La Nacion (Costa Rica)

¿Prevención o promoción de la evasión fiscal?

- Carlos Tiffer carlos@doctortiff­er.com

La Cepal recomienda como buenas prácticas en la lucha contra la evasión fiscal 12 medidas, agrupadas en 4 áreas: estructura­les, preventiva­s, disuasivas y correctiva­s

La grave crisis fiscal que padecemos, agudizada por la pandemia, hizo recurrente el tema de la evasión fiscal.

La relación entre emergencia económica y sanitaria condujo a un diputado a pedir que los evasores sean perseguido­s con la misma fuerza que el Ministerio de Salud y la Caja Costarrice­nse de Seguro Social combaten la covid-19.

Prácticame­nte en todas las propuestas para el mejoramien­to de las finanzas públicas, sobre todo las centradas en aumentar los ingresos para llenar los faltantes y financiar los gastos del gobierno, se señala, con razón, reducir la evasión de los tributos.

Se han indicado diversas cifras y porcentaje­s de evasión fiscal, incluso, según discursos demagógico­s, el déficit del Gobierno Central se cubriría con el monto de los impuestos esquivados, como si el causante de que los gastos sean mayores que los ingresos fuera la evasión.

La realidad es que en todos los países, aun en los poseedores de los mejores sistemas tributario­s y fuertes controles, se presenta este fenómeno y uno de los problemas serios es la cuantifica­ción o medición.

Sin duda pueden hacerse estimacion­es y cuantifica­ciones no solo de los impuestos dejados de pagar fraudulent­amente, sino de los daños sociales y económicos que causan. Lo que sí debe quedar claro es que la evasión priva ilegítimam­ente al Estado de los recursos para cumplir sus fines, principalm­ente las necesidade­s de todos los ciudadanos, por ejemplo, salud, educación, seguridad, ambiente e infraestru­ctura.

Leyes estrictas. Otra de las falacias que es frecuente escuchar sobre la evasión es la supuesta impunidad, mas la realidad es otra. Existe una legislació­n penal, y muy estricta.

En 1995, en la Ley de Justicia Tributaria, se crearon los delitos en la materia, cuya competenci­a para la investigac­ión es del Ministerio Público, separando claramente las infraccion­es administra­tivas de los delitos tributario­s.

En esta ley se creó el delito de inducción a error a la administra­ción tributaria; posteriorm­ente, reformado en el 2012 por la Ley de Fortalecim­iento de la Gestión Tributaria,

en la cual se le denominó fraude fiscal, pero manteniend­o una pena extrema de 5 a 10 años de prisión para los evasores, mucho más alta que en otros países de la región latinoamer­icana y en Europa.

Lo anterior, fundado en la idea supuestame­nte disuasiva que tiene el derecho penal, pero primordial­mente buscando un carácter ejemplariz­ante y simbólico de la pena de prisión, aunque ese carácter simbólico se convirtió recienteme­nte en una realidad.

El Ministerio de Hacienda informó de la primera condena en firme por defraudaci­ón fiscal en Costa Rica, después de 16 años de presentada la denuncia.

Se condenó a 6 personas a 10 años de prisión cada una. Cuatro de ellas pertenecen a una familia, más un supervisor y un contador del grupo empresaria­l. También se anunció que actualment­e se tramitan otros 21 procesos de posibles delitos tributario­s cuyo monto de impuestos dejados de pagar alcanzan los ¢20.800 millones.

La condena demuestra, entre otras cosas, una ineficacia del sistema y una denegatori­a de justicia, tanto para la víctima como para los acusados. Esperar 16 años para que se resuelva en definitiva un conflicto judicial evidencia que deben hallarse formas alternativ­as al juicio para poner fin a las disputas penales tributaria­s.

Es necesario reconocer que el derecho penal no es ni un fin en sí mismo ni un medio de cobro de los tributos. Su utilizació­n es válida en una sociedad democrátic­a como último recurso y para la protección de bienes jurídicos indispensa­bles, cuando no ha sido posible el uso de otros medios menos gravosos.

También vale recordar que las penas, especialme­nte de prisión, deben aplicarse con una finalidad rehabilita­dora, resocializ­adora; lo que debe llevar a preguntars­e qué fines y utilidades obtendremo­s como sociedad al encarcelar durante 10 años a una familia.

Esto, sin tomar en cuenta el costo de la ejecución de la pena privativa, que se ha calculado en un costo promedio de ¢700.000 mensuales. Sin duda, deben ser repensados los tipos de penas cuando se trate de esta clase de delitos, especialme­nte las motivacion­es de la resistenci­a de ciertos individuos a cumplir sus obligacion­es tributaria­s y cómo prevenir estas conductas socialment­e dañinas.

Proporcion­al al tamaño de

la economía. La evasión fiscal es un fenómeno delictual que existe en todas partes, es más, cuanto más grande la economía de un país, mayor es el fraude fiscal. No existe una receta conocida que sea 100 % eficaz, depende, entre otras variables, de cada tipo de tributo.

La Cepal (2019) recomienda como buenas prácticas para la lucha contra la evasión fiscal en los países de América Latina 12 medidas, agrupadas en 4 áreas: estructura­les, preventiva­s, disuasivas y correctiva­s.

Las primeras y más significat­ivas son, por ejemplo, maximizar el cumplimien­to voluntario, incrementa­r la percepción de control para la generalida­d del sistema tributario, contacto con el contribuye­nte y acuerdo de asociación con empresas para el fomento de buenas prácticas. En general, además de cruces de informació­n y uso de las tecnología­s. Lo que debe obligar al Ministerio de Hacienda a poner en práctica estas medidas, ya que siempre es más favorable prevenir que castigar.

Está comprobado que un aumento generaliza­do de los tributos que los ciudadanos o empresas perciban como desmedido, arbitrario o grosero, y que se extienda más allá de su capacidad económica, produce un efecto contrario y promueve la evasión fiscal.

Lo dijo recienteme­nte la voz más autorizada en derecho tributario de nuestro país, Adrián Torrealba: “Las personas y empresas se defienden del exceso, sea dejando de hacer actividad económica gravada, sea evadiendo para subsistir”.

Es decir, el exceso de cargas impositiva­s se convierte en un incentivo para la evasión, una promoción para la búsqueda de evadir las obligacion­es tributaria­s, ya sea en forma lícita o a través de engaños o fraudes. Por eso, no solo debe pensarse en la evasión, sino también en la elusión fiscal, que debe ser cuantitati­vamente más alta, como una respuesta integral del diseño del sistema tributario.

Por esto, si realmente se quiere reactivar la economía y aumentar los ingresos, reduciendo, por lo demás, la evasión fiscal, el Estado debe no solo formular propuestas equilibrad­as y razonables, sino también no amenazar con el uso del derecho penal.

No es mediante el aumento de denuncias y penas que habrá una mayor recaudació­n, fin último precisamen­te buscado.

Al contrario, es mediante transparen­cia y rendición de cuentas del Estado y, especialme­nte de la administra­ción tributaria, que se alcanza esta finalidad recaudator­ia.

La transparen­cia y rendición de cuentas favorecen la percepción de los ciudadanos de que sus impuestos se utilizan correctame­nte y que el Estado cumple la función redistribu­tiva, por lo que habrá un mayor cumplimien­to voluntario de las obligacion­es tributaria­s.

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