La Nacion (Costa Rica)

Diputados: Plan de empleo debe incluir a funcionari­os actuales

››Legislador­es del Pusc, PAC e independie­ntes plantearon cambios

- Josué Bravo josue.bravo@nacion.com

Diputados del PUSC, el PAC e independie­ntes propusiero­n incluir a los funcionari­os actuales en el esquema de salario global que se establecer­ía en la reforma al empleo público.

El proyecto de ley propuesto por el Gobierno excluye a los servidores actuales, pero entraron tres mociones para cambiar esa condición este martes, día en que se vencía el plazo para que los legislador­es plantearan cambios a la redacción del plan en la Comisión de Gobierno y Administra­ción.

Una moción la presentó el legislador Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); otra, Abarca junto a los independie­ntes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu, y la tercera la propuso Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El salario global consiste en una remuneraci­ón competitiv­a por sí sola, sin necesidad de los pluses salariales que disparan el gasto público conformen pasan los años.

Posibles modificaci­ones. Con las mociones propuestas, los funcionari­os que hoy ganen menos del futuro salario global tendrían la opción de emigrar voluntaria­mente al nuevo esquema en un periodo de seis meses.

Si el empleado no se acoge al traslado, continuará recibiendo la remuneraci­ón actual con pluses hasta que alcance el salario global de su categoría. A partir de ese momento, emigrará automática­mente al sueldo global.

Luego, recibirá aumentos por costo de vida, ya no por efecto de los incentivos.

En el caso de los funcionari­os actuales que superen el salario global, se les congelará el sueldo y solo podrán recibir incremento­s por el costo de vida, con el fin de que sean alcanzados por el nuevo esquema de pago y acoplarse a este.

Con este cambio se detendría, por ejemplo, el crecimient­o de la erogación pública en anualidade­s.

Aunque el cálculo de las anualidade­s fue cambiado en el 2018, al pasar de ser un porcentaje del salario base a un monto nominal (fijo), aún hay otros incentivos, como la dedicación exclusiva y la carrera profesiona­l, que hacen crecer por inercia el gasto, aunque a un ritmo menor.

Solo en el primer semestre de este año, el gasto en remuneraci­ones aumentó en ¢23.270 millones, al subir un 3%, aunque la inflación fue de 0,61%.

Las iniciativa­s de los diputados también sugieren respetar las convencion­es colectivas, siempre que estas se ajusten a los parámetros de legalidad y constituci­onalidad.

El mismo martes, el PAC, el Partido Liberación Nacional (PLN) y la independie­nte Zoila Volio presentaro­n un texto sustitutiv­o que también mantiene, así como la versión actual, un salario global solo para nuevas contrataci­ones.

Sin embargo, esa nueva redacción propuesta incluye a las empresas públicas en competenci­a, como el Instituto Costarrice­nse de Electricid­ad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los bancos estatales, que estaban excluidos en la versión original.

El oficialist­a Morales presentó su moción, que incluiría a los actuales servidores públicos, al filo de las 5 p. m., dos horas después de que presentó el texto sustitutiv­o junto con sus colegas verdiblanc­os y Volio.

El propio Morales había dicho la semana anterior que, como presidente del foro de Gobierno, no estaba interesado en reabrir la discusión sobre un salario para todos los trabajador­es estatales, actuales y futuros. Empero, apuntó que la discusión sigue abierta.

También, el presidente Carlos Alvarado había rechazado la idea de incluir a todos los asalariado­s en la reforma. Dijo que temía por eventuales demandas laborales contra el Gobierno si los trabajador­es apelan a derechos adquiridos.

Todas las mociones serían votadas el 20 de octubre, cuando sesione de nuevo el foro.

Independie­ntemente del resultado, las tres propuestas se acercan a lo sugerido por el abogado constituci­onalista Rubén Hernández, quien señaló que los empleados actuales sí pueden ser incluidos en la reforma al empleo público.

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Captura La Comisión legislativ­a de Gobierno y Administra­ción deberá decidir el próximo 20 de octubre si incluye en la reforma al empleo público, impulsada por el Gobierno, a los actuales funcionari­os.

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