MOPT: lío por peajes con Globalvia irá ‘hasta últimas consecuencias’
›Firma descuenta unilateralmente sumas por evasión de pago en casetas
La disputa por los ingresos provenientes de los peajes que se cobran en la ruta 27, será llevada por el Gobierno “hasta las últimas consecuencias”.
Con ese énfasis lo manifestó este jueves el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez, en relación con el proceso judicial que enfrenta al Estado con Globalvia, empresa que administra la carretera San José-Caldera.
“En todo contrato siempre hay divergencias entre las empresas y la administración; no es de extrañar que la haya en el caso de la ruta 27. Lo importante es que la administración está en firme que eso está mal hecho y que lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, afirmó el jerarca.
Esa fue una de las respuestas del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a consultas sobre el informe presentado por la firma supervisora del contrato de concesión, el cual criticaba la práctica de Globalvia de descontar de forma unilateral lo que estima que dejan de percibir por concepto de evasión en las estaciones de peaje, es decir, de conductores que no pagan.
Esas diferencias están siendo discutidas desde mediados del año pasado en el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Rodolfo Méndez, sin embargo, dijo que el lío judicial no impide avanzar en las negociaciones para la ampliación del contrato con esa empresa, sin descartar que el asunto sea tratado en las negociaciones.
“Cuando se está hablando de entrar en una negociación adicional, es perfectamente entendible que las partes traten de encontrar modificaciones al contrato, no es de extrañar que esos temas se ventilen ahí”, expresó.
Sus declaraciones se dieron durante la inspección a los trabajos para la nueva intersección de Guadalupe, sobre la carretera de Circunvalación.
Mantener relación.
El ministro defendió el plan de continuar la relación con Globalvía para modernizar la ruta, pues, según dijo, así lo determinó un análisis realizado antes de comenzar las conversaciones con la firma.
Ese estudio pretenía determinar cuál era la mejor opción para concretar las mejoras que requiere la carretera, cuya demanda superó su capacidad desde hace seis años.
De todos los escenarios posibles, continuar con Globalvía resultó la mejor alternativa.
Días atrás, el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones, José Manuel Sáenz, confirmó a La Nación la existencia del proceso judicial cuya demanda fue interpuesta por la empresa española.
Sáenz explicó que el tema ha provocado varias llamadas de atención a la concesionaria desde el 2018.
Según el documento elaborado por el consorcio supervisor, Globalvia continúa “descontando” de sus ingresos las sumas que alega corresponden a la evasión en el cobro en las distintas estaciones de peaje.
Esa “manipulación de los ingresos de forma arbitraria por parte de la empresa podría traer consecuencias negativas para el Estado”, advirtió el estudio.