Aguacero inundó uno de los accesos al nuevo edificio legislativo
El primer aguacero fuerte que recibió el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa en este 2021 ocasionó una inundación en uno de los accesos: la puerta de empleados parlamentarios, en el segundo piso del inmueble, al costado norte del Congreso.
Así lo evidencia un video compartido en los chats de los funcionarios, que se dio a conocer este jueves y que el director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, reconoció como un problema causado por la lluvia.
De igual forma, el Fideicomiso de Asamblea Legislativa/ Banco de Costa Rica (BCR) 2011, que es el dueño del edificio, respondió que ante el evento ocurrido en ese ingreso se produjeron afectaciones en varios sectores del mismo.
Específicamente, el acceso afectado por la inundación es una puerta ubicada en el costado norte de la Asamblea, que está frente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que da acceso al segundo piso.
Allí hay una recepción y un puesto de seguridad para registro de los empleados y los visitantes. Precisamente, por ser un puesto de entrada, hay varias máquinas a las que llegó la inundación.
Para llegar a esa puerta, hay una gran explanada que viene desde el bulevar que está diagonal al Parque Nacional.
El agua de lluvia no fluyó ni hacia los caños ni hacia la calle, sino que ingresó directamente en el edificio parlamentario.
“El Fideicomiso activó inmediatamente los mecanismos de atención necesarios en conjunto con la Unidad Administradora de Mantenimiento, la empresa constructora, los diseñadores e inspectores del edificio, para que se controle la situación prontamente, se determinen las causas y se implementen las soluciones definitivas para evitar que la situación se vuelva a repetir”, informó el BCR en un comunicado.
Consultado sobre el asunto, Ayales enfatizó que la administración no podía hacer nada ante la situación al no ser dueños. “Nosotros somos solo inquilinos”, dijo.
El Fideicomiso apuntó que el edificio legislativo cuenta con “una serie de seguros y garantías, incluyendo una cobertura por vicios ocultos” de hasta diez años y agregó que, en caso de ser necesario, esos seguros y garantías serían ejecutados.
Eso implica que quien tendría que responder es la empresa constructora del imueble.