Repetir los errores o innovar para prevenir la violencia
Dicen que si no se corrige un error, generalmente se comete uno más grande. Precisamente es lo que ha sucedido en el país en lo concerniente a la respuesta al delito y la violencia que se vive desde hace décadas.
Señalaba en mi artículo anterior, «El homicidio de cada día» (28/3/21) que la respuesta se ha centrado tradicionalmente en una reacción eminentemente punitiva. Ejemplo es la reforma legal del aumento de las penas para adultos, hecha en 1994 al Código Penal, la cual elevó el máximo de prisión a 50 años, según rige actualmente.
Lo mismo la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, de 1996, que contempla un extremo mayor de 15 años de internamiento para personas menores de edad.
Tal incremento causa un serio conflicto humanitario en las cárceles, que no se corresponde con un país como Costa Rica, respetuoso de los derechos humanos. El acuciante problema se refleja en la sobrepoblación y el hacinamiento; una población cercana a los 16.000 privados de libertad, a enero del 2020, y un hacinamiento cercano al 30 % en las cárceles. Datos aproximados, en todo caso, ya que el Ministerio de Justicia cuenta con estadísticas oficiales hasta el 2017, muestra del poco interés político en el asunto.
Las respuestas concentradas en enfoques represivos han demostrado ser ineficaces para la solución del problema. En lo fundamental, han apelado al uso de las fuerzas policiales; en otros países de la región, incluso a las fuerzas militares, con el apoyo de un derecho penal cada vez más represivo.
No obstante, las soluciones de este signo no resultan duraderas y producen una falsa sensación de «control» de la situación, la cual es pasajera, por cuanto no incide en el origen del problema, que se encuentra en la base de la violencia y el delito.
El fenómeno con otros
ojos. Pese a que los expertos han demostrado claramente la falta de correlación entre castigos fuertes, penas duras y grandes cantidades de presos con una disminución de la violencia y el delito, el país continúa repitiendo errores, crea más delitos, más condenas y más años para los sentenciados.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, no repetir lo que sabemos que no funciona y, segundo, innovar en las respuestas a estos complejos fenómenos sociales, culturales, familiares y también individuales, especialmente cuando se trata de delitos graves, como homicidios dolosos, feminicidios, violencia intrafamiliar, víctimas colaterales, delitos sexuales, delitos contra la propiedad, asaltos, delitos culposos derivados de la circulación de vehículos automotores, los suicidios y, muy especialmente, la delincuencia juvenil.
Debería llamar seriamente la atención y, sobre todo, intervenirse con carácter de urgencia cuando se trate de delitos juveniles cometidos por menores de edad. La Nación publicó recientemente (2/5/2021) que 8 de cada 10 presos cumplen condenas por homicidio en el Centro de Formación Juvenil Zurquí y que el 40 % de los detenidos en condición de indiciados están acusados de este mismo grave delito contra la vida.
Una innovación frente a este crítico problema de la violencia y el delito que asegure no solo una respuesta integral, sino también duradera, podría iniciarse con la formulación de una ley de prevención integral de la violencia y el delito y la reinserción social.
Resulta oportuna, ante todo urgente y necesaria, una respuesta con rango legal que contribuya a la disminución de los factores de riesgo que degeneran en formas de violencia y consecuente victimización.
Oportunidad. Nos encontramos casi al final de un gobierno y el inicio de uno nuevo. El próximo año tendremos elecciones presidenciales y renovación legislativa; los electores tienen derecho a conocer las propuestas de los candidatos y partidos políticos a este complejo problema nacional.
Por encima de todo, es obligación de cualquiera que aspire a estos puestos públicos pronunciarse sobre sus estrategias y acciones concretas para enfrentar el fenómeno de la violencia y el delito, más aún en vista de la crisis social y económica causada por la pandemia, debido a la cual pobreza, desempleo y desigualdad han alcanzado graves índices.
No debemos olvidar que la violencia y el delito, en general, son resultado de un fenómeno social.
La nueva legislación debe tener como objetivos prioritarios implementar una política pública de prevención y reinserción social, que no se limite a la agenda del gobierno de turno, al contrario, que se mantenga como una política de Estado. Además, su derrotero debe ser fortalecer la inclusión social, a través, principalmente, de la salud y la educación; una población sana, física y mentalmente, así como educada, será siempre menos proclive a la violencia y el delito.
Asimismo, debe tener otros objetivos: garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas, disminuir los factores criminógenos, promover una cultura de paz y legalidad en la que Costa Rica haga valer su tradición democrática.
Tampoco debe escapar a esta legislación una definición de los medios para alcanzar los objetivos antedichos. Es menester una política pública con enfoque integral de género, de juventud y de niñez, que contenga los ejes de la política pública, como la gestión, la comunicación, la evaluación y rendición de cuentas, así como el modelo de gestión nacional, local y comunal.
Acciones concretas. Aunado a ello, deben definirse por ley los programas de prevención y las acciones concretas por adoptar, según criterios territoriales, sociodemográficos o delictuales.
Una nueva legislación ayudaría en este momento, por ejemplo, a la provincia de Puntarenas, que atraviesa una gran crisis de violencia y de delitos, donde urge una intervención pronta y de manera integral.
En esta ley deben ir también programas enfocados en lo social (salud, vivienda, empleo, recreación sana) y lo situacional, en la atención de lugares específicos a través de proyectos de recuperación de espacios públicos, vigilancia natural o electrónica y participación comunitaria.
El involucramiento comunitario es fundamental desde el diagnóstico del problema hasta las propuestas de solución para que la comunidad entienda el problema, decida y participe; que no espere que todo venga «de arriba», sino que sea construida colectivamente en asociación con las autoridades competentes.
Esta nueva legislación deberá regular la institucionalidad a cargo de los programas y la responsabilidad por su definición y ejecución, de tal forma que garantice una coordinación y respuesta integrales. Deberían participar el Poder Ejecutivo con sus ministerios competentes, el Poder Judicial, las municipalidades y la representación de organizaciones privadas, empresarios y organizaciones no gubernamentales.
Otra área fundamental que debe abordar esta nueva legislación es inevitablemente el sistema penal. Los extremos de penalidad deben revisarse y promover las medidas o penas alternativas a la prisión.
Aparte del ámbito normativo, deben ser revisados los institucionales y programáticos. Solo con un análisis de estos podrán plantearse respuestas integrales, diferentes a las tradicionales, para solventar este complejo fenómeno social.
Como no existe magia, ni jurídica ni social para resolver este inextricable problema, la legislación debería fomentar la investigación, especialmente empírica, sobre la violencia, el delito y la reinserción social.
La investigación científica nos dará mejores conocimientos para el diagnóstico, que es condición necesaria para la obtención de más herramientas para la intervención, con el fin de no repetir errores. El resultado serán soluciones idóneas contra la violencia y el delito, así como para rendir cuentas a los ciudadanos, que tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencia.
El país precisa una nueva legislación cuyos objetivos prioritarios sean una política pública de prevención y la reinserción social