Electrificación del transporte
El país debe prever la posibilidad de exigir la adopción de las nuevas tecnologías
Los primeros autobuses eléctricos, donados por Alemania, ya circulan en San José y Desamparados. Constituyen un asomo del proyecto de electrificación del transporte público impulsado por el gobierno.
El plan piloto durará un año y tiene el objetivo de mostrar las ventajas de los vehículos en las condiciones de nuestro país. Por eso, aparte de la ruta citada, operarán de San José hacia La Unión y, más tarde, de San José hacia Alajuela, y viceversa.
La donación alemana consiste en tres autobuses. Mientras dos de ellos recorren las rutas descritas, el tercero permanecerá como respaldo y será probado en recorridos con diversas características para demostrar su adaptación a todo tipo de situaciones. Los ensayos confirmarán datos conocidos. Los autobuses eléctricos son silenciosos y no contaminan. Su mantenimiento es más barato y también la energía requerida para moverlos. La tecnología de baterías ya avanzó al punto de ofrecer la autonomía necesaria para brindar el servicio público y es cada vez más barata.
La demostración más bien parece dirigida a conquistar el favor de las empresas de transporte público, cuya principal objeción es el precio de los nuevos autobuses. Con el paso del tiempo saldrán más baratos, pero no es fácil vender esa idea cuando el desembolso inicial es alto (hasta $400.000).
Costa Rica ya está a la zaga de muchos otros países. Chile hizo pruebas en el 2016 y en Santiago la flotilla ya ronda las 800 unidades. En Cali, Colombia, el sistema de transporte opera unos 150 autobuses eléctricos y el interés crece en ciudades desde Buenos Aires hasta Panamá. En otras regiones del mundo el avance es mucho mayor.
La contaminación de las ciudades costarricenses, alarmante según las pruebas de calidad del aire ejecutadas por las universidades del país, y nuestra aspiración a mantener el liderazgo ambiental, se conjugan con la riqueza energética nacional para imponer la electrificación del transporte.
Las metas de descarbonización anunciadas durante las últimas administraciones, algunas excesivamente optimistas, encuentran en el sistema de transporte público su principal obstáculo.
Una y otra vez el cumplimiento es pospuesto y poco se progresa, especialmente después del impasse del proyecto del tren eléctrico a causa de las condiciones creadas por la pandemia.
Transcurrido el año de prueba de los autobuses, la necesidad será la misma y también las objeciones de los transportistas. Para superarlas, las propuestas deberán ser atractivas desde el punto de vista económico. Si la inversión inicial es cuantiosa y el retorno se produce con el tiempo, el estímulo idóneo es la prolongación de las concesiones, como propone un proyecto de ley del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), todavía en etapa de redacción.
La norma ampliaría las concesiones de 7 a 15 años cuando la empresa se comprometa a utilizar autobuses eléctricos. El plazo también facilitaría las operaciones de financiamiento. Es importante precisar el cálculo para ofrecer un trato justo, no excesivo. El Ministerio deberá justificar por qué el plazo para equilibrar la operación financiera es de 15 años.
Pero, aparte del incentivo, el país debe prever la posibilidad de exigir la adopción de las nuevas tecnologías. Hecha la oferta más atractiva posible, la decisión no puede quedar a expensas de la conveniencia y voluntad de los concesionarios.
La descarbonización debe cuajar como política pública, y eso no será posible mientras el transporte público siga quemando hidrocarburos.
Si la inversión inicial es cuantiosa y el retorno se produce con el tiempo, el estímulo idóneo es la prolongación de las concesiones, como lo propone el MOPT Aparte del incentivo, el país debe prever la posibilidad de exigir la adopción de las nuevas tecnologías