLN); Justo Orozco, de Renovación Costarricense, y Guido Vargas, del Partido Acción Laborista Agrícola (PALA).
En la sesión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del 24 de octubre del 2000, Campos le exponía a Tomás Dueñas, entonces ministro de Comercio Exterior: “La Corporación le da la posibilidad de mejorar la industria, creo que usted debe tener acceso a un informe reciente que se hizo de la industria arrocera del país, que es altamente ineficiente.
Entonces, tenemos que mejorar si vamos a meternos en una política arrocera a largo plazo”.
Un mes antes de la aprobación de la ley, en abril del 2002, Campos recibió en su despacho legislativo a arroceros que bloquearon Caldera para impedir la descarga de un cargamento de arroz importado.
Luego, la ley promulgada fijó que, si el Gobierno declara desabastecimiento de arroz, Conarroz puede importarlo sin pagar aranceles, el cual está actualmente en un 35%.
Dos años después de avalada la legislación, en el 2004, se dio un enfrentamiento entre productores e industriales por la administración de casi ¢3.000 millones en ganancias que dejó el arroz importado a un precio reducido de $147 la tonelada, pero vendido a $210 la tonelada gracias a la fijación por decreto del precio del grano en el país.
En aquel momento, la Contraloría General de la República cuestionó un decreto ejecutivo que autorizó el mecanismo para repartir ese dinero, lo que provocó que un 3% de productores se llevara más del 50% de los casi ¢3.000 millones.
Ese conflicto llevó a que cuatro representantes de los industriales renunciaran a la Junta Directiva de Conarroz, alegando también intromisión política en la entidad por el nombramiento del exdiputado Campos como vicepresidente.
Este último, después, asumiría la presidencia del Conarroz del 2006 al 2014.
Desbalance. Él mismo, poco antes de dejar su cargo en Conarroz, declaró a La Nación que cinco empresas acaparaban los beneficios del sector.
“Estuvimos pensando que era necesario que un gobierno le pusiera un poquito de pensamiento a eso. Sin embargo, eso es, bueno, afectar intereses grandes de unas compañías grandes, que no es fácil”, manifestó Campos en el 2014.
Las grandes ganancias por las importaciones han disminuido desde que se toma en cuenta el costo del arroz importado para fijar el precio al consumidor, lo que se conoce como el “precio mix”, el cual resulta en un valor menor.
De igual forma, la Corporación tiene la potestad de presentar datos al Gobierno para argumentar que la importación de arroz está afectando la producción local y así recurrir al método conocido como salvaguardia especial agrícola.
Este mecanismo consiste en aumentar el arancel a más del 35% y, aunque en el pasado ha generado reclamos de otros países, es aceptado a nivel internacional según el acuerdo de entrada del país a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En el 2018, el arancel sobre importación de arroz integral subió temporalmente a 46,67%, porque se estaban incrementando los inventarios nacionales disponibles.
Pese a esto, Umaña explicó que Conarroz aún no ha solucionado los problemas de producción en el país.