Aldesa arrastra morosidad de $10 millones con el fisco
Caso generó una avalancha de procesos sin resolver en Juzgado Concursal
Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) adeuda $9,9 millones al Ministerio de Hacienda por tributos sin pagar en los últimos cuatro años.
La morosidad corresponde a 14 de las 44 sociedades que conforman el grupo económico, como se detalla en el dictamen de curaduría, del pasado 3 de marzo y del cual tiene copia La Nación.
El grupo empresarial enfrenta 28 demandas de cobros por impagos en la vía judicial, de los cuales 21 procesos fueron presentados por el Ministerio de Hacienda, entre el 2018 y el 2020.
“En la situación tributaria de las empresas del grupo económico casi todas se encuentran morosas (...) sin embargo, esta institución (Hacienda) se encuentra legalizando créditos en este convenio y, por ende, varios de los procesos de cobro judicial se encuentran suspendidos”, enfatizó la curadora María José Vicente, en su informe.
Aldesa confirmó a este diario que el monto es un acumulado, desde el 2017, que incluye intereses y multas.
La firma detalló que la deuda es parte del convenio preventivo de acreedores y es un pasivo revelado al Juzgado Concursal.
“Del monto, un 40% corresponde a retenciones sobre intereses que fueron declaradas pero no pagadas. El restante es de impuesto sobre la renta”, informó por escrito.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, dijo que serán respetuosos del resultado del proceso en la vía judicial.
“Seguimos dándole el seguimiento adecuado al proceso. Eso es lo que le corresponde a Tributación y a la Dirección General de Hacienda, que es la encargada de llevar los procesos judiciales”, destacó Villegas.
Adicionalmente, ACI tiene cinco sociedades que reporta una morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de ¢290 millones correspondiente a cuotas obrero-patronales.
“Actualmente todas (las deudas) están en estado de cobro administrativo, de acuerdo a lo indicado por la administración (Aldesa) se han realizado acuerdos de pago con dicha institución, sin embargo, a la fecha muchos de estos acuerdos no se han podido cumplir y se mantienen en estatus de cobro administrativo con la posibilidad de que se inicien procesos judiciales”, se detalla en el documento de curaduría.
ACI es un grupo empresarial destinado principalmente al desarrollo inmobiliario. Está conformada por una división privada y otra regulada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión que mantiene operación y administra tres instrumentos.
El más relevante es el Fondo de Desarrollo del Proyecto Monte del Barco, que es una iniciativa turística en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste. En tanto que el puesto de bolsa y Aldesa Fideicomisos están sin operar.
La división privada y no regulada está conformada por más de 30 sociedades.
Precisamente, ese segmento de ACI fue la que enfrentó problemas de liquidez antes del 2018, y obligó a la empresa a acudir al Juzgado Concursal, para evitar la quiebra, plantear un plan de salvamento y pagar sus deudas a más de 600 acreedores.
El 8 marzo del 2019, la empresa solicitó al Juzgado Concursal la intervención judicial. Sin embargo, en abril del año pasado, pidió la conversión del proceso a un convenio preventivo de acreedores como medida para evitar la quiebra de la empresa.
Estado de la deuda. El Dictamen de Curaduría muestra que, a marzo anterior, la deuda de Aldesa Corporación de Inversiones era de $222,4 millones.
La mayoría de los recursos corresponden a emisiones de deudas privadas por un monto de $171,5 millones.
En tanto que los pasivos con proveedores y entidades públicas asciende a $50,9 millones.
Aldesa comunicó que ya consiguió arreglos de pago firmados y ejecutados con acreedores por un valor de $75 millones, desde el año pasado, pero está por llegar a otros acuerdos.
Entre los arreglos de pago están la entrega de la propiedad del proyecto Conde de Montecristo, en Puntarenas.
El terreno de Tierra Verbena, en Alajuelita; el edificio donde operaba la firma, en Curridabat; y el proyecto Terra Industrial Fase I, en Alajuela.
“Terra Industrial Fase I ya fue finiquitado y representó una reducción del pasivo por un monto de casi $5 millones. El resto de los proyectos se mantienen activos en distintas fases de avance y esperamos sirvan para reducir pasivos en otros $25 millones adicionales, con lo cual habríamos superado liquidación de pasivos por más de $100 millones”, recalcó la empresa por escrito.
En el caso del proyecto Monte del Barco, el Dictamen de Curaduría recomendó al Juzgado Concursal dictar medidas de protección contra el remate del 40% de los terrenos privados de la iniciativa.
“De ser rematados conllevaría la imposibilidad real de solventar la crisis por la que atraviesa (Aldesa)”, se detalla en el documento.
En febrero anterior, los bancos Lafise y Bancentro ejecutaron las propiedades depositadas en un fideicomiso de garantía, por el impago de un préstamo por $4,9 millones, más intereses.
ACI insiste en que hay varios procesos sin resolver contra dicha ejecución. Por ejemplo, un recurso de revocatoria, nulidad y apelación en el Juzgado Concursal.
“Los remates del Proyecto Monte del Barco comprometen la capacidad de pago del Fondo a sus acreedores, se mantiene en propiedad del Fondo cerca de 186 hectáreas sin gravamen alguno que incluyen, además las concesiones, terrenos con vistas que tienen un importante potencial de desarrollo”, enfatizó Aldesa a La Nación.
