Terrenos ociosos del Estado se subastarían para disminuir deuda
›Plan no estima cifra de propiedades ni impacto en la reducción de deuda
La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que autorizaría a todas las instituciones del Estado vender activos ociosos, con tal de obtener recursos frescos para pagar deuda pública.
La iniciativa, propuesta por el diputado fabricista Jonathan Prendas desde el 31 de julio del 2018, se dictaminó, la tarde de este martes, en esa comisión, con cinco votos a favor y dos en contra de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN).
El proyecto autorizaría a las entidades para que, a partir de un inventario anual de sus bienes muebles o inmuebles, determinen cuáles pueden ser calificados como ociosos para traspasarlos al Ministerio de Hacienda.
Una vez que Hacienda tenga dominio sobre ellos, deberá realizar subastas públicas para venderlos y usar el dinero para destinarlo al pago de la deuda pública.
“El producto de la subasta pública ingresará íntegramente al erario y será destinado, en su totalidad, al servicio de la deuda pública”, dice el artículo 6 de la iniciativa.
Los inventarios, antes del traspaso a Hacienda, deberán estar listos el 31 de marzo de cada año. Si en alguna institución no existen terrenos ociosos, deberá quedar registrado en el informe.
El mismo texto define que, para sus efectos, se entenderá por activo ocioso “aquel bien mueble o inmueble que, estando disponible para su uso, en la ubicación y en las condiciones esperadas, requeridas y necesarias para utilizarlo, no genere utilidades o beneficios ni se le pueda dar el uso previsto para el que fue adquirido”.
La deuda pública subió en ¢2,6 billones (millones de millones) en solo nueve meses, entre enero y setiembre de este año. Tras ese incremento, el saldo al 30 de setiembre alcanzó ¢23,8 billones, equivalentes a un 68,4% del producto interno bruto (PIB).
Sin datos. Sin embargo, el plan de Prendas no estima cuántas propiedades ociosas pueden estar en poder de las instituciones públicas, y tampoco hace un cálculo de cuánto sería el impacto en la reducción de la deuda.
“El primer paso al aprobar esa ley es hacer ese listado. El Gobierno debe ver qué tiene y qué no usa”, justificó el diputado fabricista.
Su propuesta, según comentó a este medio, nació en el año 2018 a raíz de una consulta de su despacho al Gobierno, con tal de conocer qué propiedades ociosas se podrían vender o destinar a proyectos específicos.
En aquella ocasión, agregó Prendas, el Ejecutivo no logró responder cuántos terrenos o vehículos, por ejemplo, tenía disponibles para esos fines.
“Eso nos motivó a plantear este proyecto de ley y decirle al Gobierno: ‘Haga cada año una lista de los activos ociosos que tiene, (que) defina si los va a tener ociosos o los va a poner en funcionamiento y, a partir de ahí, ahora sí, pues véndalos y genere esa plata para amortización de la deuda que tiene el país’”, explicó.
En la actualidad, la Ley de Contratación Administrativa faculta a las instituciones a deshacerse de bienes de ese tipo. No obstante, la legislación no especifica el destino de los recursos obtenidos por la venta. Esa falta de claridad podría estar generando un vacío jurídico que, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, haría que las instituciones eviten venderlos.
Dictaminaron afirmativamente la iniciativa Prendas y su compañera del bloque Nueva República Nidia Céspedes; Víctor Morales, de Partido Acción Ciudadana (PAC); Rodolfo Peña, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Dragos Dolanescu.
Críticas. En contra votaron los liberacionistas Jorge Fonseca y David Gourzong.
Gourzong, antes de votar por el fondo, pidió la palabra para recordar las observaciones hechas al plan por parte de Hacienda y la Procuraduría General de la República.
“Hacienda dice que se considera jurídicamente innecesario, en tanto que se basa en normativa derogada y deja por fuera la consideración de procedimientos ya existentes”, justificó el verdiblanco.