Oportunidad perdida
El presidente debió vetar la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos y anunciar su disposición a ctuar igual en casos similares.
Los exministros de Hacienda Rocío Aguilar y Fernando Herrero expresaron su desacuerdo con la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos con valor fiscal inferior a ¢15 millones. La medida aprobada por los diputados restará entre ¢50.000 millones y ¢70.000 millones a las arcas del Estado justo cuando las proyecciones del déficit fiscal rondan el 11 % del producto Interno bruto (PIB) y las de la deuda se ubican en un 80,5 %.
Para Aguilar la iniciativa está “totalmente fuera de lugar” y Herrero la califica de “grave error”. No es difícil adivinar el acuerdo de la mayoría, si no de todos los ocupantes de la cartera en los últimos años, pero el Congreso prefirió ganar el aplauso fácil de los beneficiarios. En plena pandemia, muchas familias agradecerán el alivio, no cabe duda, pero la pregunta responsable es si el país está en condiciones de financiarlo.
No es así y el proyecto no señala fuente alguna de financiamiento para el faltante. En este momento de estrechez económica, es fácil imaginar subsidios, exenciones y ayudas cuya concesión sería bien recibida, pero la crisis de las finanzas públicas amenaza con causar más daño a la familia promedio que las ventajas ofrecidas por toda iniciativa de esa clase.
El tipo de cambio y la inflación no eximen a nadie. La falta de financiamiento para los servicios públicos afecta a todos y la escasez de recursos para los programas sociales golpea primero a sus beneficiarios directos, pero pronto se refleja en el resto de la sociedad, con retrocesos en materia de seguridad ciudadana, entre otros efectos.
La contradicción entre la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos y el reciente enfrentamiento por los recortes en el presupuesto nacional es obvia. Los diputados obligaron al Ejecutivo a ahorrar ¢150.000 millones, una suma simbólica en el contexto del presupuesto. Para conseguirlo, derrotaron la campaña de defensa del plan de gastos orquestada desde el Ministerio de la Presidencia, celebraron largas sesiones de comisión y emitieron dos dictámenes. Acto seguido, borraron con el codo lo hecho con la mano cuando aprobaron la reducción del costo del marchamo.
De los ¢150.000 millones quedan entre ¢80.000 millones y ¢100.000 millones debido al golpe contra los ingresos aprobado el jueves en segundo debate, con 43 votos a favor, una lujosa mayoría, deseada para mejores causas. Si la reducción de los ¢150.000 millones pudo servir de mensaje a los mercados sobre una incipiente intención de rectificar el camino financiero de la República, la reducción del costo del marchamo anula el gesto y alimenta las dudas.
El presidente, Carlos Alvarado, debió vetar la ley y anunciar su disposición a obrar del mismo modo en casos similares. Una manifestación de voluntad de esa naturaleza pudo haber recuperado parte del terreno perdido al avalar la convención colectiva de los educadores. El proyecto de ley parecía contar con los votos necesarios para el resello, es decir, para dejar sin efecto el veto presidencial, pero eso no justifica la firma del mandatario, porque lo crucial era marcar un rumbo y achicar el espacio para nuevas ocurrencias. Desafortunadamente, el presidente se sumó a la mayoría legislativa empeñada en cosechar aplausos.
El veto habría tenido algún costo político, pero en muchas ocasiones el mandatario ha expresado despreocupación por ese tipo de pérdida. En cambio, habría ganado credibilidad pensando en los retos de los próximos meses, especialmente si hubiera aprovechado para prometer la misma actitud frente a toda iniciativa contraria a la salud de las finanzas públicas. La sanción presidencial solo contribuye a incrementar la confusión y las dudas sobre el correcto entendimiento de la gravedad de la crisis.
El presidente, Carlos Alvarado, debió vetar la reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos y anunciar su disposición a obrar de igual modo en casos similares
La crisis de las finanzas públicas amenaza con causar más daño a la familia promedio que las ventajas ofrecidas por toda exención, subsidio o ayuda