Para optimizar el impacto de la vacunación contra la covid-19
Con buen criterio el Gobierno ha dado prioridad a las personas de 58 o más años en su plan de vacunación contra la covid-19. En esta población, la letalidad es de un 9% en los casos diagnosticados, comparada con un 0,4% entre las personas de 19 a 57 años y de cero en los menores de 18 años.
Dado que el 80% de los fallecimientos por covid-19 corresponde a mayores de 58 años, la inmunización total de este grupo causará, lógicamente, una baja de cuatro quintas partes en el número de fallecimientos. En vez del promedio de quince muertos por día, pasaríamos a tener tres diarios. La caída puede ser semejante en la cantidad de personas hospitalizadas.
Pero este efecto puede optimizarse más con sencillas medidas de priorización adicional basadas en la edad, tomando en cuenta que, la pandemia continuará causando estragos y que transcurrirán varios meses antes de alcanzar la meta.
Conviene notar que el grupo de 58 y más años comprende a 800.000 personas. Inmunizar al 90% de ellas requeriría la aplicación de cerca de 1,5 millones de dosis. Si haciendo un gran esfuerzo, el sistema de atención primaria de la salud logra aplicar 300 mil dosis por mes, se requerirán cinco meses para lograr el efecto mencionado. Y a esta cifra habría que agregar otros miles de dosis para los grupos prioritarios, por condición laboral o de salud, cuya identificación no es materia de este artículo.
También conviene notar que este grupo de edad está lejos de ser internamente homogéneo en la severidad de la pandemia.
La letalidad en las personas de 80 y más años es de un pavoroso 25%, es decir, que uno de cada cuatro casos diagnosticado fallece. Esta probabilidad baja a un 15% en las personas de 70 a 79 años y a un 4% en quienes nacieron en la década de 1950.
Este grupo de alto riesgo (80 o más años) acumula el 27% del total de muertes por covid-19 que se registra en el país, mientras que un 38% de los fallecidos tenía entre 70 y 80 años, según datos publicados por el Ministerio de Salud.
Grupos prioritarios. Armados de las cifras anteriores y del conocimiento de que la población nacida antes de 1941 es de 95.000 personas y la nacida en la década los 1940 (70 a 79 años) es de 190.000, podemos estimar el impacto que tendría vacunar, prioritariamente, a estos dos grupos.
Si el gobierno aplica las primeras 170.000 dosis para inmunizar al 90% de los mayores de 80 y la efectividad de la vacuna es de 95%, la mortalidad por covid-19 se reducirá en un 24%.
Esto podría lograse en el primer mes de vacunación, en el que también se estaría inmunizando a grupos prioritarios por condición laboral o de salud, como los inmunocomprometidos.
En contraste, la aplicación indiscriminada de 170.000 dosis a personas de 58 años o más, bajaría la mortalidad en solo un 8%, apenas un tercio del efecto logrado con la priorización propuesta.
Si las 340.000 dosis subsiguientes se aplican a inmunizar al 90% de las personas nacidas en la década de los 40 y haciendo un gran esfuerzo, esto se logra en el segundo mes de vacunación, al cabo de dos meses la mortalidad por covid-19 sería de un 47% menor de lo que hubiera sido sin vacunación.
En contraste, este efecto sería de un 24% —o sea, la mitad— siguiendo el esquema de vacunación indiscriminada a las personas mayores de 58 años.
Todo parece indicar que nos estamos encaminando a una media de 500 fallecimientos mensuales por covid-19. Entonces, la aplicación del esquema propuesto de vacunación, a partir del 1°. de enero, llevaría a que, en marzo, tengamos 265 fallecimientos en vez de 500, es decir, 235 vidas salvadas solo en ese mes.
En comparación, el esquema original del Gobierno salvaría la mitad de estas vidas, aproximadamente. Y esto tan solo en el mes de marzo.
Generalizando, aunque el Poder Ejecutivo tiene contratada la adquisición de 6 millones de dosis de vacunas para inmunizar a 3 millones de personas, lo que equivaldría al 60% de la población, y alcanzar la inmunidad colectiva, esto no parece factible de lograr durante el 2021. Es más realista proponerse la aplicación de 2,5 millones de dosis para inmunizar al 90% de las personas nacidas antes de 1981 (más los grupos prioritarios por otras razones) y hacerlo de manera escalonada por cohortes como se explicó anteriormente.
Con ello se lograría evitar más del 90% de los fallecimientos y hospitalizaciones por covid-19 que estamos viendo en la actualidad y se habría reducido la severidad de la pandemia a niveles no muy diferentes que los de la influenza estacional.
Es más realista proponerse la aplicación de 2,5 millones de dosis para inmunizar al 90% de las personas nacidas antes de 1981, más los grupos prioritarios por condición laboral o de salud y, hacerlo de manera escalonada por grupos etarios
Nacional (PLN), el partido con mayor peso en la Asamblea, con sus 17 diputados, y otrora baluarte de la sensatez y la responsabilidad durante el gobierno de Alvarado, merece ser señalado por un acto tan sin sentido. Óscar Arias no pudo decirlo mejor: «es un gran error».
Como los tambores electorales suenan, ahora imitan aquella oposición del PAC a la reforma fiscal que se discutió durante el gobierno de Laura Chinchilla, bajo la sombra de Juan Carlos Mendoza, entonces presidente legislativo, a pesar de las nefastas consecuencias que dicha posición ha causado al país.
Bien es sabido que los mismos diputados pudieron condicionar la aprobación del préstamo al canje de deuda solamente. No lo hicieron porque su interés es egoísta. Lo importante ahora es verse como contrarios al gobierno. Nada más.
Angela Merkel podría fácilmente entender por qué el desarrollo nos es aún tan esquivo. Nuestra inmadurez política nos condena al fracaso.