Inversión a ciegas
La nueva versión del proyecto para crear el Gran Parque de Diversiones del Caribe está plagado de omisiones, en especial los estudios de factibilidad.
La Contraloría General de la República respondió a la consulta legislativa sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley de creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe con argumentos que a nadie deben sorprender. La iniciativa está plagada de omisiones, entre ellas, la ausencia de estudios de factibilidad, no solo de las posibles ubicaciones, sino también del emprendimiento como un todo. En suma, le iniciativa pretende una cuantiosa inversión a ciegas, con la sola intuición de sus proponentes como garantía de éxito.
La Contraloría comienza la exposición señalando la necesidad de plantear iniciativas para promover el desarrollo de la vertiente del Atlántico, pero no sin estudios de factibilidad técnica, financiera, económica, de mercado y, en ocasiones, ambientales y sociales, para maximizar el aprovechamiento de los recursos y los beneficios.
En efecto, Limón requiere iniciativas para estimular su crecimiento y, afortunadamente, viene acumulando capital para financiarlas gracias al canon impuesto a la concesionaria APM Terminals. El fondo ya cuenta con unos $25 millones y recibirá $1.000 millones a lo largo de 30 años. Naturalmente, hay impaciencia por ver el resultado de las inversiones; sin embargo, ese no es motivo para asumir riesgos o actuar a la ligera.
Entre las peores justificaciones escuchadas hasta ahora está la del proponente del proyecto, diputado Eduardo Cruickshank, quien citó la creación del Parque Nacional de Diversiones sin estudios previos, en 1975, para defender la falta de esos exámenes en este caso. El razonamiento es incomprensible.
Si el parque josefino fue creado sin analizar su viabilidad, sus fundadores actuaron con temeridad. Si a pesar de eso tuvo éxito, las gracias se deben a la Providencia, pero el caso no puede ser utilizado para eliminar el requerimiento de estudios previos cuando el Estado considera la inversión de fondos públicos. Hay, por otra parte, infinidad de inversiones fallidas precisamente por falta de estudios o por su mala calidad. Dejar la evaluación de la factibilidad para después de aprobada la ley, como sugiere el diputado, es poner los bueyes detrás de la carreta.
El texto sustitutivo intenta anular las críticas contra la asociación encargada, en el proyecto original, de administrar y desarrollar el parque de diversiones del Atlántico. La nueva versión asigna esas tareas a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), creada para desempeñar funciones muy diferentes.
La Contraloría también expresa preocupación por la falta de un análisis del impacto del proyecto en la estructura de Japdeva. La institución lucha por sobrevivir. Solo lo logrará mediante la reducción de la planilla, pero no puede ejecutarla por falta de fondos para indemnizar a los trabajadores. El desfinanciamiento se debe al embargo del dinero disponible en el marco de una demanda planteada por el sindicato.
A pesar del embargo, el plan de salvamento habría avanzado mucho más si la institución no hubiera invertido ¢15.000 millones en la compra de dos grúas pórticas siguiendo el método propuesto por el diputado Cruickshank: sin exhaustivos estudios previos. El dinero estaba destinado a pagar la liquidación de 900 trabajadores para aliviar las obligaciones de la empresa. En cambio, las grúas, tristemente subutilizadas a consecuencia de la inauguración de APM Terminals, producen pérdidas de ¢910 millones al año. Las altas y voluminosas estructuras portuarias deberían servir, cuando menos, como prevención contra las inversiones mal planificadas.
La nueva versión del proyecto de ley para la creación del Gran Parque de Diversiones del Caribe está plagado de omisiones, en especial los estudios de factibilidad
Naturalmente, hay impaciencia por ver el resultado de las inversiones del canon pagado por APM Terminals, pero ese no es motivo para asumir riesgos o actuar a la ligera