Propiedad intelectual compartida contra la covid‑19
NUEVA YORK– Los gobiernos de Sud‑ áfrica, la India y muchos otros paí‑ ses en desarrollo están pidiendo una libera‑ ción de derechos de propie‑ dad intelectual —incluidas patentes de vacunas— para acelerar la producción mun‑ dial de suministros contra la covid‑19.
Tienen toda la razón. Las propiedades intelectuales relacionadas con la lucha contra la enfermedad del co‑ ronavirus deben liberarse y, de hecho, compartirse activa‑ mente entre científicos, em‑ presas y naciones.
La industria farmacéutica y los gobiernos de varios paí‑ ses productores de vacunas (entre estos Estados Unidos, el Reino Unido y la Comisión Europea) se han opuesto a la liberación de patentes, pero 150 dirigentes públicos y ex‑ pertos enviaron una carta abierta al presidente esta‑ dounidense, Joe Biden, en apoyo de la iniciativa.
Ya no hay duda respecto de quién tiene la razón. En vista del aumento de contagios en varias regiones (el caso más reciente es la India), la apari‑ ción continua de nuevas va‑ riantes letales del virus y la incapacidad de los fabrican‑ tes actuales para satisfacer la demanda global de vacunas, suspender la aplicación de los derechos de propiedad in‑ telectual, o una medida equi‑ valente, ya es una necesidad urgente desde el punto de vista práctico; y también es un imperativo moral.
Como regla general, la propiedad intelectual no de‑ bería ser obstáculo contra aumentos de producción que ayuden a luchar contra la covid‑19 o cualquier otra emergencia de salud pública. Necesitamos que más países produzcan vacunas, kits de diagnóstico y otros materia‑ les necesarios.
Toda demora relacionada con la propiedad intelectual implicaría millones de muer‑ tes adicionales y exponer a toda la población mundial a más mutaciones virales, con posibilidad de que se con‑ tagien personas que ya han sido vacunadas.
Pero aun así nos encontra‑ mos con que las necesidades urgentes del mundo se en‑ frentan a estrechos intereses corporativos de unas pocas empresas farmacéuticas en Estados Unidos y Europa, que incluso están tratando de convertir su oposición a la liberación de patentes en una cuestión geopolítica, con el argumento de que hay que evitar que China y Rusia ad‑ quieran los conocimientos necesarios para producir va‑ cunas basadas en ARNm.
Ese razonamiento es in‑ moral y, de hecho, puede ser homicida. Si esa oposición frena la producción de vacu‑ nas eficaces en China y Ru‑ sia, pondrá en riesgo directo a todas las personas en Esta‑ dos Unidos, Europa y el resto del mundo.
Incluso en las mejores cir‑ cunstancias, la propiedad in‑ telectual implica un equilibrio entre costos y beneficios. Las patentes dan un incentivo a la innovación, pero al precio de conceder veinte años de poder monopólico a sus titulares. De modo que hay que sopesar los beneficios de la innovación contra el costo del poder mo‑ nopólico que limita la oferta.
En una pandemia mortal, la elección está clara: hay que liberar las patentes para au‑ mentar el suministro de pro‑ ductos vitales que permitan poner fin a la pandemia.
El derecho internacional pertinente, codificado en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ya reconoce que a veces es necesario y legíti‑ mo que los gobiernos anulen la propiedad intelectual ape‑ lando a licencias obligatorias para encarar emergencias de salud pública.
Dichas licencias facilitan a empresas locales usar pro‑ piedades intelectuales paten‑ tadas. El derecho a la licencia obligatoria para proteger la sa‑ lud pública se acordó en el 2001 como parte del AADPIC en el caso de la producción para uso local, y en el 2005 se amplió a la producción para exportación a países que carezcan de capaci‑ dad de producción propia.
Brasil, China, la India, Ru‑ sia y Sudáfrica están en capa‑ cidad de aumentar el suminis‑ tro global de vacunas contra la covid‑19, pero no quieren apelar a la licencia obligatoria por temor a represalias del go‑ bierno de los Estados Unidos o de otros países en los que haya titulares de patentes.
