Contraloría indaga gasto en fallida planta El Diquís
ICE destinó ¢88.000 millones a proyecto que nunca se concretó
Audiencia 2 de noviembre
Expresidente ejecutivo y cuatro personas más bajo investigación
Varado desde 2011
Fallo de Sala IV ordenó consulta indígena antes de seguir obras
Diez años después
Instituto desistió de plan en noviembre de 2018 por crisis en sus finanzas
La Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo a cuatro exfuncionarios y un trabajador actual del ICE para investigar el gasto de ¢88.557 millones (unos $146 millones) en la fallida planta hidroeléctrica El Diquís.
Se trata de Carlos Manuel Obregón Quesada, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de 2014 a 2018; el exgerente de Electricidad, Gravin Mayorga Jiménez; así como a un extrabajador de apellidos De la Cruz Malavassi, quien laboró en la Unidad Estratégica de Negocio del Centro Nacional de Planificación Eléctrica; y otro de apellidos Ávila Pérez, que estuvo a cargo del proyecto.
La lista de investigados la completa un funcionario de apellidos Varela Ramírez del área de Ingeniería y Construcción, de acuerdo con el expediente CGR-PA-2019008654, publicado en el Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda Pública de la CGR.
No trascendieron las razones por las cuales las pesquisas se dirigen contra estas personas, pues el proyecto se impulsó a lo largo de tres administraciones.
Todos los implicados deben comparecer el lunes 2 de noviembre.
Del procedimiento administrativo pueden derivar sanciones como inhabilitación para ejercer cargos públicos y, de confirmarse responsabilidad patrimonial, la CGR puede ordenar al ICE la recuperación de recursos.
La construcción de la planta Hidroeléctrica El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas, fue anunciada en 2008 como la obra más grande del Istmo, con 650 megavatios (MW) de generación.también sería la más cara en la historia nacional; se estimaba en $1.850 millones.
Diez años más tarde, el 2 de noviembre del 2018, el Instituto dio a conocer la cancelación. Para entonces las estimaciones del costo eran de $3.694 millones.
La mayor dificultad que enfrentó el proyecto fue la consulta indígena, que era obligatoria porque se ocuparían territorios de estos pueblos. Así lo ratificó la Sala IV en agosto de 2011 en un fallo a favor de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba.
La decisión dejó en suspenso los trabajos.
Los años pasaron sin que se concretara la consulta, pero el ICE mantenía el plan en pie con la idea de que era necesario para la demanda eléctrica futura, aunque al final se hablaba de convertir la planta en una “gran batería” para vender electricidad en la región.
Así se sostuvo el proyecto sin avance, pero con erogaciones.
Luces de alerta. Dos días después de que el ICE cancelara El Diquís, el geólogo Allan Astorga solicitó a la CGR investigar supuestas irregularidades en la tramitación de la viabilidad ambiental y pedirle explicación al ICE sobre el gasto por ¢88.557 millones acumulado, aun con obras paralizadas.
El geólogo alertó de que el ICE obtuvo de la Secretaría Nacional Técnica Ambiental (Setena) diversas viabilidades ambientales para distintos componentes de la planta desde el año 2008 con lo cual, dijo, se habría segmentado la evaluación de impacto ambiental.
Según Astorga, las obras iniciales implicaron daño ambiental en la zona, que pudo evitarse de haber mediado un visto bueno de impacto ambiental para la totalidad de la planta.
El 20 de diciembre del 2019, la CGR respondió en el oficio DFOE-AE-0614 que no halló irregularidades en Setena al dar los permisos, por tratarse de trabajos temporales en áreas previstas para el proyecto.
Sin embargo, la CGR sí confirmó al geólogo que el ICE gastó los ¢88.557 millones entre créditos otorgados por entidades bancarias nacionales y por organismos internacionales, emisiones de bonos y dineros propios; estos últimos de carácter público.
En su oficio, la CGR agrega que ya mantenía en estudio “aspectos relativos a algunas actividades efectuadas para el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y los recursos utilizados para financiarlas”.
“Sobre estos aspectos no procede adelantar criterio, en tanto la información actualmente se emplea en un análisis que se mantiene en proceso y que reviste carácter confidencial. Por lo tanto, los resultados que se obtengan serán comunicados en el momento oportuno”, concluyó la CGR.
Megaplanta. El Diquís fue un proyecto declarado de conveniencia nacional e interés público el 6 de febrero del 2008, por el Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE.
La planta proponía una represa de 172 metros de altura a cuatro kilómetros aguas arriba del puente sobre el río General, entre las comunidades de Térraba y Paraíso.
El agua del embalse habría tenido una altura variable de 300 a 260 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) que inundaría 6.081 hectáreas entre territorios indígenas y no indígenas.
El cuarto de máquinas sería subterráneo, en una caverna a 10 m.s.n.m lo cual implicaba que el agua del embalse sería desviada por derivación, por un túnel de 11 kilómetros atravesando la Fila Brunqueña.