La concesión a la que se refiere la empresa es a la otorgada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
Adicionalmente, ACI enfatizó que aún existen disputas legales sobre dicho remate pendientes de resolución en los Tribunales de Justicia.
“CONTINUAMOS DÁNDOLE EL SEGUIMIENTO ADECUADO AL PROCESO. ESO ES LO QUE LE CORRESPONDE A TRIBUTACIÓN Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA, QUE ES LA ENCARGADA DE LLEVAR LOS PROCESOS JUDICIALES”. Elian Villegas ministro de Hacienda
PASA A LA PÁGINA 20
El caso de Aldesa generó una avalancha de procesos sin resolver en el Juzgado Concursal en tan solo un año de abierto el expediente.
En enero del 2020, este órgano judicial tenía 83 escritos pendientes de diferentes empresas y personas con problemas financieros.
Sin embargo, en el mismo mes del 2021, el Juzgado reportó 714 escritos acumulados sin responder, de los cuales 611 corresponden al expediente de Aldesa, así lo informó Jennifer Isabel Arroyo, coordinadora del Juzgado Concursal, al Consejo Superior, el pasado 11 de marzo.
“La inmensa cantidad de escritos que se aportan en este expediente y la imposibilidad de resolverlos ha generado una especie de bola de nieve en donde la cantidad de escritos pendientes de resolver es cada vez mayor, pues se acumulan los escritos que no se pudieron resolver el mes anterior con los ingresados en el nuevo mes”, enfatizó la funcionaria, según el acta 020-2021 del Consejo Superior.
Arroyo advirtió de que se dirigen a un punto de saturación que afecta funcionamiento de todo el Juzgado.
“El ingreso de gestiones mensuales para el expediente 19-000127-0958-CI (caso Aldesa) es tres veces el circulante normal de ingreso de escritos que posee el Juzgado para todos los demás casos, es decir, solo este expediente ha triplicado la cantidad de trabajo”, destacó la jueza.
Antes de Aldesa, resolver alguna petición de partes involucradas en una proceso concursal tardaba, en promedio, 17 días.
Después de recibido este caso, los días para dar respuesta a alguna oposición, incidente o medida cautelar se elevó a 69 días.
“Preocupa aún más el hecho de que esta situación posee una tendencia al alza, pues el expediente se encuentra en etapas procesales iniciales”, destacó la funcionaria judicial.
A marzo pasado, en el caso Aldesa había 306 personas y empresas apersonadas en el convenio preventivo de acreedores.
Sin embargo, Arroyo describió en su correo que habían peticiones y legalizaciones de otros afectados sin resolver.
“Existen 344 escritos pendientes de resolver en el legajo principal y 267 escritos en el legajo de legalizaciones, para un total de 611 escritos pendientes de resolver solo para este expediente”, recalcó la jueza.
Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) reconoció a La Nación que la presa de trámites tiene un efecto sobre el plan de salvamento presentado por la empresa.
“La fila de legalizaciones dentro del proceso tiene un impacto sobre los tiempos de respuesta del Juzgado a cualquier gestión que tenga que ser resuelta por este y sobre el avance del convenio preventivo”, detalló la compañía por escrito.
La coordinadora del Juzgado Concursal se dirigió al Consejo
Superior con el objetivo de que dicho órgano autorizara una nueva plaza de técnico judicial, para ayudar a tramitar los procesos pendientes.
Sin embargo, el Consejo rechazó la petición por limitaciones presupuestarias, pero trasladó el caso al Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional.
Esta es una dependencia del Poder Judicial conformada por jueces cuyo fin es colaborar en la reducción de expedientes, sin importar la materia.
Caso complejo. Arroyo aceptó que el caso Aldesa es un proceso sumamente complicado, con múltiples partes involucradas y se requiere el análisis de muchísima información.
“Este expediente se caracteriza por su enorme complejidad, el volumen y valor de los activos y además la gran cantidad de partes que se han apersonado y aún se están apersonando al proceso. Se han tramitado oposiciones, incidentes, medidas cautelares, realizado audiencias, entre otras múltiples gestiones”, aseguró la coordinadora del Juzgado Concursal.
La funcionaria destacó que este proceso no es el único de alta complejidad, pues aún están en trámite la quiebra de la Corporación Yanber; así como el convenio de la empresa Casa Blanca.
La jueza no es la única persona involucrada en este caso que reconoce limitaciones.
María José Vicente, curadora en este proceso, enfatizó en su dictamen que se enfrentó a restricciones en su análisis.
“El expediente 19-0001270958-CI, es demasiado grande y es imposible entenderlo y hacer un dictamen únicamente leyendo el expediente”, explicó Vicente en su informe del pasado 3 de marzo.
“LA INMENSA CANTIDAD DE ESCRITOS QUE SE APORTAN EN ESTE EXPEDIENTE Y LA IMPOSIBILIDAD DE RESOLVERLOS HA GENERADO UNA ESPECIE DE BOLA DE NIEVE”. JENNIFER ISABEL ARROYO
Coordinadora Juzgado Concursal