Revisión periódica de exoneraciones
Un plan de ley sometería a revisión exoneraciones al IVA y renta cada cinco años.
Los sistemas tributarios a menudo incorporan exoneraciones de varios tipos impuestos para no lesionar el poder de compra de las familias con menos recursos, estimular ciertas formas de asociación consideradas de bien común y muchos otros fines. Algunas son un «sacrificio fiscal», constituido por lo que se pudo recaudar pero que no recaudó. Otras no tienen esa naturaleza porque, en su ausencia, no se habría dado la actividad generadora del tributo. Por ejemplo, un elevado impuesto por utilizar aeropuertos locales desalentaría el ingreso al país de muchos turistas y bajarlo o eliminarlo no implicaría sacrificio fiscal.
En Costa Rica hay muchos exonerados de los impuestos sobre la renta y el valor agregado (IVA). Algunos analistas estiman su valor en el equivalente al 5,6 % del producto interno bruto (PIB) y la eliminación de un solo golpe contribuiría a reducir el déficit del Gobierno Central de manera significativa. Pero la decisión no puede ser automática. Entre las exoneraciones está la del impuesto sobre la renta a los aguinaldos y la exención parcial de los productos de la canasta básica, que pagan el 1 % de IVA, para citar solo dos casos.
Por eso, un grupo de diputados de diferentes fracciones preparó un proyecto de ley para que las exenciones del IVA y renta sean objeto de revisión cada cinco años y, con base en un estudio de costo y beneficio, se recomiende mantenerlas, reducirlas o eliminarlas totalmente. El estudio lo elaboraría un equipo técnico de la Dirección General de Hacienda y sería objeto de amplia divulgación para lo que corresponda. El proyecto fue dictaminado afirmativamente y por unanimidad en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el 11 de noviembre.
En principio, las revisiones son bienvenidas, pues las condiciones que dan origen a una exoneración cambian con el tiempo o porque su aprobación obedeció más al cabildeo de un grupo de presión que a una necesidad social.
Sin embargo, entre las exoneraciones más estratégicas en Costa Rica destaca la del impuesto sobre la renta concedida a las empresas bajo el régimen de zona franca, cuya actividad ha sido fundamental y podría serlo aún más si el gobierno se aboca a alentar a más empresas extranjeras a ubicarse en nuestro territorio.
En materia de zonas francas y de los factores que condicionan la atracción de empresas —calidad de la mano de obra, entorno sociopolítico, costo de insumos y ventajas de naturaleza tributaria, entre otros— Costa Rica compite con muchos países, como Vietnam, República Dominicana y México. Un movimiento unilateral en falso espantaría a empresas instaladas en el país o, cuando menos, desalentaría el ingreso de otras. Las decisiones de inversión de las multinacionales, como las instaladas en zonas francas, exigen un horizonte claro por muchos años y sería un error mandar el mensaje de que cada cinco años todo podría cambiar. Es mucho lo que se arriesga perder, en un momento como el actual, y en la era pospandémica, que pide a gritos reactivar todos los sectores económicos para paliar el desempleo y la pobreza, ubicados ya en porcentajes insoportables.
Los diputados deben considerar estas circunstancias y excluir del proyecto de ley lo relativo al régimen de zonas francas. Si en el futuro el tratamiento tributario para esas empresas varía en el resto del mundo, el país podría analizar el nuevo entorno y hacer el ajuste, pero en la actualidad la precariedad de la revisión quinquenal es nociva para el interés nacional. Más bien debemos prepararnos para atraer nuevas inversiones cuando la economía mundial entre en fase de reactivación y la crisis superada ofrezca lecciones sobre la conveniencia de acercar las cadenas de aprovisionamiento a los mercados de bienes y servicios.
Un proyecto de ley sometería a revisión las exoneraciones del IVA y renta cada cinco años y, con base en un estudio de costo y beneficio, se decidiría mantenerlas, reducirlas o eliminarlas
Los diputados deben considerar el efecto contraproducente de las revisiones quinquenales en el caso de las zonas francas y excluirlas del proyecto de ley