A ciegas, diputados perdonarían deudas por ¢6.000 millones
›Proyecto de ley se reserva el monto específico que debe cada persona
Diputados de al menos cinco fracciones pretenden autorizar al Consejo Rector y la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) a perdonar las deudas e intereses de 2.705 de préstamos a pequeños y medianos agricultores, además de otros productores de caña.
Con el argumento de la afectación por la pandemia de covid-19, los legisladores darían esa autorización sin que el proyecto de ley exija a los deudores demostrar pérdidas o insolvencia para afrontar los pagos.
En el expediente del Proyecto Ley de Apoyo a Beneficiarios del Sistema de Ban- ca para el Desarrollo ante la Emergencia por Covid-19 no se establecen requisitos ni compromisos que deban asumir los deudores.
Los beneficiarios adquirieron esos créditos con el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade). Se trata de toda la cartera de deudores del “primer piso” que han sido financiados por fideicomisos anteriores que se fusionaran en ese fondo.
Las deudas superan los ¢6.240 millones, según estimaciones del Sistema Banca para el Desarrollo, cuya rectoría presentó el proyecto a los diputados en mayo del año pasado. Esto equivale, según el dictamen del proyecto, a casi el 2% del patrimonio del Fonade y al 0,6% del SBD.
Algunos de estos deudores, incluso, posiblemente han recibido el beneficio de condonaciones que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa en años anteriores, reconoció Miguel Ángel Aguiar Bermúdez, director ejecutivo del SBD.
El proyecto también contempla la condonación a los productores del Programa Especial de Reactivación Productiva de la Actividad Cañera que se han beneficiado del SBD. Para ellos se estableció la condición de haber estado en mora 90 días antes de marzo del 2020, cuando se declaró la emergencia nacional por covid-19.
“SE SEÑALA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PARÁMETROS MEDIANTE LOS CUALES SE JUSTIFIQUE EL OTORGAMIENTO DE ESE BENEFICIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AFECTACIÓN POR LA EMERGENCIA”. Contraloría General de la República Criterio DFOE-EC-0651 Julio del 2020
Aunque los diputados conocieron los nombres de los beneficiarios del Fonade, no recibieron información de los montos por condonar, ni las condiciones del deudor. Es decir, no saben si se trata de una persona o empresa que esté en mora o al día con los préstamos.
Aguiar indicó que esa información no podía trascender por asuntos de confidencialidad, pese a que la condonación se asume con recursos públicos.
En la lista de los beneficiarios, facilitada a La Nación por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Mario Castillo, se constata que se repiten números de cédula y nombres de deudores.
El director ejecutivo advirtió a los diputados de que la lista no podía ser facilitada a terceros o para fines que no fueran el procedimiento legis- lativo.
La propuesta legislativa, a las puertas de votarse en plenario, fue avalada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios en julio del 2020, con el dictamen afirmativo de los diputados Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Paola Valladares y Aida Montiel, de Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Welmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC); Marolin Azofeifa y Carmen Chan, de Nueva República, y Melvin Núñez de Restauración Nacional.
Dicha iniciativa contó con el aval de las autoridades de Gobierno, como de los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y Agricultura y Ganadería (MAG).
Sin garantía.
Ni los diputados en la propuesta legislativa, ni el director ejecutivo del SBD, garantizaron que los potenciales beneficiarios requieren tal condonación.
Aguiar Bermúdez no precisó si esas personas están o estuvieron en mora previo al planteamiento de la ley, pero se asume porque hay una afectación generalizada, según indicó.
Además reconoció que es posible que estas personas hayan sido condonadas en otras autorizaciones anteriores avaladas por los congresistas.
El director ejecutivo del SBD, como impulsor de la medida, indicó que se trata de una condonación representativa, pero aseguró que la acción tiene un “mensaje claro” en apoyo a los pequeños productores.
En la defensa del proyecto, comparó el beneficio con la amnistía tributaria que dieron los diputados a las personas y empresas durante los primeros meses de pandemia.
En entrevista con La Nación, Aguiar no profundizó sobre los argumentos para dejar el proyecto sin filtros, pero señaló que está en manos de los diputados.
Por su parte, el diputado Castillo indicó que confían en el SBD, porque son quienes aportan los datos.
El legislador Jonathan Prendas, del Partido Nueva República, está impulsando una moción para que los productores tengan que comprobar, mediante documentación, la afectación por la pandemia. Sin embargo, señaló que algunos de sus compañeros se niegan a poner esos filtros.
Parámetros.
Consultada sobre los alcances del plan, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó incluir en la propuesta parámetros para el otorgamiento de la condonación.
En el criterio DFOEEC-0651, de julio del 2020, la CGR señaló “la importancia de contar con parámetros mediante los cuales se justifique el otorgamiento de ese beneficio desde el punto de vista de afectación por la emergencia”.
En ese caso, mencionó métricas como la disminución de producción, ventas e ingresos producto de las restricciones sanitarias, entre otros. Sin embargo, sus observaciones no fueron atendidas por los diputados y, en el dictamen de la comisión legislativa, los legisladores argumentaron que “existe una situación generalizada de dichos productores”, lo que, aunado a la situación actual, hace que “muy probablemente” esas familias entren en situación de pobreza.
Por su parte, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) aunque no objetó el proyecto, recomendó que la condonación debería implicar compromisos paralelos en cuanto al mejoramiento de los esquemas productivos y de negocio de los beneficiarios.