Justicia recalca deber de empresas con bloqueo de celulares en cárceles
››Solo en octubre, restricción en cinco centros penales frenó 435 llamadas
Ante la posibilidad de que los privados de libertad busquen mecanismos para burlar el bloqueo de la señal celular, que desde octubre rige en varios centros penitenciarios, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, dijo que las operadoras deberán actualizar regularmente el sistema para impedirlo.
En una comparecencia el jueves ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, la jerarca dijo a los diputados que el costo de los sistemas tecnológicos para aplicar esa restricción le corresponde a cada operador.
Se espera que al final de este año, los 21 centros de atención institucional queden cubiertos con el bloqueo. Hasta octubre, solo la cuarta parte de los centros contaban con ese sistema, que permitió en ese mes rastrear y cancelar 435 llamadas.
Ante una consulta del legislador Gustavo Viales sobre si ante los avances de las tecnologías, podrían dejar obsoleto el bloqueo en el corto plazo, la ministra afirmó que el reglamento establece la obligación de los operadores para garantizar el funcionamiento dentro de los centros penitenciarios.
Indicó que, de no hacerlo, se exponen a una sanción económica. También deben velar por que no se afecte a quienes viven en los alrededores de las diferentes cárceles.
Sobre el derecho de los funcionarios penitenciarios para tener acceso a llamadas, la funcionaria indicó que no es algo que los toma por sorpresa, de modo que estaban preparados.
Apuntó que desde que comenzó a hablarse del asunto, se les informó de que entraría a operar el bloqueo y que por eso repararon todos los teléfonos fijos, de modo que estén a disposición de ellos.
Asimismo, aclaró que la Policía Penitenciaria, por reglamento, no puede usar celulares en horas de servicio y ni siquiera portar los aparatos.
En el tiempo de descanso, los oficiales tienen la oportunidad de salir para hacer sus llamadas personales.
La ministra sostuvo que los operativos seguirán en las cárceles, pero serán más de inteligencia que de fuerza.
En la comparecencia estuvo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, quien declaró que hasta octubre del 2020 se presentaron más de 4.000 denuncias de fraude y la mayoría fueron coordinadas dentro de los centros penales.
El jefe policial dijo a los congresistas que el perjuicio llega a los ¢7.000 millones y que casi la mitad de las estafas ocurre en San José.
Sobre cómo verificar que las llamadas fraudulentas salen de las cárceles, Espinoza afirmó que en todas las denuncias se hace el registro de las radiobases telefónicas, lo que les brinda una aproximación al sitio donde se origina la llamada.