Postergar ajuste en IVM socavaría sus reservas en ¢291.000 millones
Superintendenta cuestiona a CCSS por plantear cambios a 36 meses plazo y no a 18 meses
La Superintendencia de Pensiones (Supén) advirtió del efecto negativo en la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) si se ejecuta la reforma propuesta al fondo hasta el 2025.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, recalcó que adoptar las nuevas reglas de jubilación hasta ese año provocaría una pérdida de más de ¢291.604 millones en la reserva del régimen a raíz de gastos adicionales por pago de beneficios.
En tanto que, si se brinda el periodo mínimo de 18 meses, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el efecto para el fondo sería de ¢198.259 millones.
El golpe cuantificado es la repercusión de aplicar un periodo mayor para la eliminación de la pensión anticipada y se calculó con base en el último estudio actuarial hecho al IVM, de julio del 2019.
En ambos escenarios, se da un efecto financiero. Sin embargo, si la Junta Directiva de la CCSS aprueba dar un periodo mayor de transición para incorporar los nuevos parámetros de retiro, el daño para el régimen sería mayor.
“La jurisprudencia de la Sala IV ha indicado el periodo de 18 meses como el periodo mínimo para respetar la expectativa de derecho, por lo que la CCSS iría más allá de lo requerido a nivel normativo nacional e internacional, en momentos en que la solvencia del Fondo es crítica, precisamente por la posposición de decisiones“, explicó Aguilar a La Nación.
Adicionalmente, recalcó Aguilar, a dicho efecto debe añadirse el provocado por la pandemia, que obliga a la institución a tomar mensualmente ¢25.000 millones de las ganancias de las inversiones para pagar los beneficios a los actuales jubilados.
La reforma al IVM plantea eliminar gradualmente el retiro anticipado para que todos los trabajadores se pensionen hasta cumplir los 65 años, con 300 cuotas cotizadas.
Justificación.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, explicó que se planteó un periodo mayor para suprimir el beneficio con el objetivo de evitar una afectación de las personas que están prontas a jubilarse.
“Se propuso la eliminación gradual del retiro anticipado que permita a las personas que están cerca de pensionarse no ser afectadas”, comentó Barrantes.
La Superintendenta recalcó que es urgente hacer la reforma al sistema de pensione, porque, si no, en el futuro los cambios serán más dolorosos.
“Cada mes que se pospone esta decisión le cuesta más de ¢22.000 millones al régimen; posponerla hasta el 2025 para hacer algo, costará mucho más”, advirtió Aguilar.
La jerarca destacó que la medida no va en contra de los trabajadores, sino a favor de ellos, pues es para garantizarles una pensión en el futuro, además de que brindará oxígeno al país, para definir una reforma más profunda al sistema de pensiones costarricense.
Aguilar, desde su entrada a la Superintendencia, abogó por un cambio legal que, en su opinión, es un único régimen de jubilaciones en Costa Rica.
Origen del beneficio.
La pensión anticipada se creó en la década de 1970, pero se hizo sin ningún fundamento técnico.
El gerente de Pensiones recordó que, en la década de 1980, incluso se había aprobado que las personas se pudieran jubilar a los 57 años, pero eso se cambió en la reforma aprobada en 1991 y estableció la actual edad de 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres.
“En este momento, la pensión anticipada representa un importante costo para el sistema, por el hecho de que la esperanza de vida ha aumentado”, reconoció Barrantes.
De hecho, en el último estudio actuarial hecho al régimen, en el 2019, se determinó que suprimir este beneficio tiene el mayor efecto en la sostenibilidad de IVM.
El análisis determinó que su eliminación a partir de ese año implicaba alargar la vida del sistema de pensiones en 16 años, es decir, la reserva se agotaría en el 2053, en vez del 2037, como está previsto.
El sistema se fortalece porque se da una reducción significativa en los gastos en el pago de pensiones, bajo las condiciones actuales, frente a suprimir el beneficio.
“El sistema hay que alinearlo a la realidad que vive el país, principalmente en el tema demográfico”, dijo Barrantes.
En el cronograma de reforma planteado en mayo por la Caja para suprimir la pensión anticipada, se prevé que en el 2021, 2022, 2023 y 2024 se mantengan las actuales reglas vigentes de jubilaciones, es decir, las mujeres podrán adelantar su retiro si tienen 60 años y 450 cuotas, y los hombres si tienen 62 años y 462 cuotas.
Sin embargo, a partir del 2025, cada año la edad de retiro se elevará en un año, es decir, las mujeres deberán tener 61 años y los hombres, 63. Y en el 2026, ellas deberán tener 62, y ellos, 64.
El retiro anticipado desaparece para los varones en el 2027, mientras que para las mujeres será en el 2029, según el cronograma planteado por la CCSS.
La iniciativa de reforma también propone un cambio en la fórmula de cálculo de la cuantía de la pensión, lo cual generaría un reducción en el monto del beneficio de entre el 3% y hasta el 12%, muestran los cálculos de la Gerencia de Pensiones.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica, en el cual cotizan 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado.