‘Él no incurrió en ningún delito y es su derecho ser absuelto’
››Se pidió rechazar reclamo civil y que Procuraduría asuma costas del proceso
El defensor de Johnny Araya Monge, Juan Marco Rivero Sánchez, calificó de “desproporcionada, poco idónea, arbitraria y errónea” la pena de cinco años solicitada por la Fiscalía, en el juicio que se sigue contra su cliente por presunto tráfico de influencias.
Así lo expuso ayer durante sus conclusiones, las cuales finalizó pidiendo la absolutoria por certeza para el actual alcalde de San José.
“Estamos seguros de que don Johnny Araya no ha cometido el delito que se le endilga y es profundamente arbitraria la solicitud que hacen (los representantes del Ministerio Público) (...).
”Nuestra solicitud final es que se declare a don Johnny absuelto de toda pena y responsabilidad en el presente proceso (...) y es su derecho constitucional ser absuelto por grado de certeza”, afirmó.
El litigante también destacó que el jerarca municipal no era funcionario estatal en el momento en el que, según el Ministerio Público, se habría “desvirtuado la información de que Araya Monge figuraba como persona imputada en una causa penal”.
Además del político, se enjuician en este proceso la exfiscala adjunta, Berenice Smith Bonilla, y el exmagistrado y ex subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez.
A los tres se les vincula con un presunto delito de tráfico de influencias antes de los comicios municipales del 2016.
Detalles. Rivero dijo que el registro de llamadas previo al 18 de diciembre del 2015 no tiene ninguna relación con los hechos acusados, ya que fue ese día en el que la periodista Mercedes Agüero Rojas, quien para entonces laboraba para La Nación, llamó a Araya.
Precisamente, el lunes pasado, la Fiscalía presentó una seguidilla de llamadas entre Araya y Gamboa que datan de entre el 1.° de noviembre y 9 de diciembre del 2015.
“No existe posibilidad de conocer contenido de las llamadas, no se puede extraer ni siquiera un indicio claro de todas estas llamadas y su relación con los hechos que se vienen atribuyendo a don Johnny (Araya) y los demás acusados”, acotó Rivero.
Alfonso Ruiz Ugalde, otro de los abogados de Araya, se refirió a la pretensión económica de la Procuraduría General de la República (PGR) de cobrarle ¢12 millones al alcalde.
“Solicitamos de manera respetuosa que se declare sin lugar la demanda civil planteada y que además se condene en costas por la presentación de una demanda que es infundada, que no tiene pruebas, que incumple aspectos formales y técnicos”, citó Ruiz, quien además, destacó que la petición hecha por su cliente para que se aclarara su condición dentro de un expediente del 2012 fue apegada a derecho.