La liberación general de patentes vencerá el temor de los países a invocar la licencia obligatoria por separado y re‑ solverá otros grandes obstácu‑ los burocráticos que afectan el uso de esas licencias. También ayuda para crear otras tecno‑ logías además de las vacunas (solventes y reactivos, frascos, kits de diagnóstico, etcétera).
La liberación de patentes se puede diseñar en forma cuida‑ dosa y selectiva. Los titulares deben recibir una compensa‑ ción razonable por el uso exi‑ toso de estas, y la aplicación debería limitarse a la lucha contra la covid‑19, sin exten‑ sión automática a otros usos. Asimismo, la suspensión de patentes debe ser temporal, di‑ gamos, durante cinco años.
La industria farmacéutica sostiene que la suspensión la despojará de ganancias legíti‑ mas y de incentivos financie‑ ros para el desarrollo futuro de medicamentos. Esas afir‑ maciones son muy exageradas y obedecen más a la codicia que a la razón. Las patentes en posesión de Moderna, BioN‑ Tech‑Pfizer y otras empresas no son resultado, ante todo, de innovaciones propias, sino más bien de investigaciones académicas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, en particular, a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).
Las empresas privadas re‑ claman derecho exclusivo a patentes que son resultado, en gran medida, de la financia‑ ción pública y de la investiga‑ ción académica.
Algunos de los avances científicos más relevantes en relación con las vacunas de ARNm son fruto de investiga‑ ciones llevadas a cabo con sub‑ venciones de los NIH en los 90 y principios del siglo XXI por una bioquímica y un inmunó‑ logo de la Universidad de Pen‑ silvania, y sus descubrimien‑ tos fueron posibles gracias a una red de investigadores aca‑ démicos también financiada por los NIH.
La Universidad de Pensilva‑ nia todavía es titular de paten‑ tes clave de las que dio licencia a BioNTech y Moderna. Desde la aparición de la covid‑19, el gobierno de Estados Unidos proveyó, como mínimo, $955 millones a Moderna para ace‑ lerar ensayos clínicos y otros procesos, y suscribió con BioNTech‑Pfizer un contrato de compra anticipada. En to‑ tal, el gobierno estadouniden‑ se aportó más de $10.000 millo‑ nes al desarrollo acelerado de vacunas contra la covid‑19.
Las empresas aportaron inversionistas privados para potenciar la capacidad de fa‑ bricación y sostener las últi‑ mas etapas de investigación y desarrollo y los ensayos clíni‑ cos requeridos para completar la creación de las vacunas. Es una participación de enverga‑ dura para la cual los inversio‑ nistas privados arriesgaron sumas sustanciales, pero tu‑ vieron, al hacerlo, la colabora‑ ción indispensable del gobier‑ no de Estados Unidos.
Los inversionistas privados van a tener grandes ganan‑ cias, así que deberían contener la codicia (o alguien debería contenerla por ellos) y recono‑ cer que en esta etapa es nece‑ sario compartir las patentes con todo el mundo. La capitali‑ zación actual de Moderna ron‑ da los $73.400 millones, cifra enorme en comparación con los $1.100 millones que recau‑ dó la salida a bolsa de la em‑ presa en el 2018.
Los beneficios de las vacu‑ nas de ARNm y otras propie‑ dades intelectuales deben po‑ nerse ya mismo a disposición de todo el mundo, y los cono‑ cimientos prácticos relaciona‑ dos deben compartirse tan rá‑ pido y tan ampliamente como sea posible.
Podemos acelerar la inocu‑ lación en todo el mundo para salvar vidas, prevenir la apari‑ ción de nuevas variantes y po‑ ner fin a la pandemia. La pro‑ piedad intelectual debe estar al servicio del bien mundial, no la humanidad al servicio de los intereses de unas pocas empresas privadas. ▪
JEFFREY SACHS: es profesor distinguido de la universidad de Columbia y director de su Centro de desarrollo sostenible. También es presidente de la Red de soluciones de desarrollo sostenible de las naciones unidas. © Project syndicate 1995–2021
Las empresas privadas reclaman derecho exclusivo a patentes que son resultado, en gran medida, de la financiación pública y de la investigación académica