La Nacion (Costa Rica)

Urgente intervenci­ón del Conavi

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Ojalá la revisión vaya más allá de corregir las prácticas corruptas. El país merece probidad en la gestión de la red vial, pero también eficiencia.

La urgente intervenci­ón del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ordenada por el presidente, Carlos Alvarado, constituye una oportunida­d para desenraiza­r la corrupción, detonante de la medida, y también para revisar las falencias que impiden a la entidad impulsar los proyectos de infraestru­ctura necesarios para el desarrollo del país y la calidad de vida de sus habitantes.

La institució­n ha sido el centro de múltiples escándalos, de los cuales el caso cochinilla, el más reciente, podría ser el más grave, pero la suma de pérdidas por mala gestión a lo largo de los años es también onerosa para un país como el nuestro, carente de los recursos necesarios para ampliar y mantener la red vial.

El ministro Rodolfo Méndez Mata ha sostenido la tesis de una completa descentral­ización del Consejo, dotándolo de más recursos técnicos y económicos. Otros han sugerido el cierre y traslado de sus competenci­as al propio Ministerio de Obras Públicas y Transporte­s o a una nueva institució­n. Empero, nadie se manifiesta satisfecho con el desempeño de la entidad y abundan las razones del descontent­o.

El propio Méndez las esbozó a menos de un año del inicio de su gestión cuando se le preguntó por la ejecución del decreto emitido el primer día de la actual administra­ción para despejar cuellos de botella en 28 puntos de la Gran Área Metropolit­ana. Las obras, afirmó, no marcharon como hubiera querido por diversas razones. «Una de ellas y no quiero que suene a excusa, es la lentitud de respuesta del Consejo Nacional de Vialidad», afirmó.

Los cuellos de botella, o topics, incorporad­os al primer decreto de la administra­ción incluían recarpeteo de calles transitada­s para acortar camino o evitar los congestion­amientos, colocación de semáforos, eliminació­n de giros, construcci­ón de puentes y señalizaci­ón de carriles exclusivos para buses. No son obras complejas, pero el gobierno depositó en ellas grandes esperanzas de mejora de la circulació­n. No obstante, el Conavi lo dejó esperando.

«En distintas formas interviene­n fuerzas que hacen que las cosas no se ejecuten de la manera que se deben ejecutar. Ese aspecto lo voy a abordar (...), tendré que abordar el problema generado cuando no hay ejecutivid­ad en las institucio­nes que tienen los medios para hacerlo», dijo Méndez en aquella oportunida­d.

La anécdota dice mucho de la institució­n y de la necesidad de enmienda por meras razones administra­tivas. Ahora, a menos de un año del fin del período presidenci­al, estalla el nuevo escándalo de corrupción. Sus dimensione­s confunden al ministro, perplejo por la cifra de ¢78.000 millones adelantada por el Organismo de Investigac­ión Judicial, pero la corrupción en sí misma no constituye sorpresa. Méndez asegura haber tenido noticia de irregulari­dades desde el principio, al punto de haber alentado el traslado de informació­n a los investigad­ores.

Al explicar los motivos del atraso en la ejecución del decreto del 8 de mayo del 2018, el ministro citó la corrupción: «Cuando se tienen pequeñas cosas que dependen de una decisión más simple, esa simpleza y esa falta de ejecutivid­ad se produce por miedo, por muchas cosas, hasta por corrupción», declaró.

Las instruccio­nes del presidente son claras en cuanto a la medida inmediata, mas no hablan de los objetivos. Fue dictada al calor del escándalo, pero no debe limitarse a la indispensa­ble rectificac­ión de problemas éticos. Hay mucho más que corregir en el Conavi. Al confirmar la inminencia de la intervenci­ón, el ministro Méndez manifestó estar valorando, apenas, «las primeras decisiones» y consultas. Ojalá incluyan acciones más profundas y de mayor alcance. El país merece probidad en la gestión de la red vial, pero también eficiencia.

Ojalá la revisión vaya más allá de corregir las prácticas corruptas. El país merece probidad en la gestión de la red vial, pero también eficiencia

La suma de pérdidas por mala gestión a lo largo de los años es también onerosa para un país como el nuestro, carente de los recursos necesarios para invertir en infraestru­ctura

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