Monitoreo de reos corre el riesgo de paralizarse
El monitoreo de aproximadamente 1.800 privados de libertad por medio de tobilleras electrónicas corre el riesgo de paralizarse.
La Contraloría General de la República (CGR) comunicó este viernes el rechazo a la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia y Paz para ampliar el contrato para esos fines con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) por 24 meses más.
La CGR argumentó que Justicia no tiene certeza de cuánto costarían los servicios de la ESPH si se aprobara la prórroga solicitada.
Actualmente, la institución paga $12,3 (¢7.575) diarios por cada privado de libertad que porta una tobillera.
La Contraloría también consideró que la institución no demostró tener contenido presupuestario suficiente para hacerle frente a esa obligación y, por último, criticó que ni siquiera tienen claro cuándo vence el vínculo con el proveedor.
“Se observa que el contrato original tiene como fecha el 21 de octubre del 2016 por un plazo de 48 meses y fecha de ejecución el 9 de noviembre del 2016. En ese sentido deberá aclarar y justificar la Administración, de forma detallada, cuál es la fecha de extinción del contrato por el acaecimiento del plazo, a partir de su entrada en vigencia”, manifestó la Contraloría en la resolución enviada al Ministerio de Justicia.
De acuerdo con los documentos presentados por esa cartera, el contrato vence el 27 de febrero.
Días atrás, Fiorella Salazar, ministra de Justicia, expresó en una entrevista con La Nación que podía extender el vínculo con la ESPH sin acudir a la Contraloría, pero por tratarse de un tema “sensible” prefirió pedirle criterio.
Empero, este viernes, por medio de un comunicado, la jerarca reconoció preocupación por el futuro del monitoreo. La Nación intentó hablar con ella, pero no contestó una llamada a su celular.