¿Y los gastos?
Algo hemos hecho mal porque, a pesar de haber creado nueve instituciones para luchar contra la pobreza, 1,5 millones de costarricenses (el 30 %) viven en un estado social y económico precario.
Algo está mal cuando se invierten ¢4,6 billones (12,7 % del PIB) para combatir la pobreza y los resultados son frustrantes. ¿Cuánto cuestan en remuneraciones y más burocracia esas instituciones? ¿Qué hacer con el sistema educativo?
La pobreza aumentó este año un 6,1 % con respecto al 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y alcanzó el valor más alto en los últimos 28 años.
Cuando menos 435.000 costarricenses no tienen ingresos para cubrir el costo de una canasta básica y el gobierno sigue protegiendo monopolios.
Es preocupante que el acceso a Internet, que es un derecho humano básico en la era digital, afecte al 20 % de los hogares a pesar de contar con los recursos para darles conectividad y herramientas a las familias más vulnerables.
Contracción. El desempleo de larga duración impacta al 16,9 % de los hogares y los ingresos de estos se redujeron un 12 % este año.
La actividad económica se mantiene deprimida, aunque hay una recuperación en las zonas francas, que ya están recobrando los números que tenían en julio del 2019.
Fuera de ese régimen especial, la contracción de la actividad económica por la pandemia y la falta de una ruta de reactivación del país ha cobrado una factura cuantiosa al turismo, los comercios y las empresas dedicadas a la construcción.
La caída de enero del 2019 a julio del 2020 en construcción fue un 18 %; en transporte, un 25 %; en alojamiento, un 60 %; en electricidad, un 5 %; en el campo financiero, un 2 %; en la Administración Pública y otros, un 10 %.
En el segundo trimestre del 2020, la economía decreció un 8,6 %, con una caída del 11,4 % en consumo, 33 % en la exportación de servicios, un 15 % en la importación de bienes y un 28 % en los servicios.
Todo este cuadro significa un incremento en el desempleo formal del 12,4 % en enero del 2019 a un 22 % en setiembre del 2020 y un subempleo que subió de un 8,7 % a un 26 %.
Como mínimo un millón de costarricenses están sin empleo o les redujeron la jornada. En diciembre, 240.000 asalariados privados recibirán menos aguinaldo, en contraste con los empleados públicos, quienes ganan casi el doble y recibirán el décimo tercer mes completo y, luego en enero, el salario escolar.
Hasta este último trimestre la economía comenzó a recuperarse lentamente. El déficit financiero del gobierno llegó al 7,17 % del PIB en octubre y el gasto en remuneraciones, transferencias e intereses sigue igual.
No hay esperanzas de un cambio de dirección en el gasto ordinario, el sacrificio va a estar en la inversión. El sector productivo no recibe noticias legítimas de los cambios estructurales en el gasto para salir de esta crisis, después de siete jornadas de diálogo nacional.
El Ministerio de Hacienda requiere ¢450.000 millones para financiar los gastos del 2020 y va a recurrir a más deuda interna, presionando las altas tasas de interés.
Para el 2021 se necesita financiar un déficit del gobierno de un 8,8 % del PIB y amortizar deudas por un 6,9 %, pero todo parece indicar que no hay prisa.
Seguiremos sin tomar medidas de gran calado en los disparadores del gasto y lo único que se plantea es aumentar impuestos; controlar la evasión, elusión y el fraude fiscal; y mejorar la eficiencia tributaria.
Otra idea que plantearon en las mesas de diálogo es racionalizar las exoneraciones a las zonas francas, que son las que están apuntalando la raquítica reactivación.
Zonas francas. Algunos sindicalistas y diputados del Partido Acción Ciudadana no están conscientes de lo estratégicas que son las zonas francas para el desarrollo nacional.
El régimen debe competir a escala mundial con decenas de países que ofrecen muchos más incentivos que Costa Rica.
El nuestro es un país muy caro y solo a fuerza de productividad ha podido posicionarse en un mercado muy competitivo.
En el 2018, había 375 empresas: 52 % dedicadas a servicios, 13 % a manufactura de equipos médicos y el resto a otras actividades.
Las zonas francas aportan $508 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, dan empleos directos formales a 118.000 personas y unas 70.000 se benefician de ellas indirectamente, lo que significan el 7 % del empleo total, sector en el cual las mujeres representantes el 42 % de la planilla.
El encadenamiento productivo con proveedores locales significa el 47 % de las compras de las empresas en el régimen especial.
El gasto nacional en compras de servicios y bienes en el 2018 alcanzó la cifra de $2.203 millones. Las exportaciones de las zonas francas, en el 2019, ascendieron a $5.153 millones, que representan el 53 % de las exportaciones totales de bienes, lo que se traduce en un 7,9 % del PIB.
Las empresas ubicadas en las zonas francas aportan transferencia de tecnología, empleo y buenas prácticas.
Inversión extranjera directa (IED). Costa Rica, a pesar de ser un país muy caro, ha logrado seguir atrayendo inversiones extranjeras, aunque la productividad del capital humano crece más lentamente que su costo, debido a que las universidades no están generando suficientes profesionales y técnicos en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en inglés) que dominen el inglés y posean las habilidades que exige el mercado internacional.
Por cada dólar invertido en IED se generan $5 en el PIB, las exportaciones crecen en $13,6 en bienes y los servicios $6,2 adicionales.
La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) tiene 36 años de estar promocionando a Costa Rica con éxito en media y alta tecnología, en un entorno internacional cada vez más exigente.
La IED creció un 5 % anual en los últimos 10 años y hoy representa el 6 % del PIB. Ha financiado el déficit de la cuenta corriente y cada vez se vuelve más estratégica.
Si no estamos claros en que ya no podemos, seguiremos financiando un 55 % del Gobierno Central con más deuda.
Lo que debemos hacer como país es socarnos la faja todos y concentrarnos en corregir los crecientes gastos ordinarios, acabar con las convenciones del sector público que no están en competencia, simplificar trámites, aplicar la regla fiscal a toda la Administración Pública, mejorar la conectividad, apoyar a los más vulnerables reduciendo burocracia y duplicidades, fusionar instituciones, mejorar la educación, establecer caja única, aprobar una ley de empleo público eficiente, usar Sicop en todo el aparato estatal, fortalecer la Hacienda digital y las leyes para una mejor recaudación. Hay que actuar con fortaleza y prontitud antes de que sea tarde.
El sector productivo no recibe noticias legítimas de cambios estructurales después de siete jornadas de diálogo nacional