Cautela con fondos de APM
Limón merece mucho y recibe poco. Por el gran inventario de necesidades, se debe velar por la óptima inversión del canon.
Prima facie, la propuesta del diputado de Restauración Nacional Eduardo Cruickshank para construir un gran parque de diversiones en el Caribe califica como mera ocurrencia. Está incorporada a un proyecto de ley, pero el papel aguanta lo que le pongan. No hay estudios de mercado o análisis de factibilidad. Apenas cabe imaginar que, en esas condiciones, el presidente del Congreso abogue por la cuantiosa inversión.
La Contraloría General de la República (CGR) hizo la advertencia a los legisladores de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, encargados de estudiar la propuesta: «Extraña a este órgano contralor que dentro de la motivación del proyecto de ley en mención se carece de información referente a estudios técnicos que respalden la propuesta planteada, así como su viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y su impacto social», señaló.
No se trata de ser mezquinos con Limón. La provincia merece mucho y ha recibido poco. Precisamente por eso y por el extenso inventario de necesidades es preciso velar por la óptima inversión de los recursos provenientes del canon pagado por la operación del megapuerto de Moín.
Ese fondo, constituido por el 7,5 % de los ingresos netos mensuales de la concesionaria APM Terminals, tiene $24 millones acumulados (unos ¢14.700 millones) y a lo largo de 30 años de concesión se estima el ingreso en unos $1.000 millones. El dinero pertenece a la provincia. No hay discusión, pero sí hay un deber de velar por la eficacia de las inversiones.
El proyecto de ley apenas merece consideración. Una asociación encargada de desarrollar el parque recibiría el 20 % de los recursos disponibles, pero nadie sabe cuánto costará la obra, para no mencionar su viabilidad. Tampoco hay idea de la ubicación idónea ni de la extensión de las instalaciones. En consecuencia, es difícil comprender la decisión de desarrollarlas en algún terreno cedido por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El aplauso de empresarios, asociaciones y sindicatos limonenses no corrige las deficiencias ni aleja la probabilidad de un costoso fracaso. El desarrollo económico de la provincia requiere inversiones en infraestructura y atracción de inversiones, no de soluciones mágicas. Solo el trabajo metódico, guiado por el realismo de una planificación sensata, producirá los efectos deseados en calidad de vida, empleo y desarrollo.
Japdeva permite la acumulación de fondos por falta de planes concretos, pese a la previsibilidad de los ingresos desde la firma de la concesión en el 2011. Han pasado dos años desde el inicio de los giros y la ejecución sigue empantanada. Urge superar esos obstáculos y consolidar el fideicomiso requerido para asegurar la buena administración del dinero, pero siempre sobrarán ideas riesgosas para invertir fondos públicos.
Empresarios cautelosos al invertir recursos propios no siempre muestran el mismo celo cuando el dinero es de todos. Sindicatos ávidos de protagonismo y oportunidades apenas se encogerán de hombros si surge la necesidad de poner candado a una cuantiosa inversión, como las grúas pórticas, en franco deterioro a vista y paciencia de quien quiera contemplar el espectáculo.
La comunidad limonense debe hacer oídos sordos a los cantos de sirena y exigir los estudios normales antes de consentir alguna inversión del dinero previsto para su provincia. Los recursos son de Limón, tanto como las necesidades, y nada justifica ponerlos en riesgo con ideas a media cocción, no importa cuánto prometan sus promotores.
La idea de construir un gran parque de diversiones en el Caribe califica como mera ocurrencia, a falta de estudios de mercado o análisis de factibilidad
Limón merece mucho y ha recibido poco. Precisamente por eso y por el extenso inventario de necesidades, es preciso velar por la óptima inversión del canon del megapuerto